La Universidad de Málaga demora la actualización salarial a los investigadores más precarios

La reciente subida del salario mínimo interprofesional (SMI) aprobada por el Gobierno ha vuelto a dejar cientos de contratos de investigación en la universidad bordeando el suelo marcado por la ley. El nuevo SMI entró en vigor el pasado 14 de febrero, y apenas ha habido margen para actualizar salarios, pero para algunos investigadores en formación llueve sobre mojado: denuncian que no se les aplica la normativa que obliga a actualizar sus salarios automáticamente cuando suben las nóminas de los funcionarios y que no se les pagan los trienios, a pesar de lo que establecen la ley y los tribunales. En la Universidad de Málaga (UMA) un grupo de investigadoras lleva semanas exigiendo una actualización inmediata de sus salarios y el cumplimiento de estas obligaciones.

En un comunicado remitido a través del Sindicato de Apoyo Mutuo (SiAM), acusan a la universidad de “trato discriminatorio” frente a otras categorías de personal docente e investigador. Mientras que el personal permanente ve reconocida la actualización con efecto inmediato, los contratados predoctorales FPI (asignados a un proyecto con ayuda del Ministerio de Ciencia), FPU (ayuda directa al candidato) o del plan propio de la UMA deben esperar durante meses para cobrar la subida, que debe asumir la universidad. La situación afecta a unos 200 investigadores entre las tres modalidades.

Teodomiro López, vicerrector de Investigación y Transferencia de la UMA, explica que la nómina de marzo corregirá esta anomalía. Sin embargo, el problema es recurrente cada año porque la universidad espera a que la Dirección General de Trabajo publique las tablas de actualización de salarios públicos, lo que no ocurre hasta enero o febrero (este año, el 26 de enero). Según la UMA, el dinero que debe a estos investigadores, correspondiente a la compensación salarial a los funcionarios del 1,5% (aprobada por el Gobierno en octubre de 2022), se les abonará en una nómina extraordinaria con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2022.

Los investigadores e investigadoras en formación son el colectivo académico con mayor precariedad y la escasez de sus salarios tiene un impacto directo en su vida diaria. En Málaga, alquilar es alrededor de un 30% más caro que hace un año y ahora mismo resulta prácticamente imposible arrendar una vivienda por menos de 800 euros al mes. “¿Cada vez que hay una actualización salarial tenemos que esperar medio año a que nos paguen lo que nos corresponde? Con la inflación, 30 euros más al mes cuentan y no valen lo mismo ahora que en abril”, lamenta María José Quintero, investigadora predoctoral de la UMA.

Un “contrato puente” por debajo del SMI

La nómina de estos investigadores en diciembre fue de 1.166 euros netos (en 12 pagas), en el caso de un investigador predoctoral de segundo año del plan propio de la UMA, mientras que los contratados FPI con ayuda del Ministerio de Ciencia de segundo año cobraron 1.193 euros, según ha podido comprobar este medio.

Se trata de contratos de cuatro años de duración en los que los salarios se incrementan progresivamente hasta el último ejercicio. Después se produce una reducción salarial: como ya contó elDiario.es Andalucía, terminar el doctorado y lograr un nuevo contrato post-doctoral (lo que no siempre sucede) penaliza económicamente. Actualmente, el “contrato puente” (entre el predoctorado y el postdoctorado tiene un salario de unos 1.200 euros brutos al mes, puede quedar por debajo de los 1.000 euros netos. Desde el 14 de febrero, el SMI está fijado en 1.080 euros mensuales brutos (si se cobran 14 pagas) o 1.260 euros brutos (en doce), de modo que este “contrato puente” quedaría por debajo.

Los investigadores denuncian que la situación vulnera la legalidad, porque debería aplicárseles una revisión salarial al alza automáticamente cada vez que sube el salario de los funcionarios. El Estatuto del Personal Investigador Predoctoral en Formación, aprobado por Real Decreto en 2019, establece que la retribución mínima de los contratos predoctorales no podrá ser inferior al 56% del salario en categorías equivalentes durante los dos primeros años, al 60% durante el tercer año, y al 75% durante el cuarto año.

Automático en otras universidades

Esta referencia se aplica automáticamente en otras universidades andaluzas como la de Almería, la de Sevilla o la de Jaén, pero no en Málaga, que espera hasta ver actualizadas las tablas en una resolución de la Dirección General de Trabajo. Así, las nóminas de los investigadores predoctorales de la UMA siguen sin reflejar la actualización de sus salarios del 1,5% (correspondiente a 2022), que debería sumarse al 2,5% de 2023. La actualización correspondiente a 2020 y 2021 se demoró seis meses. “Solo después de diversas reclamaciones por parte de este colectivo, esta negligencia se subsanó de forma retroactiva en abril de 2022”, aseguran en el comunicado.

No es lo único en lo que se ven perjudicados. Denuncian también que la UMA no paga el complemento de antigüedad (trienios), a pesar de que una sentencia dictada hace más de un año por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía declaró el derecho del personal de investigación predoctoral y postdoctoral en formación de las ocho universidades públicas andaluzas a devengar esas cantidades y percibirlas con efecto retroactivo desde el 1 de julio de 2020. La UMA explica que no lo hace porque la sentencia del TSJA no es firme, ya que habría sido recurrida por la Junta de Andalucía ante el Tribunal Supremo.

Con todo, el momento más temido es el fin de estos contratos de cuatro años. Hay una ayuda puente, “un colchón” de unos 1.200 euros brutos durante seis meses, que apenas palía la incertidumbre de buscar proyectos y ayudas con una competencia exacerbada. Pero tampoco al terminar su contrato perciben lo previsto por la ley. El derecho por indemnización por fin de contrato para los predoctorales fue reconocido el año pasado por la Ley de Ciencia, en vigor desde el 7 de septiembre, pero algunas universidades no lo aplican si no se exige. “Ningún integrante de este colectivo [de la UMA] ha percibido tal cuantía hasta el momento”, asegura el comunicado. La UMA asegura que lo abona con fondos propios y de manera individual a todos aquellos que tuvieran contrato cuando la norma entró en vigor.

“Ya no es solo tener unos salarios tan bajos, sino que tenemos que estar peleando todo el tiempo para que se cumpla lo que está en la ley. Quema bastante”, zanja Quintero.