Podemos-IU denuncia la legalización de un negocio hostelero en la Vega de Granada por parte del Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Granada ha aprobado un proyecto de actuación que otorga legalidad a un negocio hostelero, ubicado en plena Vega, cuya explotación comercial no cumple con los requisitos que se exigen para el suelo en el que está ubicado, según denuncia Podemos-IU. El proyecto, que ha salido adelante gracias al apoyo de PP, Ciudadanos, Vox y la abstención del PSOE, se ha encontrado con la negativa cerrada de la coalición de izquierdas. Uno de sus tres concejales, Francisco Puentedura, sostiene que con la aprobación se pone en peligro la viabilidad de la Vega.

El citado negocio hostelero se conoce como Cortijo de Enmedio y se ubica en la carretera de La Zubia, pero en el término municipal de Granada. En pleno corazón del campo metropolitano granadino, se trata de un cortijo de más de cien años de historia que en los últimos tiempos ha cambiado de su uso original como lugar agrícola a convertirse en un recinto destinado para eventos multitudinarios. De hecho, el proyecto de actuación aprobado por el Ayuntamiento contempla un aforo máximo de 2.000 personas y reserva 5.000 metros cuadrados para aparcamiento de vehículos, explican desde la coalición.

Recuperar “el orden urbanístico perturbado”

Pero más allá de los números que cuestionan la legitimidad de un negocio de ese calibre en plena Vega de Granada, Francisco Puentedura pone de relieve que “existe un decreto firmado en 2018 por el anterior Gobierno municipal en el que se pedía a los propietarios del cortijo que derribasen las construcciones ilegales que había dentro”. El documento, al que ha tenido acceso este medio, detalla todo aquello que debía ser demolido para que se cumpliese con el “orden urbanístico perturbado”, según el decreto que firmó el edil de Urbanismo de entonces, Miguel Ángel Fernández Madrid (PSOE) y que aún sigue vigente, tal y como confirman fuentes socialistas.

Sin embargo, según la versión de Puentedura, “los propietarios del cortijo no han derribado lo que se les pedía, y ahora, además, se le quiere dar apariencia de legalidad”. Un hecho relevante porque en el documento remitido por el Ayuntamiento en 2018 se pone de manifiesto que el negocio hostelero llevaba desde 2016 funcionando pese a que no constaba en el Registro Municipal que tuviese licencia urbanística.

Uso del suelo

Además de carecer de licencia urbanística, el negocio tampoco cumplía con ningún proyecto de actuación. Una figura jurídica que se utiliza cuando un suelo no urbanizable pasa a tener algún tipo de actividad complementaria a la explotación agraria. Es decir, en el caso de este cortijo, los propietarios pueden utilizarlo como negocio hostelero siempre y cuando lleven a cabo una actuación complementaria que permita seguir haciendo un uso responsable del suelo agrícola. Eso sucede, por ejemplo, en el caso de los merenderos donde los propietarios comercian con los productos extraídos directamente de la parcela.

“Se pretende cambiar el uso de un suelo destinado para merendero por otro pensado para grandes eventos que encima utilizan servicio de catering, y ni siquiera tienen su propia cocina”, denuncia Puentedura. Tampoco se respeta el uso del suelo, de acuerdo con la protesta del concejal, porque el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) no sólo indica que los establecimientos hosteleros pueden ubicarse en estos suelos cuando se nutran de la Vega, sino que no pueden superar el 20% de la parcela y el 80% debe estar cedido a uso agrario.

En ese sentido, según los datos del propio Ayuntamiento, la parcela tiene una extensión de aproximadamente 50.000 metros cuadrados, de los cuales más de 10.000 se destinan al uso comercial del cortijo. Es decir, más del 20% que permite el PGOU. De hecho, “se ha permitido la instalación de un aparcamiento de grava de 5.000 metros cuadrados”, recuerda Puentedura.

Cobertura legal

El concejal de Urbanismo, Luis González (PP), defiende que lo que está sucediendo en este caso se ajusta a la legalidad. Que es un procedimiento normal dentro del área, puesto que se trata de una cuestión de Planeamiento, pese a que el negocio ya lleve años ocupando la finca. “Nuestra ordenanza permite una edificación catalogada como ocio y recreo”, apunta González que defiende que “este acuerdo no implica que se vayan a anular sanciones”.

“Una vez se aprueba el plan de actuación se va a actuar con la máxima contundencia exigiendo la reparación de todas las ilegalidades que pudieran ser observadas”, asegura. Al tiempo que manda un mensaje al edil de Podemos-IU: “Ni se está haciendo la destrucción de la Vega apocalíptica que se dice, ni se está transformando en una sala de fiestas generalizada”. Según el concejal de Urbanismo, lo único que se está haciendo “es dar cobertura legal a la parcela”. Después, según sus palabras, ya habrá tiempo para otras cuestiones.