20 medidas urgentes de resistencia activa contra la Lomce

“El cambio es posible, pero hay que querer”. CCOO-A ha presentado este miércoles sus medidas “urgentes” y de “resistencia activa” contra los contenidos de la nueva ley educativa, la Lomce. El sindicato apuesta por contrarrestarla con propuestas a desarrollar a nivel regional ya que “hay margen” para ello y para contraponer algunos supuestos frente a una norma de “carácter ideológico” que “no sirve para mejorar los resultados en la enseñanza”.

CCOO-A ha trasladado a la opinión pública, pero especialmente a la Junta de Andalucía, las medidas que impidan la aplicación y desarollo de la Lomce. Y lo hacen atendiendo a todos los ámbitos (cuatro medidas en el jurídico y legal, seis en el plano organizativo, siete en el curricular, y tres en el ámbito laboral y profesional). “Claro que pueden hacer mucho, pero es muy cómodo salir con el tema de la religión” o con que algunas cuestiones “le vienen impuestas”.

Según Patrizio Pérez, responsable de la política educativa del sindicato, la comunidad “puede” empezar a desarrollar propuestas “reales” porque “tiene capacidad para ello”. Por eso, pide “valentía” a la Administración andaluza para “evitar, no paliar” la aplicación de la ley estatal, a la que ha asociado conceptos como “agravio” y “discriminación” a la hora de definir sus características.

Desde el sindicato reconocen que se necesitan “ganas” pero también “dinero”. “Estamos hablando de volver a los presupuestos educativos del año 2007, pero esto no es gasto sino inversión en la formación y en la cualificación del alumnado”, apunta José Blanco, secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía. Recuerda que la Consejeria de Educación, en una reunión previa a la Conferencia Sectorial del pasado 29 de enero en Madrid, “abría las puertas” a las propuestas sindicales, por lo que esperan que se tengan en cuenta a la hora de detener la aplicación de la ley más allá del recurso de inconstitucionalidad ya planteado y que se interpondrá antes de que acabe febrero, según anunció el consejero.

Un “frente común”

Las medidas engloban diferentes ámbitos y, en resumen, tratan de contrarrestar “la ruptura de la equidad” que conlleva la Lomce, a juicio de CCOO-A, y “la segregación que pretende generar” entre los niños de entornos desfavorecidos, “a quienes deja apartados como un mueble en una esquina”, denuncia Pérez. El responsable de política educativa ha hecho hincapié en la medida número 13 destinada a incorporar al curriculo en todas las asignaturas “temas transversales” relativos a igualdad, derechos sociales, participación democrática, cooperación, respeto a la diversidad sexual, etc.

“La Junta debe hacer frente común contra la Lomce junto a los sindicatos de enseñanza”, han insistido desde CCOO-A, en cuestiones como rentabilizar las redes de residencias escolares para dotar a los núcleos más densamente poblados o cargar horas en asignaturas que “se pierden” con la nueva ley, frente al “subjetivo” concepto de “demanda social” de la Lomce que “impone” la selección de familias y que “desestructura todo el sistema”. El sindicato propone decretos de carácter autonómico que regulen algunos de los procedimientos previstos en la ley Wert. “Hay margen”, insisten desde el sindicato.

José Blanco ha ahondado en cualquier caso en las medidas legales como la “suspensión cautelar” de la aplicación de la ley, vía recurso en el Tribunal Constitucional. En este sentido, ha recordado que varias sentencias del TSJA han incidido ya en adecuar la ratio del alumnado a criterios generales de cara a la matriculación y que el calendario de aplicación de la propia ley no obliga a desarrollar ninguna de las medidas que plantea la Lomce.

También se propone desde el sindicato no facilitar datos segregados de rendimientos escolares por centros, potenciar la matriculación integrada del alumnado con necesidades educativas especiales, así como regular mediante decreto la escolarización integradora e integrada. Asimismo se apuesta por recurrir la normativa que se apruebe y determine las pruebas externas (reválidas), desarrollar horas de refuerzo educativo, regular la continuidad de los actuales libros de texto que se usan en los centros o desarrollar un acuerdo de garantías para el profesorado, a quien han pedido “implicación” para “combatir” una ley que “desprestigia su labor”.