¿Qué pasaría si las instituciones fueran realmente laicas en Andalucía?

Si hay un territorio en el que el principio de laicidad parece más frágil, ese es Andalucía. De fondo está la propia idiosincrasia de la comunidad autónoma, y también el escaso margen competencial que tiene el Gobierno autonómico para cambiar cuestiones que dependen del Gobierno de la Nación. La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, anunció hace unos días una proposición no de ley para que España rompa los acuerdos con el Vaticano después de casi 35 años de vigencia y para que elabore una ley orgánica de libertad religiosa “para proteger los derechos de los creyentes y los no creyentes”. En este contexto, La Línea de la Concepción (gobernado por el PSOE) ha nombrado a la Virgen de la Inmaculada como alcaldesa perpetua, una gota más en el reabierto debate sobre la religión y las instituciones.

Pero estos reconocimientos del sentir popular, como argumentan los políticos que los promueven, no entienden de partidos. Se han nombrado vírgenes como alcaldesas perpetuas -a veces son designadas hijas adoptivas, hijas predilectas o incluso capitanas generales- en municipios controlados por los socialistas, por el PP y también por IU, el más reciente el de Teba (Málaga). De hecho, normalmente hay unanimidad para un reconocimiento que suele coincidir con una larga tradición previa como patrona, si bien puntualmente hay concejales que se desmarcan.

Tampoco es una cuestión que entienda del tamaño de los municipios. Prácticamente todas las capitales de provincia de Andalucía tienen advocaciones marianas como alcaldesas perpetuas, con otros honores aparejados: Córdoba, con Nuestra Señora del Socorro (desde 1934); Huelva, con Nuestra Señora de la Cinta (1956); Sevilla, con la Virgen de los Reyes, que en los años 50 se convirtió en la primera imagen en obtener la Medalla de la Ciudad; Cádiz, con la Virgen del Rosario (1967); Jaén, con la Virgen de la Capilla (1967); y más recientemente, Almería con la Virgen del Mar (2012). Málaga no ha llegado a este punto, mientras que Granada no tiene una alcaldesa perpetua, pero sí le ha entregado a la Virgen de las Angustias la Medalla de la Ciudad.

La cuestión es que en una aplicación estricta de la legalidad, tal y como está recogido en la Constitución Española, las autoridades no deberían propiciar estos reconocimientos, porque van contra la laicidad que se les exige. De hecho, según los expertos, en una Andalucía de instituciones laicas deberían erradicarse estos honores, igual que los votos que algunos alcaldes llevan a cabo, es decir, ceremonias de agradecimiento y ofrendas por algún mérito atribuido a una advocación concreta. Se une a esto la participación, no a título particular sino como autoridades, en comitivas del Día del Corpus, Semana Santa y otros festejos, gozando para ello, además, de ubicaciones privilegiadas en las carreras oficiales. Es más, si se aplicara esa laicidad no tendría sentido que más de la mitad de los días de fiestas nacionales coincidan con hechos religiosos, y en el caso de los locales, con onomásticas de patrones.

Explicaciones históricas

La profesora de Derecho Eclesiástico de la Universidad de Córdoba Amelia Sanchís, recalca que separar política y religión es una cuestión de “salubridad”. No entiende “ese afán de mezclar las dos cuestiones, lo que limita la libertad, cuando mantenerlas diferenciadas sería más enriquecedor para la persona en las dos dimensiones”. En la misma línea, considera que “no es muy serio que los partidos, sean del signo que sean, se metan en cuestiones como nombrar alcaldesa perpetua a una virgen, en lugar de plantearse lo que preocupa a toda la ciudadanía y resolver sus problemas”.

