Una plataforma de usuarios protesta contra el “desmantelamiento” de la unidad de transexualidad de Málaga
La aplicación de la Ley Integral de Transexualidad andaluza no gusta a algunos de sus destinatarios finales, los transexuales. Una plataforma creada en Málaga se concentra este viernes ante la Delegación de Salud para protestar contra el “desmantelamiento” de la Unidad de Transexualidad e Identidad de Género (UTIG) del Hospital Regional. Creen que es un error suprimir la asistencia integral y multidisciplinar (psicólogo, endocrino y cirujano), advierten de los riesgos de derivar la atención psicológica a la Atención Primaria, y protestan por no haber sido tenidos en cuenta durante la elaboración de la norma. Sus quejas se suman a las formuladas por la asociación ATA-Sylvia Rivera pero tienen un sentido opuesto.formuladas por la asociación ATA-Sylvia Rivera
El desacuerdo tiene su origen en la interpretación y aplicación de dos criterios que inspiran la nueva ley: autodeterminación y despatologización. Para ATA, la aplicación de la norma vulnera esos principios; para la Plataforma PADIG, que agrupa a usuarios de la UTIG de Málaga, se va demasiado lejos por una interpretación errónea de la despatologización: “Ser transexual no puede ser contemplado en el siglo XXI y en la sociedad que vivimos como una enfermedad y menos aún como una enfermedad mental (…) Pero nosotros precisamos del Servicio Público de Salud para nuestro tratamiento y seguimiento, que es de por vida, y desde ese momento, nos guste o no nos guste, pasamos a ser pacientes del Sistema de Salud”, explican en un comunicado.
PADIG cree que derivar el tratamiento al médico local no especializado pone en riesgo la salud. No conciben un tratamiento de reasignación de sexo si no combina el asesoramiento y apoyo psicológico y la actuación de un equipo de endocrinólogos como paso previo al tratamiento quirúrgico, “de consecuencias irreversibles”. “¿Quién nos garantiza la continuidad del seguimiento integral especializado que hasta ahora hemos recibido de la UTIG?”, se preguntan en el comunicado. Jennifer Cortés, la portavoz de PADIG, explica que esos médicos “han adquirido la experiencia no sólo técnica, sino humana” para su tratamiento.
Con la aplicación de la ley desaparece la atención psicólogica previa a la intervención, “al entender que no padecen enfermedad mental”, aunque éstos pueden solicitar la atención psicológica en cualquier momento “si así lo desean”, explica el SAS. Esto tiene partidarios y detractores. La Plataforma es partidaria de que un psicólogo acompañe siempre un proceso que no tiene vuelta atrás: “Con la nueva ley prima la autodeterminación de la persona, lo que diga el paciente tenga la edad que tenga, sobre la salud”.
“A una persona con 16 años le meten un tratamiento hormonal que a los seis meses es irreversible porque se atrofian los genitales”, explica su Cortés. Asegura que ha conocido personas que se han suicidado porque “no tenían claro lo que sentían” y alerta de la responsabilidad que se carga sobre los endocrinos. El tratamiento psicológico podía extenderse durante estos años a los familiares de los transexuales, que atraviesan un proceso para el que no todos están preparados. “Los psicólogos hacen que nos sintamos más seguros”.
El caso de Jennifer Cortés
El caso de Jennifer CortésJennifer Cortés no se llama Jennifer Cortés. Es la persona tras una máscara que aparece en este vídeo explicando su historia: “Si ves el vídeo entenderás por qué. Me ha costado 12 años empezar a recuperar a mi familia”. Su padre la arrastró, con cuatro años, a que el peluquero le rapara el pelo. En su momento se vio sola, sufrió palizas, se sintió humillada en su pueblo y huyó de casa. Fue operada en 2006. Hoy está satisfecha y segura, está recuperando a su familia, pero cree que la guía y el apoyo psicológicos que recibió antes y después de la operación es determinante.
Este mismo jueves, Cortés acudió a un psicólogo del centro de salud local, no a quien la ha atendido durante todos estos años. Fue a contar un caso de acoso laboral. Asegura que volvió a casa llorando. La psicóloga le insistió en varias ocasiones para que le diese su nombre: “Ya te lo he dicho”, replicó ella. “No, no, tu nombre anterior”, insistió la psicóloga, que vinculó la situación laboral con su transexualidad. “Me ha dicho que si no le digo el nombre no lo tengo superado, y me pide que para la próxima cita le lleve fotos de cómo era antes. Me ha dicho que estoy traumatizada y que debo ir al pueblo a superarlo”, asegura. Cortés cambió su partida de nacimiento en 2007: “Yo soy una persona normal y paso desapercibida. Es una humillación. Yo quiero que me atiendan como una persona, y no como 'una persona que ha pasado por…'”.
El proceso legislativo
El proceso legislativoLa Junta de Andalucía ya ha remitido cartas informando de la desprogramación de citas con el psicólogo, en las que admitía que esos cambios podían generar “malestar”. En esas cartas, firmadas por el director del Hospital Regional, el Servicio Andaluz de Salud comunica que en el supuesto de necesitar “acompañamiento psicológico” los usuarios podrán recibirlo en la Unidad de Salud Mental más cercana. Sin embargo, en respuesta a este medio, el SAS asegura que se mantendrá el número de consultas y “los mismos profesionales de alta cualificación”, y que quien pida seguir siendo atendido en Málaga podrá continuar. Cortés asegura que muchos usuarios le han comunicado que ya han sido rechazados.
La UTIG de Málaga es la primera de este tipo en España y funciona desde 1999. Ha atendido a unos 1.500 usuarios venidos de todo el país y ha servido de referencia para otras unidades. En 2013 se vio envuelta en una polémica por las quejas de varios usuarios, respaldadas por ATA, que ha impulsado la descentralización durante el trámite legislativo. Se quejaban de que los tests vulneraban el principio de igualdad y eran vejatorios. Cortés cree que “cinco casos” no representan el funcionamiento de la unidad. Asegura que en 2014 se realizó una encuesta que reflejaba grado de satisfacción del 95%. La Consejería de Salud no ha respondido a la pregunta de si esa encuesta existe.
Los transexuales agrupados en la Plataforma denuncian que no se ha contado con su opinión y que su voz “se ha usurpado”. “En ningún momento nos hemos sentido tratados por la UTIG como personas trastornadas, sino protegidos. Nos ha tratado con respeto, dignidad y confidencialidad”, insiste Cortés, que lamenta que una ley pensada para reforzar esa protección pueda provocar el efecto contrario.
