Las administraciones, los partidos políticos, los sindicatos o las organizaciones empresariales tienen la obligación de ser transparentes. La ciudadanía se hace preguntas que, hasta hace solo unos años, tenían difícil respuesta por parte del sector público o simplemente nunca llegaban, pero ahora debe estar al alcance de todos. ¿Cuál es el sueldo del equipo de Gobierno de mi Ayuntamiento? ¿Qué procesos de selección de personal se están llevando a cabo en mi Diputación? ¿Qué indemnizaciones perciben los altos cargos de mi comunidad autónoma cuando cesan en el cargo público? ¿Qué procedimiento se utiliza en los contratos públicos? ¿Qué personas han resultado beneficiarias de ayudas públicas? ¿Cuánto dinero público se gasta en campañas de publicidad institucionales?
Toda esa información debe estar publicada obligatoriamente en los portales: (la denominada publicidad activa) y, en cualquier caso, los ciudadanos pueden solicitarla. Las leyes que regulan esta materia parten de la premisa de que el dueño de la información pública no es ningún gobierno, sino el pueblo que elige a sus representantes. Pero el camino hasta llegar a esa realidad no ha sido fácil. Abrir las puertas de inmensas bases de datos fue una tarea de difícil digestión, pero ya no tiene vuelta atrás: el acceso a la información pública es un derecho fundamental y una herramienta que lucha contra la desigualdad.
La Administración no tiene que tener ningún secreto en lo público, salvo en lo especialmente protegido como la seguridad nacional, la defensa, el secreto profesional o la propiedad intelectual. Hasta ahora, hemos sido espectadores de cómo el sector público guardaba sus datos como si fueran exclusivamente suyos, pero eso ha cambiado: la información pública es de todos y la cultura de la transparencia es un hecho.
La ciudadanía exigía un cambio de actitud en los políticos, en la forma de gestionar los asuntos públicos y pedía más transparencia. Las instituciones adolecían de falta de confianza ciudadana pero ahora ser transparente es una obligación de la que no puede librarse nadie. Ya no existen pretextos o excusas para no cumplirla y la administración ya no puede continuar en las tinieblas.
Una reclamación cívica
La transparencia es una reclamación cívica, que ha permitido que la información pública sea de libre acceso. Primero, porque es de todos, porque es propiedad de la ciudadanía que la Administración General del Estado, la Comunidad Autónoma o el Consistorio sólo custodia. Y segundo, porque cualquier ciudadano tiene derecho a saber en qué y cómo se gastan sus impuestos o lo que una administración guarda sobre él y sus bienes.
El ciudadano puede pedir todo tipo de información pública, sin necesidad de motivar su petición. Las normas en esta materia aspiran a una máxima: recuperar la confianza de la ciudadanía hacia la acción del Gobierno, que tome las riendas de lo público, que sea el que controle.
El factor determinante
¿Cómo se fraguó la nueva normativa sobre esta materia? La ley estatal y las de las comunidades autónomas se redactaron en medio de un ambiente de corrupción y desconfianza inusitados hasta esa fecha, y a los políticos y responsables de las administraciones se les exigió mostrar transparencia en su gestión. Se redoblaron las exigencias de integridad ante un país en el que todo lo llenaba la financiación ilegal de los partidos políticos, la prevaricación, la desviación de caudales públicos, los sobresueldos, las cajas B... El ambiente se dibujaba irrespirable. Vivíamos, y vivimos, en un tiempo de desafección ciudadana, de excepcionalidad política, en el que es imprescindible reparar esa confianza.
Por tanto, la transparencia se hizo y sigue siendo necesaria y absolutamente fundamental para tener un buen gobierno, unas instituciones eficaces y una democracia de calidad. La transparencia mejora el escrutinio, permite rendir cuentas y previene las prácticas corruptas. Es una herramienta que, bien usada, ha conseguido logros que antes parecían imposibles, pero también debemos entender que no es, sin embargo, una varita mágica que cambie radicalmente la democracia haciéndola más eficaz y responsable.
Eso sí, se configura como un instrumento de prevención del despilfarro y de las decisiones imprudentes. Es un instrumento real de aumento de la participación ciudadana. Las instituciones no pueden ocultarse detrás de códigos cifrados; justo al contrario, deben estar expectantes a la interacción con la ciudadanía. En una democracia adulta, los ciudadanos pueden y deben participar de la construcción de lo público y para ello el primer paso es contar con canales de acceso a toda la información de la acción pública.
La transparencia constituye una pieza fundamental para el establecimiento de una sociedad avanzada. Es inherente a la democracia. Es un instrumento que permite que la democracia sea más real y efectiva.
La transparencia en las instituciones y el acceso a la información pública debe ser una política transversal que rija la acción de un Gobierno y las relaciones con la ciudadanía. Y ello sólo se consigue imprimiendo en las instituciones una nueva cultura política. El dueño de la información pública ya no es el Gobierno, sino los ciudadanos.
Corresponsabilidad ciudadana
Se buscan administraciones abiertas, accesibles y permeables. Cuanto más transparente sea su actividad y mayores sean los mecanismos de control de los ciudadanos sobre ellas, y mejor valorada estará en su ejercicio de función pública. El control en manos de los ciudadanos es un poder extraordinario, pero también una responsabilidad. La sociedad debe tomar conciencia de su papel de corresponsabilidad, asumiendo ese nuevo rol de examen e inspección.
La transparencia ha de ser entendida como elemento esencial de la vida política que debe impregnar cada una de las acciones que se realizan en la actividad pública, como instrumento generador de confianza y de afianzamiento de nuestras instituciones. La transparencia ha llegado para quedarse.
