La Guardia Civil se lleva del Ayuntamiento de Almonte expedientes sobre el 'parking' de El Rocío y la zona azul de Matalascañas

La Guardia Civil procedió este martes por mandato judicial a la retirada de documentación del Ayuntamiento de Almonte relacionados con expedientes sobre el contrato de la zona azul de Matalascañas y de la concesión del aparcamiento municipal de la aldea de El Rocío.

Agentes de la benemérita se presentaron durante mediodía de este martes en el Ayuntamiento almonteño para retirar documentación que un juzgado de La Palma del Condado había solicitado y “no se había entregado”, tal y como ha adelantado ABC y confirmada por Europa Press.

Asimismo, fuentes del TSJA han confirmado que la petición de la documentación está relacionada las diligencias previas abiertas por la plaza 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de La Palma del Condado que investiga la adjudicación del contrato de la Zona ORA de Matalascañas y el contrato municipal para explotar los aparcamientos municipales de pago en la aldea de El Rocío durante diez años.

Además, han señalado que la investigación comenzó en 2025, pero “no existe nadie investigado”, ya que está en una fase “muy temprana” de la misma, además, han indicado que el Ayuntamiento de Almonte se ha personado en la causa.

Rechazo a la zona azul

El Ayuntamiento de Almonte, gobernado por Ilusiona, anunció en 2025 la concesión del servicio de gestión de zona regulada de aparcamientos (Zona ORA), en el núcleo urbano de Matalascañas, que fue adjudicado por valor de 47 millones y con una duración del contrato en 30 años a la empresa Dornier.

El acuerdo contempla, además un canon anticipado de 2,1 millones de euros que Dornier abonó al consistorio -el equivalente a 70.000 euros anuales por tres décadas pagados de golpe- y una inversión directa de seis millones en obras de asfaltado y señalización de la urbanización. Una operación que ha generado muchas críticas tanto en los partidos de la oposición (PSOE, Vox, Mesa de Convergencia y concejales no adscritos) como en la Asociación de Propietarios de Matalascañas.

Esta última siempre ha cuestionado “la legalidad” de la adjudicación, ya que “carece a día de hoy de cobertura de cualquier tipo: Ni existe el decreto, ni se han aprobado por el Pleno las ordenanzas obligatorias”. Además, ha llevado el caso a la Fiscalía de Huelva y la Junta de Huelva, de hecho, han asegurado que el pasado 27 de mayo recibieron comunicación oficial de la Delegación de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía en Huelva, en el que se señala que “dicho decreto era ilegal por haber sido dictado por el alcalde en lugar de por el Pleno del Ayuntamiento”, por lo que se “tumba” la zona ORA.

Sin la ordenanza correspondiente

No obstante, esta adjudicación, tal y como han alertado la oposición y vecinos, se ha realizado sin la aprobación de la ordenanza correspondiente, la cual ha sido rechaza en Pleno en dos ocasiones, la primera, el 15 de mayo, misma fecha señalada por el Ayuntamiento almonteño para el inicio de la Zona ORA.

De hecho, el Ayuntamiento de Almonte ha convocado un Pleno Extraordinario para este jueves, como continuación al del 18 de junio, que no se pudo completar por falta de tiempo, en el que se volverá a debatir esta cuestión, coincidiendo con la segunda votación en el Parlamento de Andalucía para la investidura del presidente de la Junta, dándose la circunstancia que la edil del PSOE Macarena Robles es también parlamentaria y que el equipo de Gobierno se encuentra en minoría tras la marcha de uno de sus concejales al grupo de concejales no adscritos.

Sin embargo, desde el Ayuntamiento de Almonte siempre han defendido la legalidad de la Zona ORA, ya que el procedimiento “se ha desarrollado con todas las garantías legales y administrativas que se han venido exigiendo”, según remarcó la concejal Victoria Cáceres durante el Pleno del 15 de mayo.

“No es un capricho político”

“Es más, ha pasado por el Tribunal de Cuentas, ha pasado por muchísimos trámites que han verificado la legalidad. Se ha presentado una empresa, esa empresa ya tiene un contrato firmado con esta Administración y, por tanto, ahora lo que procede es aprobar esta ordenanza reguladora y, posteriormente, la ordenanza fiscal que pondría el broche a poder regular todas estas calles”, añadió.

Asimismo, ha insistido en que la implantación de la zona ORA “no es algo improvisado, no es un capricho político, es un procedimiento plenamente ajustado a derecho y conforme a la normativa legal vigente sustentado en la ley de base del régimen local y en la ley de tráfico y seguridad vial”.

“Por tanto, quien quiera sembrar dudas respecto a la legalidad del procedimiento está faltando a la verdad. Y lo digo claro, faltando a la verdad. O también intentando generar una alarma de forma bastante irresponsable”, dijo la edil.