Vida y obra de Tomás Iglesias, el “jurista de izquierdas cuando la izquierda carecía de juristas”

Dos frases enmarcan Izquierda y derecho, la reciente biografía del profesor y abogado laboralista Tomás Iglesias. La primera es de Marcos Ana. “¡Siempre de pie!, sin rodillas como encinares de gloria”, escribió el poeta desde la cárcel en que el franquismo le encerró durante más de dos décadas. La segunda, contenida en Utopía no es una isla, el “catálogo de mundos mejores” imaginados por Layla Martínez, dice: “Sin capacidad de imaginar un horizonte distinto es imposible pasar a la ofensiva y sin ofensiva solo quedan migajas que el neoliberalismo disputa a sangre y fuego, borracho de euforia”.

Entre ambas median más de 60 años, y realzan la vida y la obra de Iglesias (Conil de la Frontera, 1949 – Valencia, 1996) subrayando que hay un pasado que recordar y un futuro que soñar porque se puede modelar con herramientas a mano. La de Iglesias fue, ante todo, el Derecho: defendió a los jornaleros andaluces en tiempos convulsos para pedir tierra y trabajo, a víctimas de la ultraderecha y logró que el Tribunal Constitucional acuñase una nueva forma de nulidad (radical), cuando el despido se hacía pasando por encima de los derechos fundamentales de los trabajadores.

“Vivimos en una realidad muy compleja, en la que puede haber retrocesos en conquistas democráticas. Era importante poner el ejemplo de una persona que luchó por la democracia, y que con el instrumento jurídico defendió causas nobles”, señala Antonio Roldán, que fue maestro y alcalde de Conil (IU) durante 17 años, y ahora firma esta biografía de un personaje clave en la transición a la democracia en Andalucía, editada por Atrapasueños.

Abanderado del “uso alternativo del Derecho”

La política y los políticos han demostrado ser unos fabulosos acaparadores del espacio público y el ecosistema mediático español, a costa de silenciar otros perfiles, igual o más capaces de contribuir al cambio social. Iglesias militó en la clandestinidad del (malogrado) Partido de los Trabajadores de España y nunca renegó de la política: “Relativo a la cosa pública, a la política, es que, sin embargo, la quiero. Porque la necesitamos, se nos aparece como inevitable y conveniente para organizar en paz y democracia nuestra vida colectiva”, escribió. Sin embargo, la desaparición del PTE le sirvió para extender su influencia a través de la herramienta que mejor manejó: el Derecho.

Así abanderó el llamado “uso alternativo del Derecho”, un “empeño táctico” reconvertir los instrumentos jurídicos en factor de cambio social, inspirado en el Movimiento de la Magistratura Democrática que propugnaba el italiano Luigi Ferrajoli. Como el juez Plácido Fernández-Viagas, propugnaba que el Derecho debía ser garantía de limitación del poder y de los más débiles frente a los poderosos. “Era un jurista de izquierdas cuando la izquierda carecía de juristas”, dejó escrito de él el magistrado Perfecto Andrés.

Desde el humilde ladrón de naranjas a los obreros de la fábrica y los jornaleros del campo andaluz, Iglesias se involucró en la defensa de humildes y víctimas de los poderosos, como Jesús Damas, apalizado por miembros de Fuerza Nueva, o el joven lebrijano Ignacio Montoya, tiroteado a muerte cuando regresaba en moto de recoger aceitunas por un guardia civil que luego fue condecorado.

A los jornaleros del Sindicato de Obreros del Campo (los Diamantino García, Diego Cañamero, Sánchez Gordillo o Paco Casero) y los alcaldes que los amparaban por ocupar tierras baldías para pedir tierra y libertad los defendió de las acusaciones: manifestación ilegal, desórdenes públicos, coacciones, sedición. Iglesias pensaba que el problema estaba en una interpretación de la legalidad anclada en valores preconstitucionales. Por ejemplo, se condenaba por manifestaciones que no tenían permiso del Gobierno Civil, cuando el artículo 21 de la Constitución tan solo exige comunicación previa. Y se ignoraba el principio de legalidad, porque una ocupación pacífica encaja mal en el delito de coacciones, obviando derechos colectivos recién introducidos por la Constitución como la huelga o manifestación.

El 27 de febrero de 1981, Cañamero y otros cinco jornaleros de El Coronil se manifestaron contra el golpe de Estado. Fueron detenidos durante tres días, puestos en libertad provisional y procesados en 1983 por no comunicar la manifestación con diez días de antelación, algo imposible y que se obvió en otras protestas. Fueron absueltos, pero ni en el auto ni en las conclusiones del fiscal se mencionaba el móvil anti-golpista de la manifestación. “Dar relevancia jurídica o no a ciertos datos de la realidad enjuiciada es uno de los rasgos que determina qué política del Derecho encarna cada opción o decisión judicial”, dejó escrito Iglesias.

“Nulidad radical” del despido

“Era una la época difícil, con jueces y autoridades locales que no asumían la nueva Constitución y las normas democráticas, grandes terratenientes y jornaleros parados en la plaza del pueblo. Era la lucha permanente: ocupaciones, encierros, apoyo de los ayuntamientos…”, recuerda Roldán, que subraya que más de 600 sindicalistas del SOC o de CCOO se enfrentaron a sanciones administrativas y causas penales en un contexto en el que la adaptación al mercado común imponía un modelo agrícola alejado de las necesidades de los jornaleros.

Otro gran hito fue lograr que el recién constituido Tribunal Constitucional declarara el despido que atentaba contra los derechos fundamentales de los trabajadores no solo nulo, sino radicalmente nulo. Es decir, sin efectos e insubsanable. Los trabajadores de Pricor habían pedido la celebración de elecciones sindicales y fueron proclamados candidatos, pero al día siguiente fueron despedidos. El Tribunal Constitucional acuñó entonces la “nulidad radical” del despido, reconoció el derecho a no sufrir discriminación por razón de pertenencia a un sindicato y presentarse como candidatos, y ordenó su readmisión. Era 1981.

Entre la política y el Derecho, fundó la Asociación Derecho y Democracia y no dejó de oponerse con argumentos a la Ley Corcuera, que autorizaba la llamada “patada en la puerta” sin el aval judicial, una aberración jurídica tumbada después por el Tribunal Constitucional por permitir entradas y registros domiciliarios “basados en conjeturas o en sospechas”.

“Escribir de él es recuperar esa memoria histórica de un personaje ilustre de la Transición, del PTE y de la lucha contra el franquismo y por la ruptura democrática”, concluye Roldán: “Y recordar que la democracia es algo más que votar cada cuatro años, sino que hay que luchar cada día, porque si no puede haber retrocesos”.