El TSJA abre diligencias previas a los aforados en los ERE frente a la petición de la Fiscalía
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) se ha declarado competente de forma provisional para mantener la línea de investigación del caso de los ERE en la parte que afecta a los aforados autonómicos y no atiende al criterio solicitado por la Fiscalía Superior. Apenas unas horas después de conocerse que la Fiscalía pedía que la parte de la causa en la que aparecen cuatro exconsejeros volviera al juzgado de Alaya, la Sala Civil y Penal del TSJA ha acordado la apertura de diligencias previas y ha designado como instructor de la misma a Miguel Pasquau, único titular actualmente en plantilla de esta Sala, a quien pasarán las actuaciones.
Aunque no estaba en sus previsiones, el TSJA se ha visto obligado a pronunicarse en los ERE y a adoptar esta decisión de apertura de diligencias tras el dictamen de la Fiscalía Superior, a pesar de que había advertido que iba a importunar “lo menos posible” en período preelectoral. Lo hace y se moja: “No puede sostenerse que resulte manifiestamente infundada la atribución de posible responsabilidad penal (en concreto por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos) a los cuatro aforados”, dice el TSJA en el auto emitido este lunes “sin perjuicio de lo que depare un análisis exhaustivo de las actuaciones”.
Los aforados “en el ámbito de sus funciones como cargos públicos de la Administración de la Junta participaron en un nivel u otro en la toma de decisiones sobre la creación, financiación, mantenimiento y aplicación” de un sistema que “indiciariamente han supuesto un indebido beneficio económico para algunos particulares y empresas”. Por ello no procede el archivo de las actuaciones y, según añade, “es preciso pronunciarse sobre el criterio sostenido por el Ministerio Fiscal”.
A este respecto, el alto tribunal entiende que debe declararse “provisionalmente competente” por cuanto las acusaciones y los aforados señalados en la exposición razonada “no pueden verse privados de solicitar la práctica de cualquier diligencia que resulte útil para la investigación”, lo que no podrían hacer ante el juzgado instructor dirigido por Mercedes Alaya. Dicho juzgado carece, de momento, de toda competencia para actuaciones directamente enfocadas a la investigación de la participación concreta de los todavía aforados, argumenta al alto tribunal andaluz en un comunicado.
La Sala explica que así lo reconoce el propio Ministerio Fiscal en su dictamen al decir que dicho juzgado habría de continuar con la instrucción “una vez pierdan su condición de aforadas las personas señaladas en la exposición razonada”. De lo contrario, los afectados se encontrarían “en un limbo”, apuntan fuentes judiciales sobre el hecho de que la Fiscalía se había situado temporalmente en un punto que no se había producido aún. Es más, algún aforado como Francisco Vallejo ya se había personado y solicitado el sobreimiento provisional.
Que Alaya valore la formación de piezas separadas
El TSJA reflexiona también sobre las ventajas e inconvenientes de la apertura de piezas separadas, si bien acuerda “estar al mayor conocimiento y comprensión” de todo lo actuado y remitido por el juzgado, a efectos de que el instructor valore “con detenimiento y profundidad la existencia o no de conexión material inescindible, que aconseje evitar la ruptura de la continencia de la causa o, por el contrario, la razonabilidad de la apertura de piezas separadas”, respondiendo de esta forma también a las reiteradas peticiones al respecto del Ministerio Fiscal“.
Por último, la Sala acuerda dar traslado al fiscal y a la representación del PP de la petición de uno de los aforados del archivo de las actuaciones así como la petición subsidiaria de aceptar la competencia de la Sala y proceder al inicio de la tramitación con citación a declarar y evitar toda dilación injustificada.
La Fiscalía Superior de Andalucía había pedido este mismo lunes al TSJA que no se declarara competente para investigar a los aforados andaluces implicados en el caso de los ERE (los exconsejeros Aguayo, Ávila, Vallejo y Recio) y que la causa respecto a ellos fuera devuelta “sin más dilación” al juzgado instructor de Mercedes Alaya.
