La presión de las escuelas corrige el plan del Gobierno andaluz contra la Covid y le empuja a contratar a más maestros

A pocos días para el inicio de las clases, el Gobierno de Andalucía admite que ha previsto menos maestros de apoyo de los necesarios para garantizar la seguridad del alumnado frente al coronavirus. La presión de la comunidad educativa y la creciente incertidumbre de los padres ante el inminente regreso a las aulas de sus hijos ha empujado a la Consejería de Educación a reconsiderar el Plan de Acción Educativa que presentó hace apenas dos meses, que incluía la incorporación de 4.984 docentes de apoyo adicionales a partir de septiembre. El Consejo de Gobierno del pasado 28 de agosto aprobó un aumento presupuestario de 206 millones para este refuerzo educativo, con 4.014 docentes más en la pública y 970 en la privada concertada.

El departamento que dirige Javier Imbroda se ha reunido este jueves con los sindicatos de profesores representados en la mesa sectorial y ha aceptado corregir al alza la oferta inicial de plazas, admitiendo que su previsión inicial se quedaba corta. Imbroda está negociando con el titular de Hacienda, Juan Bravo, para arañar más financiación con la que contratar a más docentes de apoyo. La reunión con los sindicatos de este jueves -la tercera en diez días- ha girado en torno a dos ejes: distancia de seguridad y bajada de ratio. Educación ha propuesto aumentar la plantilla con 551 maestros más, los sindicatos lo han rechazado, y la consejería ha subido hasta los 677 docentes, con el compromiso de intentar llegar a los 800 más. No ha habido consenso, porque los sindicatos mayoritarios marcan la línea roja en la contratación “necesaria de un mínimo de 2.000 profesores más sólo para la escuela pública”, lo que supondría un aumento del 6%.

Desde el departamento de Bravo no confirman ni que haya negociación con Educación ni que se esté valorando ya una nueva inversión millonaria para personal educativo. Desde hace dos días, la Junta de Andalucía dispone de 383,8 millones de euros extraordinarios para educación del fondo Covid de 2.000 millones de euros que el Gobierno central ha repartido entre las comunidades (un 20% del total). La Junta ya ha destinado 206 millones al aumento de plantilla docente, pero los sindicatos desconocen si ese dinero se va a detraer de los 383,8 millones que el Gobierno envía a Andalucía, y si el remanente se podrá usar íntegramente en ensanchar aún más el número de profesores frente a la Covid.

La presión del departamento de Educación (Ciudadanos) al de Hacienda (PP) tiene lugar en el inicio de otra negociación compleja, la de los Presupuestos Autonómicos del año que viene, cuyo anteproyecto debe ser aprobado por el Consejo de Gobierno antes del 31 de octubre. Las cuentas del año que viene tendrán que hacer frente a un aumento del gasto público para fortalecer el sistema sanitario frente a la pandemia, y también los efectos que pueda tener esta en las escuelas. El Ejecutivo de Juan Manuel Moreno necesita los votos de su aliado externo, Vox, que ya le aprobó los dos presupuestos anteriores, pero esta vez su respaldo no condiciona la estabilidad del Gobierno andaluz. Moreno podría prorrogar las cuentas de este año y apurar el mandato hasta final de 2021. La líder de la oposición, la socialista Susana Díaz, le ha ofrecido negociar el blindaje de las políticas sociales, sanidad y educación, y su respaldo a las cuentas del próximo año.

Otras comunidades

Andalucía fue de las primeras comunidades en anticipar un incremento de la plantilla de profesores para remendar el parón del pasado curso escolar como consecuencia del estado de alarma. Pero luego, otras comunidades han hecho una apuesta porcentualmente más ambiciosa en cuanto al número de nuevos docentes que se incorporarán en septiembre. Madrid, también con un Gobierno de PP y Ciudadanos, ha prometido 7.900 maestros más sólo en la escuela pública (mucho más menguada que la andaluza), que supone un aumento del 15,8%. Castilla La Mancha, con un Gobierno socialista, ha contratado a 3.000 docentes, incrementando un 11,1% más su plantilla en la red pública. La Comunidad Valenciana es la única autonomía donde la Administración, los profesores y los padres de alumnos han pactado el plan de regreso a las aulas.

En todos los casos, el epicentro del debate entre la comunidad educativa y sus respectivos gobiernos autonómicos giraba en torno a un mismo eje: mantener las distancias de seguridad bajando la ratio de alumnos por clase. Los 4.014 profesores adicionales previstos por el Ejecutivo andaluz suponen un aumento del 3,9% de la plantilla en la escuela pública. El objetivo de la plantilla extraordinaria era “desdoblar los grupos” más abultados de alumnos para bajar la ratio y así recuperar a los alumnos que se quedaron “desconectados” durante el parón de las clases el pasado marzo (unos 90.000 estudiantes no tuvieron herramientas tecnológicas para seguir su educación a distancia). Los refuerzos se han asignado a los centros escolares más grandes y con más estudiantes, en total, 2.386 colegios e institutos, un 57,1% del total de escuelas de Primaria y Secundaria de Andalucía.

