Aplicar bien la norma también es hacer política migratoria

La reciente reforma del Reglamento de Extranjería ha sido un cambio esperado que introduce algunos avances y ajustes necesarios en la gestión de los procesos de residencia y regularización. La modificación responde, en parte, a la necesidad de adaptar la norma a una realidad migratoria más compleja y diversa, aunque todavía deja cuestiones sin resolver. El reto, más que en el texto, está en su aplicación: hacer que la norma funcione en la práctica, con coherencia, agilidad y justicia. 

El nuevo reglamento flexibiliza los arraigos y amplía las vías de acceso a la residencia. Es un paso en la dirección correcta hacia una política migratoria más realista y conectada con el día a día de las personas. Sin embargo, su impacto dependerá de cómo se gestionen los trámites. Persisten diferencias notables entre territorios en cuestiones tan básicas como el empadronamiento o los informes de integración social. En algunos municipios estos procesos son ágiles; en otros, lentos y llenos de obstáculos. Esa disparidad genera desigualdad y resta credibilidad al propio sistema. 

La reforma es una oportunidad para corregir esas disfunciones y avanzar hacia un modelo más eficiente y justo. Pero para lograrlo se necesita un compromiso político que garantice criterios comunes, coordinación entre administraciones y procedimientos transparentes. La norma, por sí sola, no eliminará las prácticas arbitrarias ni los retrasos que perpetúan la irregularidad administrativa. 

En Andalucía Acoge defendemos que la regularización debe ser una prioridad política y social. Por eso mantenemos activa la campaña #ILoveRegular, que resume una idea esencial: más personas regularizadas, mejor sociedad para todas. Apostar por vías estables y accesibles de regularización no solo reconoce derechos, sino que mejora la convivencia, refuerza el tejido social y reduce la precariedad que alimenta la desigualdad. 

Hay señales en la buena dirección si se avanza en estandarizar procedimientos, publicar guías técnicas comunes, mejorar la coordinación entre administraciones y ordenar calendarios de cita previa razonables. Sin una estrategia compartida y una aplicación coherente, los avances seguirán fragmentados

También queda un asunto pendiente clave: Las personas solicitantes de asilo se ven perjudicadas en su situación administrativa si su solicitud es denegada, lo que las obliga a permanecer en situación irregular durante al menos dos años antes de poder acceder a un arraigo. Es una laguna que prolonga la precariedad y dificulta cualquier proceso de inclusión. 

Pese a ello, la reforma ofrece la posibilidad de vincular política migratoria e inclusión social de forma más directa. Regularizar no es solo reconocer derechos, sino también mejorar la gestión pública, reducir la economía informal y fortalecer la cohesión social. En definitiva, construir un sistema más estable, previsible y beneficioso para todas las partes implicadas. 

Hay señales en la buena dirección si se avanza en estandarizar procedimientos, publicar guías técnicas comunes, mejorar la coordinación entre administraciones y ordenar calendarios de cita previa razonables. Sin una estrategia compartida y una aplicación coherente, los avances seguirán fragmentados. 

En esa línea, Andalucía Acoge impulsó recientemente en Sevilla un espacio de diálogo institucional y profesional sobre la aplicación del nuevo reglamento, donde el Ministerio reafirmó su compromiso de publicar instrucciones y criterios para clarificar y homogeneizar la aplicación del reglamento; la Junta de Andalucía anunció una formación gratuita accesible a personas sin NIE para acreditar el Informe de Esfuerzo de Integración Social, y desde la DPA y los colegios de abogados se insistió en la importancia de establecer criterios comunes en el empadronamiento y en los informes de integración. 

Desde nuestra federación creemos que aplicar bien la norma también es hacer política migratoria. Supone apostar por un modelo que garantice derechos en lugar de depender de la discrecionalidad local. No basta con reformar el reglamento: hay que hacerlo funcionar del mismo modo para todas las personas, en cualquier territorio. Solo así esta reforma podrá ser un instrumento de inclusión y convivencia.