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Condenada a cuatro años y medio de cárcel por prevaricación la exgerente de un consorcio andaluz de formación

Archivo - Primera sesión del juicio por la gestión del consorcio Formades

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La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, que el pasado invierno celebraba un juicio por presuntos delitos continuados de prevaricación y malversación en la gestión del Consorcio Centro Andaluz de Formación Medioambiental para el Desarrollo Sostenible (Formades), ubicado en Almonte (Huelva), ha condenado a cuatro años y medio de cárcel a su exgerente Ana María Orihuela; a dos años de cárcel al hijo de la misma, Manuel Ramírez Orihuela; y también a su sobrino, Cristóbal Ojeda Orihuela; y a dos años y medio al también acusado Juan Francisco Millán, veterinario y docente en dicho centro.

Así figura en una sentencia emitida este pasado 7 de junio por la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, difundida por la Oficina de Comunicación del TSJA, que precisa que la exgerente de Formades, en concreto, resulta declarada autora de un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito de malversación de caudales públicos, con lo que se le condena a cuatro años y medio de cárcel y ocho años y medio de inhabilitación especial. También se le condena a que indemnice a la Junta de Andalucía con 40.078,16 euros y solidariamente respecto de la cuantía defraudada cometida por cada uno de los acusados, que alcanza la cifra global de 899.623,94 euros.

Su hijo es declarado cooperador necesario de un delito continuado de malversación de caudales públicos, siendo condenado a dos años de cárcel, cuatro años de inhabilitación especial y a indemnizar a la Junta con 452.895,82 euros; mientras su sobrino resulta condenado a las mismas penas de cárcel e inhabilitación, con la misma tipificación, pero con una indemnización de 38.495,94 euros para la Junta.

Juan Francisco Millán Lozano, veterinario y docente en la entidad y también acusado, resulta declarado cooperador necesario de un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de malversación de caudales públicos, siendo condenado a dos años y medio de cárcel, cuatro años y medio de inhabilitación especial y una indemnización de 408.232,18 euros en favor de la Junta.

Contrataciones “irregulares”

La sentencia declara probado que la exgerente de Formades promovió la contratación “irregular” del resto de acusados “con el objeto de proporcionarles un beneficio económico ilícito”.

En este sentido, indica que la acusada, “no sólo obvió las normas de contratación, sino que adjudicó contratos sin licitación previa; aceptó que familiares y conocidos presentaran facturas que en modo alguno cumplen con la legislación vigente, de tal manera que ni describen la realidad del servicio ni puede saberse si este se hizo y de qué manera; y fraccionó contratos de manera que no superaran los límites de 12.000 euros para la prestación de servicios”.

“Por decisión propia de la gerente”, se contrataron servicios con su propio hijo, Manuel Ramírez Orihuela, quien fue contratado “directamente” para la realización de labores de mantenimiento y que, en total, recibió 70 transferencias desde el día 24 de junio de 2008 hasta el día 22 de noviembre de 2011 por importe de 452.895,82 euros, las cuales “respondían a la facturación que como persona física el acusado emitía contra el Consorcio por tareas diversas, tareas que en parte no pueden concretarse ni acreditarse”.

Ello, cuando no pesa “constancia ni en qué centro del Consorcio ejerció el acusado estas labores ni siquiera si las realizó en su integridad”, según la Sección Tercera de la Audiencia.

“Sin licitación”

La Sección Tercera de la Audiencia declara además probado que el sobrino de la acusada, Cristóbal Ojeda Orihuela, fue contratado como vigilante de seguridad “sin licitación ni contrato ni ofertas de distintos proveedores, sin que consten determinadas sus funciones y justificación de los importes recibidos”, de manera que la ex directora gerente de Formades “adjudicó la prestación de los servicios de guardia nocturno con el objeto de proporcionarle un beneficio económico excesivo, desproporcionado e injustificado”, y todo ello “en connivencia” con su sobrino, que recibió 21 transferencias desde el 21 de abril de 2010 hasta el día 2 de noviembre de 2011 por un importe total de 38.495,94 euros.

En cuanto al acusado Juan Francisco Millán, la Audiencia señala que, de común acuerdo con la gerente del consorcio, “pactó la prestación de los servicios veterinarios fraccionando estos, evitando así llegar al límite de la ley de contratos públicos”, recibiendo un total de 136 transferencias desde el 15 de noviembre de 2007 hasta el 30 de mayo de 2012 por un importe total de 408.232,18 euros.

“Salidas de fondos irregulares”

La Audiencia señala además “otras salidas de fondos irregulares” y considera probado que la acusada, “en uso de sus atribuciones, ordenó pagos y servicios de naturaleza muy variada en modo alguno relacionados con los fines del Consorcio”, de modo que ordenó que una partida de 40.078,16 euros se incluyera en el concepto de “difusión y publicidad”.

Respecto a la distribución de esta partida, la Audiencia relata que la condenada fue nombrada en 2009 para encarnar al Rey Melchor por el Ayuntamiento de Almonte, de forma que, “como quiera que con ocasión de tales festejos y su participación en los mismos debía aportar capital para compra de regalos, caramelos y otros, realizó regalos y pagos vinculados a su participación en estas fiestas con fondos del Consorcio”, realizando así un gasto de compra de regalos y caramelos para la Cabalgata de Reyes por importe de 6.555,15 euros, mientras que “pagó con fondos del Consorcio un 'desayuno de la Cabalgata de Reyes' que costó 600 euros, que se trató de justificar ante la Junta como 'atenciones protocolarias'”.

Igualmente, se declara probado que destinó 9.038,62 euros de

esta partida a “todo tipo de comidas” e incluyó 14 facturas en concepto de publicidad y difusión “que no guardan relación alguna con la actividad formativa, tales como 12 equipaciones de fútbol sala con publicidad de Formades por importe de 573,50 euros y otra por importe de 6.555,15 euros en concepto de golosinas y juguetes”.

La Audiencia concluye así que la totalidad del déficit de justificación de las subvenciones concedidas a Formades asciende a 1.320.850 euros, considerando que “la irregularidad en la contratación de los servicios con los acusados tenía como objetivo el proporcionarles un beneficio económico con la consiguiente desviación del dinero procedente de las subvenciones”.

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