El alcance de esta medida fue tildado de “insuficiente” por parte de los sindicatos de la enseñanza y los grupos de la oposición al Gobierno de PP y Ciudadanos, porque en términos generales “sólo supone un maestro más por escuela”. El aumento de contagios y hospitalizaciones en Andalucía durante este verano ha endurecido la presión de los profesores sobre la Consejería de Educación, que finalmente ha aceptado reconsiderar su previsión inicial.

De momento, los equipos directivos han tenido que diseñar la planificación del curso sin contar en su plantilla con los maestros de apoyo prometidos, porque ninguno de ellos se ha incorporado aún a su puesto. La incorporación de esos 4.894 docentes se hará por llamamiento y a través del sistema informático SIPRI de la consejería (el que se usa para la colocación de los interinos en bolsa). Los maestros de Primaria en bolsa empezarán a recibir la oferta de empleo en un centro asignado a partir de este jueves y tendrán una semana para aceptar e incorporarse a su escuela. En Secundaria, los llamamientos empezarán la semana que viene, para que la incorporación esté lista antes del 15 de septiembre, cuando empiezan las clases en los institutos. La Consejería de Educación asegura que los casi 5.000 nuevos docentes estarán en las escuelas antes de que lleguen los alumnos. El problema es que, por ahora, la Junta les ofrece contrato hasta el 31 de diciembre, aunque el departamento de Imbroda asegura que será “prorrogable” para el resto del curso, y que las nóminas de enero estarán contempladas en los Presupuestos andaluces de 2021.

Según el esquema de reparto de los refuerzos elaborado por la Consejería, en Primaria los colegios que tengan entre cinco y diez aulas, recibirán un maestro de apoyo (465 en la pública y 206 en la concertada); los que tengan entre 11 y 16 aulas contarán con dos maestros más (391 en la pública y 139 en la concertada); los centros que dispongan de 17 a 23 aulas tendrán tres maestros adicionales (185 en la pública y 45 en la concertada); y las escuelas más grandes (con más de 23 unidades) recibirán cuatro docentes extra (15 en la pública y 12 en la concertada).

El aumento de plantilla y la bajada de la ratio es el principal tema de discusión en la mesa sectorial de enseñanza, la línea roja que han marcado los sindicatos de profesores a la consejería, antes de abordar otros asuntos. Ha habido tres reuniones con los agentes sociales en los últimos diez días, las dos últimas mesas sectoriales esta misma semana. La viceconsejera de Educación, María del Carmen del Castillo, ha compartido con los sindicatos el borrador de una circular con nuevas instrucciones y medidas extraordinarias que se hará llegar a los colegios e institutos en los próximos días.

Una de las novedades, por ejemplo, es la propuesta para que las escuelas organicen el regreso a las aulas de forma escalonada en los cuatro primeros días del curso, separando a los alumnos o bien por horario o bien por especialidad. En vez de entrar todos el 10 de septiembre, como dicta la norma, algunos grupos lo harían ese día y otros en los tres días lectivos siguientes. A partir del quinto día ya se habría instaurado el horario habitual. La organización del curso depende de la autonomía de cada escuela, pero la consejería les habilita para reajustar los grupos-clase para “disminuir la ratio y ajustarse a las condiciones sanitarias contra la Covid”, realizando desdobles que permitan bien crear más grupos de un mismo nivel o bien grupos mixtos. También podrán agrupar las distintas asignaturas en ámbitos de conocimiento, permitiendo a los alumnos trabajar en proyectos y por grupos.

Además de la plantilla “adicional” de apoyo, cada escuela designará a un profesor para coordinar la estrategia anti Covid, que vigilará que se cumplan los protocolos de seguridad y elevará sus informes a la Delegación territorial de Educación y a las autoridades sanitarias (con un enlace en el centro de salud más cercano). Esta dedicación exclusiva implica una reducción de su carga lectiva habitual, y la consejería suplirá ese hueco en cada centro con 823 cupos (interinos contratados para las horas lectivas que deja el coordinador). La Consejería de Educación también tiene previsto ampliar en 50 millones de euros el presupuesto que tenía para cubrir las sustituciones de profesores enfermos -208 millones de euros-, en previsión de que muchos de ellos se acojan a su derecho de no asistir presencialmente al aula por pertenecer a un grupo de riesgo ante el coronavirus.