El perito constata en un informe que los ordenadores de Mijas Comunicación están infectados por software espía
El perito que ha auditado los ordenadores y teléfonos de los trabajadores de Mijas Comunicación cree que están infectados por “programas de control de su actividad”. Así lo señala en el informe que entregó a los consejeros del ente público este lunes por la noche, firmado por él y otro compañero. No obstante, el informe no recoge si entre la información recuperada hay carpetas con conversaciones y mensajes de trabajadores y concejales, tal y como señaló el propio perito verbalmente hace algo más de una semana.
César Gil Mauriz fue contratado ante las sospechas de que se había borrado gran cantidad de información coincidiendo con el cese del anterior director de Mijas Comunicación, Agustín Arrebola. El 21 de marzo, dijo a los consejeros (todos ellos concejales del Ayuntamiento) que había podido comprobar que entre los datos borrados y recuperados había conversaciones de concejales con información “delicada”. Explicó que había visto conversaciones de todos menos de María del Carmen Carmona, de Ciudadanos, que gobierna Mijas en minoría y se opuso al cese del anterior director. Además, el perito indicó que tenía “indicios” de que los equipos de las dependencias municipales también estaban afectados.
Hace falta una “profunda supervisión”
El auditor informático recuperó 831 gigabytes que habían sido borrados del equipo de la actual directora, Laura Delgado. Entre este material habrían aparecido las conversaciones clasificadas y ordenadas de trabajadores y concejales. Ahora, en el documento entregado por el perito a los consejeros señala que no se ha auditado el contenido de la información borrada y recuperada porque no era “objeto del presupuesto preliminar”. El perito no las analiza en su informe escrito porque “forman parte de una ampliación”.
El consejo de administración de Mijas Comunicación acordó el 29 de marzo contratar al perito para realizar esa ampliación, con los votos favorables de PP, PSOE y Costa del Sol Sí Puede (CSSP). Se opuso Ciudadanos, que gobierna el municipio en minoría. Aunque el consejo (donde hay mayoría de la oposición) acordó aprobar la ampliación del informe, el alcalde Juan Carlos Maldonado evitó firmar el acuerdo, según fuentes del PP y de CSSP.
En su informe escrito, al que ha tenido acceso eldiario.es/Andalucía, Gil Mauriz sí constata la existencia de programas espía que permitirían grabar las pulsaciones en el teclado, obtener datos de autenticación de contraseñas y proporcionar acceso a hackers y recomienda la “profunda supervisión” de los equipos informáticos. El ordenador de la jefa de administración y de la actual directora estaban infectados por software oculto para la realización y reenvío automático de copias de seguridad, control remoto y monitoreo.
Uno de estos programas es CleverControl, que permite el registro de todas las acciones fuera de línea y en línea, además del control remoto de las impresoras, de los USB o la grabación a través de la cámara web y el micrófono de los equipos infectados. “Sólo tiene que ir a través de un proceso de identificación con una instalación muy rápida y fácil; luego empiece a recibir la información en los ordenadores de sus empleados inmediatamente”, dice la página web de este software.
También señala que el anterior director desconectó y manipuló las cámaras de seguridad, que se le ve ocultando material que saca de la empresa y se transfirió correos a su cuenta de correo, poco antes de borrar la cuenta de origen direccion@mijascomunicacion.com y sustituirla por otra “limpia”, donde no hay nada anterior a la fecha de su cese.
El perito consigna una conversación con un trabajador de Mijas Comunicación, en la que este le habría dicho al perito que tiene “pruebas para destituir al alcalde porque su pareja es cargo de confianza”. Por último, Gil Mauriz recoge el hallazgo en un mueble del despacho del anterior director de un dispositivo de cámara oculta fuera de uso.
El perito se siente víctima de “una campaña de acoso”
El informe escrito recoge parcialmente la información que el perito dio verbalmente a los consejeros, adelantada por eldiario.es/Andalucía, y que levantó una polvareda política en Mijas la semana pasada. El tesorero ordenó el jueves parar toda la actividad de su departamento, ante las sospechas de vigilancia. El viernes, el PP llevó ante la Fiscalía las revelaciones verbales del perito.
También el viernes, el alcalde intentó bloquear que el perito se extendiera en su investigación y denunció al perito ante la Guardia Civil. El alcalde Juan Carlos Maldonado puso en duda la credibilidad del perito y la legitimidad de los trabajos que ha desarrollado, cuestionando que tuviese un mandato judicial o la “solvencia técnica” para hacer el trabajo.
La Asociación Nacional de Tasadores y Peritos Informáticos emitió una nota de prensa en la que criticó la actitud del alcalde Maldonado “al tratar de desprestigiar la profesionalidad, valía y trabajo del perito judicial informático forense”. El perito fue contratado por la actual directora, después de que así lo pidiera el Consejo de administración, que votó su contratación por unanimidad.
“En todo momento a los trabajadores se les dice que vengo del Consejo de administración. En ningún momento se les dice que venga del juzgado”, dice Gil Mauriz, que se presenta con una placa. “Yo entrego una tarjeta de visita donde pone ”perito judicial informático forense“. Se la entregué también al alcalde cuando me contrataron”, señala el perito a eldiario.es/Andalucía. La denominación “judicial” no implica que esté mandatado por un juez, sino que, en caso de un eventual juicio, puede actuar como perito experto en una materia técnica, como es la informática.
Gil Mauriz forma parte de la Asociación Nacional de Tasadores y Peritos Informáticos (ANTPJI), una entidad privada, y asegura estar en posesión del curso de experto en Derecho Informático y Pericias Judiciales, un título propio de la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) y la propia ANTPJI. “Yo no he engañado a nadie. El máster se llama así. La asociación. El título. Mi acreditación profesional…”, señala el experto, que se siente víctima de una “campaña de acoso”. “Estos señores me contratan para que investigue algo; el problema es que no quieren que siga investigando”, denuncia.
