¿Y qué pasa con Matalascañas? Bruselas presiona para acelerar el cierre de los pozos que beben del acuífero de Doñana

La famosa ley de PP y Vox diseñada para indultar regadíos en el entorno de Doñana, frenada in extremis cuando iba a culminar su tramitación parlamentaria gracias a un acuerdo con el Gobierno central, es la que se ha llevado todos los focos en relación con el parque nacional, pero hay otras cuestiones a las que las autoridades europeas no le quitan el ojo con vistas a la recuperación de un acuífero en tan malas condiciones que propició en 2021 una condena del Tribunal de Justicia Europeo. Y una de ellas es Matalascañas, la gran urbanización turística dependiente de Almonte que también bebe de estas aguas subterráneas y por la que, recientemente, se ha vuelto a interesar de manera directa la Comisión Europea.

Así lo señala el secretario de Estado de Medio Ambiente del Gobierno central, Hugo Morán, que en declaraciones a este periódico afirma que la cuestión se puso de nuevo sobre la mesa en un encuentro que mantuvo en septiembre con la directora general de Medio Ambiente europea, Florika Fink-Hooijer, la remitente de las últimas cartas conminatorias a España por el estado de Doñana. La reunión era para una puesta al día a Bruselas de cómo está la cuestión de Doñana, y en ella quedó de manifiesto que “en estos momentos la Comisión donde más interés pone es en ver la velocidad a la que vamos con la aportación de agua alternativa a Matalascañas”, un asentamiento que eleva su población hasta las 300.000 personas en verano.

Europa ha mandatado a España –y si no lo hace empezarán a caer sanciones– que mejore el estado del acuífero, el corazón que bombea vida a Doñana y que tiene declaradas en mal estado tres de las cinco masas de agua en las que se divide. Esto es fruto de un cóctel en el que se suman factores como la sequía y el aumento de temperaturas (puntas de lanza del cambio climático) y el pirateo de recursos para riegos sin permiso, pero también las propias extracciones legales. En esta situación están la mayoría de agricultores de la zona y también Matalascañas, y en ambos casos la receta es la misma: sustituir el uso de aguas subterráneas por otras que lleguen en superficie.

Traslado de pozos y trasvase

En el caso de la urbanización costera, el núcleo urbano más cercano al parque Nacional, la solución pasa por trasladar los pozos a un punto menos sensible para el acuífero y, sobre todo, por un trasvase que traiga agua desde la demarcación del Tinto, Odiel y Piedras, un calco a menor escala –aunque son proyectos independientes– de la fórmula ideada para los regadíos legales en la corona norte. Ambas iniciativas están en marcha, pero Europa mete prisas.

Morán reconoce que la operación a acometer en Matalascañas “es importante”, aunque recuerda que el traslado de los pozos “en todo caso nunca se planteó como una solución definitiva, es algo coyuntural sencillamente para no impactar tan directamente en el acuífero”. “Cuando tengamos el trasvase concluido, y estamos avanzando a toda velocidad con el proyecto en un tiempo razonable, creo que tendríamos resuelto el problema de Matalascañas con carácter definitivo”, algo para lo que todavía no hay fechas concretas. “Vamos a intentar tener un calendario razonable”, que se conocerá con precisión cuando el proyecto esté “exactamente secuenciado” pero que, en todo caso, tiene 2027 (cuando termina el actual periodo de planificación hidráulica) como “el horizonte que nos marcamos”.

El agua de este trasvase vendrá de la nueva depuradora de Palos de la Frontera, todavía en obras. Para ello se tenderá una conducción de 25 kilómetros de longitud que discurrirá paralela a la carretera que conecta Mazagón (otro núcleo de población costero, entre los términos de Palos y Moguer) con Matalascañas. La solución, según el Ministerio de Transición Ecológica es “técnicamente sencilla” y tiene un presupuesto estimado de 10 millones de euros. Una vez llegue el agua en superficie se cegarán los pozos, aunque algunos permanecerán como instalación ocasional para su utilización en situaciones de emergencia.

En la actualidad, este núcleo urbano se abastece con cinco pozos (inicialmente eran 10) con profundidades de entre 152 y 182 metros que tienen una concesión máxima autorizada de 2,75 hectómetros cúbicos al año, de los que se consumen unos 2,2 y que están ligeramente por debajo de los tres hectómetros que llegarán con el trasvase. Para ponerlo en perspectiva, las aproximadamente 750 hectáreas que en teoría podrían beneficiarse de la futura ley de PP y Vox ahora en suspenso (el texto de la proposición no aporta ninguna cifra) necesitarían 3,5 hectómetros de agua para sus regadíos.

La cuestión de la depuradora

Paradójicamente, Matalascañas está también en el epicentro de otra sanción impuesta por Europa, en este caso por la mala depuración de sus aguas residuales, y que obliga a España a pagar multas anuales desde 2018 por no hacer los deberes en los enclaves urbanos con más de 15.000 habitantes. Tras un proceloso camino burocrático salpicado de retrasos, la depuradora de Matalascañas será la última que entre en servicio, lo que no está previsto al menos hasta 2026.

El secretario de Estado defiende los pasos que se están dando en este enclave costero, una información que “el Gobierno de España está periódicamente trasladando tanto a la Comisión Europea como a la Unesco” para que tomen nota de “los avances que se van produciendo”. En este sentido, subraya que incluso el último informe de la Unesco, en el que vuelve a amagar con retirarle a Doñana su condición de Patrimonio de la Humanidad, “se inicia congratulándose” por los pasos adelante que se están dando, que en todo caso considera todavía insuficientes. La reciente tregua entre los gobiernos central y autonómico también camina en esa buena senda.

Un verano sin restricciones de agua

Y en este contexto, en un verano en el que por segundo año consecutivo se ha secado la gran laguna de Santa Olalla, ¿cómo valora el Gobierno central que no se hayan adoptado medidas más contundentes de reducción del consumo de agua en Matalascañas por la sequía? De hecho, desde la Estación Biológica de Doñana se lamenta que no se han puesto restricciones para regar o llenar piscinas, y a lo más que se ha llegado es a que, tal y como apunta el Ayuntamiento de Almonte, se han cerrado algunas de las duchas en primera línea de playa. Morán admite que esto traslada a la ciudadanía un mensaje “bastante equívoco”, porque se pide un esfuerzo a la población que no parece tener un equivalente en la administración de turno.

“Al final el ciudadano acaba pensando que se le está pidiendo una exageración, que no será tanto el problema cuando el Ayuntamiento no toma decisiones más drásticas, y ese es un problema”, reconoce. Lo que no quita para la necesidad de una reflexión sobre el comportamiento tan distinto “cuando estamos en nuestra casa y cuando ejercemos como turistas, cómo multiplicamos nuestros consumos de agua cuando estamos fuera”, un contexto en el que “es muy importante que los ayuntamientos tomen conciencia de esto”.