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La Fiscalía minimiza la campaña contra la apertura de un centro de menores extranjeros en Sevilla y archiva el caso

Un grupo de juristas había denunciado las "manifestaciones de odio" en torno a la apertura del centro, también rechazada por Vox desde primeros de junio

La fiscal no considera que haya delito sino que se trata del "desacuerdo" de algunas personas con la ubicación del centro de menores en el barrio de la Macarena

La Fiscalía, paralelamente, investiga a Rocío Monasterio por presunto delito de odio a menores en un acto de campaña electoral junto a dicho centro

Activista de la plataforma ciudadana 'Macarena para Todas'

Una activista de la plataforma ciudadana 'Macarena para Todas' muestra un cartel en defensa de la integración de los menores

La fiscal delegada para la Tutela Penal de la Igualdad y contra la Discriminación en Sevilla ha archivado la denuncia presentada el pasado 25 de junio por la asociación Grupo 17 de Marzo (sociedad andaluza de juristas para la defensa de los Derechos Humanos individuales y colectivos) por presuntas "manifestaciones de odio" en torno a la apertura antes del verano de un centro para menores extranjeros no acompañados acogidos por la Junta de Andalucía a través de la Fundación SAMU.

Tras "la práctica de las diligencias oportunas", la fiscal firma el decreto de archivo porque considera que "los hechos no revisten caracteres de delito, por cuanto, salvo algunas expresiones emitidas por personas particulares, a las que no se ha identificado (un grupo de cinco personas que se identifican como 'una representación de coordinadores de Vox de todos los barrios') no aparecen más que como una exposición de un desacuerdo con la ubicación del centro, sin que se haya constatado acto discriminatorio que haya siquiera inquietado a los menores".

Según el decreto de archivo, al que ha tenido acceso este periódico, "el escaso seguimiento de las reivindicaciones hacen patente la poca repercusión de las mismas y la pacífica convivencia de estos menores en el barrio", de lo cual informó este medio. "La falta de mayor prueba de cargo hace imposible determinar no sólo la autoría sino la entidad de los hechos denunciados, por lo que procede el archivo de las presentes diligencias", sentencia el breve decreto.

La fiscal recuerda que la asociación de juristas había llevado el caso a la Fiscalía "haciendo constar lo que, a su juicio, es un ataque claramente racista contra la instalación en la zona de la Macarena de un centro para menores extranjeros no acompañados". Precisamente junto a ese centro, y en plena campaña electoral, la dirigente de Vox Madrid, Rocío Monasterio, hizo una manifestaciones que la misma Fiscalía está investigando por si pudieran constituir delito de odio.

"Graves incidentes"

La denucia del 'Grupo 17 de Marzo' relataba "los graves incidentes" que se habían producido desde que el 3 de junio se produjo una concentración ilegal contra la apertura del centro. El último de los hechos que recogía la denuncia apenas había tenido lugar horas antes cuando la Policía evitó un escrache a las mismas puertas del centro. Los responsables del mismo se habían llevado de 'excursión' a los jóvenes para que no contemplaran directamente que había personas contra su presencia. La convocatoria sólo se vio respaldada por unas cincuenta personas, entre ellas concejales de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla.

Entre los hechos referidos en la denuncia se recordaba que "se realiza una campaña por algunas asociaciones para impedir la instalación del centro de acogida" y "se señala el centro donde residirán los menores y se publicita su ubicación exacta mediante pasquines repartidos por muchos domicilios y bloques de la zona cercana, incluido el propio domicilio de los menores".

"Los organizadores han esgrimido como motivo la existencia de abundantes centros de acogida social en el distrito. Sin embargo son muchas las indicaciones que apuntan a estimar el rechazo a los menores migrantes como el auténtico motivo", consideraba la denuncia, que añadía que "ninguna valoración positiva se ha reconocido a los menores, el trabajo de acogida o reinserción laboral que se realizará con ellos,  y ninguna reivindicación se ha hecho en orden a evitar los abundantes problemas de convivencia social que dicen sufrir los barrios que mencionan".

El grupo de juristas decía haber tenido también constancia de "diversos actos vandálicos que se han producido en la puerta del domicilio de los menores (pegada de carteles, destrozo de cerraduras, etc) suponemos que con el objetivo de amedrentar o coaccionar a dichos menores, o a los trabajadores del centro, y que se vayan de allí". En la denuncia también se aludí, por otra parte, a "numerosos vecinos que han mostrado la necesidad de acogida y además de ofrecer su solidaridad con los menores migrantes, les han propuesto como merecedores del reconocimiento de todos los derechos que ampara la tutela de la Junta", como también informó este diario.

La denuncia entendía, en contra del criterio que ahora mantiene la fiscal, que "el único motivo que por parte de determinados sectores quieren expulsar a estos menores del barrio es por un motivo racial, es decir, que podrían alentarse en la ciudadanía hechos y acciones que promueven delitos de odio contra estos menores". "Estos menores podrían ser víctimas de delitos de odio contemplados en el Código Penal", señalaba.

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