La Guardia Civil concluye el registro de la sede central de UGT-A tras más de 10 horas
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha concluido pasadas las 20.30 del jueves, tras más de 10 horas, el registro de la sede central del sindicato UGT-A por orden de la juez Mercedes Alaya en el marco de la investigación sobre el uso de fondos de formación. No se han efectuado detenciones en el seno de esta operación, denominada Cirene y desarrollada en las oficinas del sindicato en la calle Antonio Salado de la capital hispalense, que permaneció acordonada y cortada.
Los agentes han estado solicitando y recogiendo documentación en papel y soporte digital sobre la contabilidad y las facturas del sindicato referentes a los fondos de formación, copiando archivos y documentos hasta llenar dos furgonetas con cajas con material. Pese a que el registro se ha dado por finalizado, los agentes de la UCO están efectuando una copia de seguridad del servidor del sindicato, que prevén que finalice este viernes y que se efectuará a lo largo de la noche del jueves con la custodia de los propios guardias civiles “para no perjudicar a terceros”.
En el marco de esta operación también se han registrado varias empresas relacionadas con los cursos de formación de UGT-A, ubicadas ambas en la capital hispalense, en concreto en el número 7 de la avenida Menéndez Pelayo y en el 9 de la avenida de San Francisco Javier. Se trata de las sedes sociales de las empresas Soralpe y Proyectos Inmobiliarios Novasur y Geosur Arquitectura y Urbanismo. Estos registros concluyeron un par de horas antes que el de la sede central de UGT-A. La operación la está llevando a cabo la UCO y 32 agentes de la Agrupación de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil, además de 20 del Grupo de Delitos Económicos del instituto armado.
Igualmente, la Guardia Civil ha registrado el despacho de abogados del exalcalde de Sevilla Manuel del Valle (PSOE-A) porque éste, como letrado, asesoró al sindicato en dos concursos públicos de construcción de viviendas de protección oficial en Sevilla y en Jerez de la Frontera (Cádiz), según ha informado la agencia Europa Press.
Mercedes Alaya asumió a principios de octubre la causa sobre las presuntas facturas falsas del sindicato UGT-A dada su conexión con ciertos aspectos de la investigación del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía. La causa partió de una denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias donde ponía en conocimiento de la justicia que UGT-A falseó supuestamente facturas para pagar pancartas y publicidad para la huelga general de 29 de septiembre de 2010 con fondos públicos concedidos para la formación de desempleados.
La tarde del jueves, el secretario de Organización de UGT-A y actual máximo responsable del sindicato, Manuel Ferrer, aseguraba que la central afronta “con tranquilidad” el registro, tras lo que ha dejado claro que “no se ha encontrado ningún compañero, ni actual ni anterior, que haya cometido ningún fraude ni se ha enriquecido”. Ha colocado dicho registro “dentro de la normalidad judicial”.
