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FAMP: Asociación de Utilidad Política

La presidenta de la FAMP, Ángeles Muñoz, en una rueda de prensa esta semana.

Olga Granado

Tres meses desde de la dimisión de Francisco Toscano como presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y más de un año después de que se suspendiera su asamblea, este organismo, declarado Asociación de Utilidad Pública, sigue sin elegir sus órganos de gobierno. La batalla entre el PSOE y el PP por su control -y también dentro de los propios partidos- parece haberse disipado algo con la distancia de los comicios.

El interés por su control está motivado porque es la voz del municipalismo, de forma que puede ser un molesto instrumento para cargar contra el gobierno de turno. La bronca política ha minado la credibilidad de la misma y se ha echado tierra sobre el trabajo de muchos años. Lo han hecho incluso los propios políticos poniendo en duda su eficacia cuando no les ha convenido cómo podía quedar el mapa de poder en la misma.

Entretanto, el ciudadano por ejemplo se pregunta ¿para qué sirve la FAMP? La respuesta puede estar en la memoria de gestión de los últimos cinco años (2007-2012) que pretende presentarse en la próxima asamblea -cuando tenga lugar- y que recoge cuestiones como que ha atendido más de 63.000 solicitudes de cursos online y presenciales en todas las provincias para empleados municipales; ha facilitado a los consistorios herramientas, por ejemplo en materia de turismo, para que desarrollen sus potencialidades; ha elaborado ordenanzas tipo que han servido para que ahorren tiempo y dinero en su redacción; y sobre todo ha influido en las últimas leyes de determinan la autonomía local. Pese a que sus informes no son vinculantes “ha sido clave su papel en el desarrollo de la Ley 5/2010 de 11 de junio, Ley de Autonomía Local (LAULA), y la Ley 6/2010 del 11 de junio, que regula la participación de las entidades locales en los impuestos de la comunidad autónoma”, según expone Antonio Nieto, secretario general de la FAMP y gran conocedor del municipalismo como decano del cargo en toda España.

Otra cuestión que conviene saber, porque también despierta recelos, es que los cargos políticos de la FAMP no cobran por ello ni tampoco dietas por asistir a sus reuniones. Se financia con fondos públicos, algo que en realidad ocurre en la mayoría de las asociaciones, que dependen de subvenciones para su supervivencia. Cada miembro paga una cuota de 0,058 euros por habitante, y además recibe recursos de otras administraciones por la gestión de programas.

Con 765 ayuntamientos adheridos -prácticamente todos los de Andalucía- además de las ocho diputaciones y un buen número de mancomunidades, la FAMP manejó en 2012 un presupuesto de 2,4 millones de euros. Para 2013 todavía no está aprobado, pero fuentes de la FAMP aseguran que el borrador “prevé una reducción en torno al 20%”. Ya bajó el año pasado con respecto a 2011, año en el que tuvo un presupuesto de 3,3 millones de euros. Política de austeridad, como la que ha hecho que su plantilla -no los políticos- haya pasado de 32 trabajadores en 2012 a 23 actualmente (la mayoría mileuristas).

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz (PP), que ocupa el cargo de presidenta tras la espantada de Francisco Toscano (PSOE), asegura que “lo importante es que haya un acuerdo que permita la participación de todos en el futuro de la FAMP, ya que si no, difícilmente la entidad podrá tener continuidad”. Subraya también que “sería deseable que el escenario del Pacto por Andalucía permita un desbloqueo de la federación, que por cierto, lleva así más de año y medio, y yo sólo soy presidenta desde hace dos meses”.

Es partidaria de retomar una idea, “que aprobaron por unanimidad los alcaldes de todos los partidos representados en la FAMP, que proponía una presidencia alternante del PSOE y el PP, y que frenaron los socialistas” (no todos, porque su antecesor la defendía, y abrió así otro frente dentro de su propio partido que aceleró su salida).

Y es que el alcalde de Dos Hermanas, el mayor feudo municipal que le queda al PSOE en Andalucía, se marchó cuando los suyos lo querían quitar, y cuando el PP ya había comenzado a reivindicar la presidencia de la FAMP basándose en los resultados de las elecciones municipales de 2011 (gobierna en las ocho capitales de provincia y 260 municipios, con lo que controla el 65% de la población). Pero los socialistas no están dispuestos a soltar tan fácilmente la presa y pretenden -basándose en los estatutos- plantar cara reforzando su mayoría a través de las mancomunidades, que también tienen derecho a voto y que controlan ellos.

Desde su creación, en 1985 y siempre con presidentes del PSOE, nunca ha sido necesario votar para la elección de presidente, dado que había habido consenso, algo que está muy lejos de la realidad actual. De hecho, sigue sin fecha la asamblea prevista hace más de un año en San Juan de Aznalfarache y que fue suspendida por falta de acuerdo entre los partidos sobre quiénes debían ocupar los cargos directivos y sobre cómo debía desarrollarse la misma. Pese a que la web de la FAMP la sigue anunciando para el 26 de noviembre de 2011.

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