En las épocas preelectorales nos encontramos con la realización de un gran número de encuestas. Este año este número se ha disparado, pudiendo contar encuestas de hasta 20 empresas distintas, la mayoría de ellas habiendo hecho repetidas encuestas en los últimos meses. El interés por las encuestas es indudable, y además en esta legislatura ha sido incuestionable su influencia, teniendo mucho que ver con el surgimiento y consolidación de dos fuerzas políticas como Ciudadanos y Podemos. Pero a la vez también ha habido muchas voces que han puesto en duda la calidad de las estimaciones realizadas, e incluso su intencionalidad.
En España no tenemos una regulación muy específica sobre cómo debe ser la realización y publicación de encuestas, algo que se echa en falta siendo un asunto de tanta influencia sobre la opinión pública. Pero las encuestas realizadas en período de elecciones sí que tienen una normativa, que parece ser que es bastante desconocida.
La Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General, en su artículo 69 regula la publicación de encuestas electorales desde el día de la convocatoria, siendo muy conocida la prohibición de realizar sondeos en los últimos 5 días antes de las elecciones, especificando que cualquier encuesta publicada debe acompañarse de:
a) Denominación y domicilio del organismo o entidad, pública o privada o de la persona física que haya realizado el sondeo, así como de la que haya encargado su realización.
b) Características técnicas del sondeo, que incluyan necesariamente los siguientes extremos: sistema de muestreo, tamaño de la muestra, margen de error de la misma, nivel de representatividad, procedimiento de selección de los encuestados y fecha de realización del trabajo de campo.
c) Texto íntegro de las cuestiones planteadas y número de personas que no han contestado a cada una de ellas.
El CIS es la única entidad que ofrece además de la estimación de voto un elaborado informe con las frecuencias de todas las preguntas y cumple todos los detalles que exige la ley.
En cambio, de las 20 encuestas privadas analizadas, todas cumplen el apartado a), aunque casi ninguna indica el domicilio de la empresa. Ello es disculpable en algunas empresas suficientemente conocidas que disponen de página web, pero en algunos casos, como Demoscopia y Servicios, la empresa que realiza las encuestas para Esradio, ni siquiera tiene página web.
Casi todas publican la fecha de trabajo de campo y la muestra, una excepción es La Sexta en algunas ediciones. Pero algunas de las encuestas no publican prácticamente ningún otro dato de los que figuran en el apartado b), especialmente aquellas publicadas en la TV, como la mencionada La Sexta o Antena 3, pero también otras, como las de ABC.
Las encuestas que sí publican varios de estos datos, sistema de muestreo o margen de error, lo hacen de forma muy sucinta, y se echa en falta un mayor detalle sobre esto. Por ejemplo, dado que 18 de las 20 encuestas son telefónicas, nada se dice sobre la base de datos telefónica que se ha usado, ni si se ha realizado encuestas a teléfonos móviles y como se ha hecho. Y eso es muy importante, la tasa de cobertura del listín telefónico más usado no llega al 30% de la población, por lo que las encuestas que lo utilicen pueden tener grandes sesgos.
Finalmente, solo Simple Lógica (que realiza las encuestas por su propia cuenta, según parece) y El País –cuyas encuesta las realiza Metroscopia- publican el texto íntegro de las preguntas, y solo Simple Lógica publica el número de personas que no han contestado a las preguntas. Es decir, que prácticamente todas las empresas que publican encuestas están violando la Ley Electoral, sin que –que sepamos- la Junta Electoral Central esté actuando por este motivo.
Pero la discusión sobre la calidad y la posible manipulación de las encuestas puede ir mucho más allá. Para ser verdaderamente creíbles deberían publicar el proceso seguido para realizar las estimaciones de voto –y esta crítica también se puede extender al CIS-. O al menos deberían dar las variables que de forma más importante intervienen en esta estimación, como pueden ser el voto directo, la simpatía y el recuerdo de voto. Solo ElDiario.es –cuyas encuestas realiza Celeste-Tel-, El País, El Confidencial –con encuesta realizada por DYM- y Simple Lógica publican la intención directa o intención directa+simpatía. Finalmente ninguna empresa publica ahora el recuerdo de voto, la otra variable clave para saber la calidad de una encuesta y de su estimación, cosa que sí hacían antes algunas como las de El Periódico de GESOP o las de El País. ¿Por qué?
Tampoco hacen mucho caso a las recomendaciones de la propia patronal de las empresas de estudios de mercado y opinión, ANEIMO, que, además de recomendar que se cumpla la ley, también recuerda que para realizar una estimación decente de escaños es necesario un tamaño muestral de más de 10.000 entrevistas para poder tener muestra en cada provincia, cosa que pocas empresas tienen en cuenta.
Parece que, en el mejor de los casos, nos tenemos que conformar con el tamaño muestral para saber la calidad de la encuesta, cuando ese es un dato que puede llegar a ser secundario, habría que pedir datos como la tasa de cobertura del marco utilizado, o las tasas de contacto y de rechazo.
Aunque hay que confiar en el buen hacer de los profesionales, mientras se publiquen solo las estimaciones finales, por desgracia para la profesión, no están faltas de razón las dudas y suspicacias sobre la calidad de las encuestas y su consideración más allá de puro entretenimiento.
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