Antonio Manuel Rodríguez, de la UCO, considera por su parte que este “exceso” que se da en Andalucía tiene que ver con su pasado: mayoritariamente está formada por moriscos. “Hubo una conversión mayoritaria al catolicismo en Andalucía, pero era un mecanismo de supervivencia, porque se jugaban la vida. Esa herencia ha hecho que cada pueblo tenga una imagen, que haya desproporción en el culto con respecto al resto de España. No bastaba con ser católico. Había que ser el más católico”, subraya. Este profesor de Derecho Civil relaciona con este pasado el hecho de que todavía se vivan en esta comunidad autónoma con tanta pasión estos temas y que sea tan complicado separarlos de la política.

“No me parece mal que los políticos vayan a actos de distintas creencias, pero dejando claro que las instituciones no profesan ninguna”, expone, consciente de la dificultad a la que se enfrentan en la convivencia de su condición de ciudadano con la de cargo público. Pero hay cuestiones que “no se deben traspasar, por ejemplo, en ningún edificio público puede haber símbolos religiosos”.

Por eso, insiste en la necesidad de que el Gobierno de España promulgue una ley orgánica de libertad religiosa. En este sentido, destaca que todavía quedan muchos flecos en la materia en nuestro país. Pone tres ejemplos de incumplimiento del principio de laicidad. El primero, los convenios entre España y el Vaticano, “que están derogados por la UE, pero esto se incumple de manera flagrante”, y que afectan a cuestiones como la exención del IBI o el IVA para la Iglesia Católica. Refiere también “la inmatriculación por parte de la Iglesia Católica de bienes que son suyos -el ejemplo más conocido es el de la Mezquita de Córdoba- y ningún partido ha presentado todavía un recurso”. Y en tercer lugar, “cuando estos bienes son legítimamente suyos, si está recibiendo fondos públicos, debe funcionar como una Administración y rendir cuentas, está obligada a ser transparente”.

“Existe una connivencia por las dos partes: hay una apropiación perversa por parte de los políticos de las manifestaciones religiosas para sacar rendimiento público, para hacerse publicidad incluso, y por su parte la Iglesia católica -que no es la única con la que se rompe el precepto pero sí la que más por ser la mayoritaria- porque sabe que tendrá su contrapartida en el mantenimiento de un régimen económico que la favorece, junto a otros beneficios”, subraya Manuel Navarro, coordinador de Andalucía Laica.

Según los expertos, se puede ir incluso más allá para una Andalucía verdaderamente laica, por ejemplo replanteándose el protagonismo que se le da al catolicismo en la Radio Televisión Pública de Andalucía (RTVA), con varios programas financiados por fondos públicos (unos 800.000 euros por año) y que son controlados por los obispos. El sindicato CCOO considera que con este tipo de convenio, firmado con la Asamblea de Obispos del Sur de España que tendrá que ser revisado próximamente, se incumple la Constitución española.

El caso de la Línea de la Concepción es uno más. Se suma a una ristra de nombramientos de este tipo que ha habido en 2013: Peñarroya-Pueblonuevo, El Viso y Puente Genil (Córdoba), con la Virgen del Rosario, Santa Ana y la Inmaculada Concepción (junto a Nuestro Padre Jesús Nazareno), respetivamente, y Fondón y Gádor (Almería), con la Virgen de las Angustias y la Virgen del Rosario, en cada caso.

No existe un estudio de todos los nombramientos de este tipo, que son cientos en Andalucía, por lo que en este espacio se reseñan los ocurridos en 2013 y el caso de las capitales de provincia. Casi siempre son vírgenes, y Nuestra Señora del Rosario es la que más repite, pero no siempre, porque hay algún que otro alcalde perpetuo. La tradición continúa: en Roquetas del Mar (Almería) está en trámite el nombramiento también de la Virgen del Rosario, igual que en Valverde del Camino (Huelva) con la Virgen del Reposo. Parece difícil contener este furor confesional de las administraciones locales, incluso cuando, como recuerda Amelia Sanchís, la separación de religión y política no sólo está en el artículo 16 de la Carta Magna, “sino también en la Biblia, donde se dice al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”.