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El Gobierno central mejora su negocio con los recortes a la dependencia en Aragón

El Estado obtiene un rendimiento positivo cada vez mayor de los recortes que comenzó a aplicar a la dependencia en 2012

Eduardo Bayona

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Los recortes en dependencia suponen un negocio cada vez mayor para el Gobierno central en Aragón, donde el año pasado los retornos que obtuvo vía impuestos y cotizaciones le aportaron una ganancia de algo más de 25 millones de euros mientras mantiene el sistema infradotado y obliga a la comunidad autónoma a hacer cada año un esfuerzo financiero mayor.

Aragón no es un caso aislado, ya que a nivel estatal ha obtenido unos beneficios de 6.400 millones de euros en los últimos ocho años, desde que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero comenzó a aplicar unos ajustes que intensificó el de Mariano Rajoy y que el de Pedro Sánchez no ha paliado, aunque el planteamiento de los Presupuestos Generales del Estado rechazados por el Congreso apuntaban a un inicio de la recuperación.

Según recoge el XIX Dictamen sobre la Dependencia de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, el Gobierno central destinó el año pasado 36.014.381 euros a financiar el sistema de atención a la dependencia en Aragón, mientras que los retornos que obtuvo, básicamente por los ingresos en cotizaciones sociales, IRPF, IVA e Impuesto de Sociedades de las empresas y los trabajadores del sector, ascendieron a 61,2 millones.

Esa cifra supera con claridad (un 14,5 %) los 22 millones de euros de ganancia neta que obtuvo el año anterior por ese mismo procedimiento.

Cuatro a uno en lugar de 50-50

Esa desatención al sistema de la dependencia obliga a la comunidad autónoma a efectuar un esfuerzo financiero, ya que, mientras la legislación indica que ambas administraciones deben cubrirlo al 50 %, la realidad dibuja un panorama de cuatro a uno en detrimento del Gobierno de Aragón. Solo los recortes aplicados a partir de 2012 le han supuesto un quebranto de 109 millones de euros, según el dictamen.

Concretamente, los porcentajes de aportación de fondos públicos se situaron el año pasado en una relación del 79 % frente al 21 %, ya que mientras Madrid aportaba 36 millones el Pignatelli llegaba a los 138,6.

Esa situación, junto con los copagos que contempla la normativa, coloca a los usuarios y a sus familias a poca distancia de la Administración central como paganos del sistema, ya que en 2018 sus aportaciones alcanzaron los 31,77 millones de euros: un 15,4 % del total por un 17,4 % de Madrid y un 67,2 de la comunidad.

2.400 empleos en tres años

Pese a esa situación, o principalmente gracias al esfuerzo económico del Gobierno de Aragón y de los usuarios, el sistema de atención a la dependencia mejoró el año pasado casi todos sus registros en la comunidad: 3.529 personas atendidas más que al cierre del ejercicio anterior (29.146 por 25.617), 2.182 valoraciones más (42.117 por 39.935) y 1.812 reconocimientos de derecho a la prestación (35.146 por 33.334).

Sin embargo, también creció el número de solicitantes pendientes de valoración.

No obstante, según el dictamen, que recomienda “prestar atención” a ese dato, la tasa de desatendidos se sitúa por debajo de la media nacional. “Al ritmo de crecimiento de los últimos tres años, apenas tardaría 1,6 años en poder dar total atención a las más de 6.000 personas que aún están pendientes”, señala.

Los directores de servicios sociales consideran “destacable el singular esfuerzo realizado en favor de los servicios de proximidad tales como la ayuda a domicilio”, que incluyó 1.038 nuevos servicios y cuyo peso en el sistema alcanza ya el 10,6 % de la cartera de servicios.

Ese dato se encuentra muy lejos de la media estatal, que alcanza el 17,8 %, aunque el ritmo es intenso ya que su aplicación “era inexistente en la comunidad hace apenas tres años”. En ese periodo se han creado 2.400 puestos de trabajo en la atención domiciliaria que suponen dos de cada cinco ocupaciones del sector.

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