El expresidente de la CEA se desvincula de la gestión de las 583 VPO sin concluir
Después de haber suspendido hace unas fechas su declaración, el expresidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) Santiago Herrero ha tenido que vérselas como imputado con la juez que instruye una presunta estafa a las empresas subcontratas encargados de la construcción de 583 VPO en Sevilla Este, aún sin acabar y por los cuales cientos de familias siguen sin poder recuperar los miles de euros que aportaron. Herrero, que ha evitado encontrarse con los vecinos afectados a la entrada de los juzgados y ha entrado por una puerta trasera, ha echado balones fuera sobre su presunta responsabilidad en los impagos a las empresas.
Según han comentado los abogados de las acusaciones particulares a la salida de su declaración, que se ha prolongado durante una hora, Herrero ha señalado en la sala de vistas que desconocía cómo se desarrollaba la gestión de la construcción de las viviendas, promovidas por la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa, vinculada a la CEA y cuya única actividad ha sido la construcción de dicha promoción de pisos. Según los letrados, Herrero ha señalado que la gestión la desarrolló en todo momento su antecesor en el cargo, Rafael Álvarez Colunga, fallecido en 2008.
Varios contratistas se han unido progresivamente a la denuncia presentada contra Herrero y otros dirigentes de la CES por delito continuado de estafa que investiga el Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, por unos impagos que ascenderían a unos 600.000 euros. El fondo del asunto, más allá de las denuncias particulares, estaba siendo investigado por la Fiscalía de Sevilla por un presunto desvío de entre 12 y 14 millones de euros del que informó la Sareb a finales del pasado noviembre y que finalmente fue archivado.
Herrero, paradójicamente según las acusaciones, sí habría dado a la jueza información sobre las obras exclusivamente a preguntas de su abogado, pero ha comentado que desconocía las reclamaciones y los daños y perjuicios que habrían estado ocasionando los impagos a las empresas, al margen de los producidos a las familias que esperaban, y siguen esperando, la finalización de unas obras que debían estar concluidas en 2010 y cuya gestión económica tiene en su poder la Sareb desde diciembre de 2012.
El secretario general de la CEA y presidente de la fundación, Antonio Carrillo, ya declaró por esta causa en marzo, cuando indicó que no entendía “cómo no se habían terminado las obras”, achacando los problemas a “retrasos en la urbanización en la Gerencia de Urbanismo, a la gestión de la hipoteca por Caja Madrid y al concurso de acreedores de Dolmen”.
Por otra puerta
Herrero, que abandonó su cargo en la CEA el pasado enero, ha evitado encontrarse en la puerta de entrada de los juzgados con las famlias afectadas que querían mostrarle su queja por la inconclusión de las obras al haber accedido por otra entrada. Varios medios gráficos han esperado sin suerte la llegada de Herrero a los juzgados, prevista para las 9.30h. El expresidente de la CEA no ha querido hacer declaraciones a la prensa ni antes ni después de su comparecencia judicial ni ha querido contestar a la pregunta de por dónde había accedido. “Ni siquiera les voy a responder a eso”, ha comentado. Sí que ha salido por la puerta principal, donde no se han repetido los incidentes que se produjeron con Carrillo, que fue zarandeado a la entrada por los manifestantes, necesitando protección policial a su salida.
Según ha indicado uno de los abogados que representa a las subcontratas, consta en las actuaciones un aval “informal” firmado por Santiago Herrero en el que “respaldaría” la construcción de las obras para la concesión de un préstamo de 40 millones de euros. En la investigación se está a la espera de practicar más pruebas y más testificales que puedan aclarar la responsabilidad de los dirigentes de la fundación y de la CEA.
Los dirigentes, así como los representantes de las empresas que participaron en la construcción de las inacabadas viviendas, entre ellas Dolmen Consulting, están imputados por los impagos por los trabajos realizados por los proveedores en la construcción de los pisos. Los denunciantes fueron los responsables de ofrecer el servicio de suministro de climatización, albañilería, revestimientos o instalaciones de la promocion de vivienda conocida como 'Isbylia', en la capital hispalense.
En septiembre aún está por jugarse en el caso de la promoción inacabada otro partido judicial, en concreto en el orden de Primera Instancia, que tiene fijado para el 22 de septiembre la vista previa de la demanda por daños y perjuicios promovida por los vecinos adjudicatarios de las casi 600 viviendas. Los afectados, que le reclaman 1,1 millones de euros por los daños y perjuicios derivados del retraso en la entrega de las viviendas, estuvieron pernoctando en la calle varias semanas para denunciar una situación que, finalmente, está teniendo consecuencias judiciales para los dirigentes de la patronal andaluz en diversas vertientes.
