La CNT reclama en los tribunales los locales que el Estado lleva tres décadas negándole
El sindicato CNT (Confederación Nacional del Trabajo) mantiene abiertos dos pleitos con el Estado, uno en fase de recurso y otro en la de petición, para que le ceda el uso de locales en Zaragoza, una reclamación que el Gobierno central lleva tres décadas sin atender.
La central anarcosindicalista, que reclama en la Audiencia Nacional la utilización del edificio que entre 1936 y 2008 albergó el geriátrico de San Jorge y ha pedido formalmente la cesión de las hoy abandonadas oficinas de la Seguridad Social en la calle Andrés Gúrpide, combina la vía judicial con la okupación de locales.
La última escaramuza judicial de esta reivindicación tuvo lugar la semana pasada, cuando la Fiscalía y la Abogacía del Estado presentaron ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Zaragoza sendos escritos de acusación en los que reclaman multar con 1.080 euros, como presunto autor de un delito de usurpación de inmuebles, a P. A. V., el cenetista al que la Policía localizó hace unas semanas en las antiguas oficinas de la Seguridad Social del número 3 de la calle Andrés Gurpide, entre Las Fuentes y San José. Militantes de CNT las habían okupado a primeros de mayo de 2014 para instalar allí un centro social que, en esos meses, acogió numerosas reuniones de trabajo y asambleas de empresas.
La Seguridad Social pide también que el único acusado pague los 1.476,21 euros que reclama por los gastos de comunidad, agua y luz del tiempo durante el que el edificio permaneció okupado.
LA OKUPACIÓN DE UN EDIFICIO EN MAL ESTADO
Hace unos meses, un Juzgado de lo Penal absolvió a las once personas a las que la Policía localizó en el antiguo geriátrico de San Jorge unos días después de que CNT hubiera comunicado a la Delegación del Gobierno que, por entender que forma parte del Patrimonio Sindical Acumulado, pasaba a gestionarlo e iba a comenzar a acondicionarlo. “No consta que los acusados tuvieran conciencia de que okupaban de forma ilegítima el referido espacio”, señala la sentencia, que recuerda que el único motivo por el que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social denegó su cesión al sindicato fue que “el estado de conservación del mismo lo inhabilita para el uso de oficinas”. Ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado recurrieron la absolución.
Mientras tanto, el sindicato mantiene abierto un pleito contra la Seguridad Social ante la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional para reclamar la cesión de uso de ese edificio, ubicado en el barrio de Delicias.
La Ley de Cesión de Bienes del Patrimonio Sindical Acumulado (PSA) distingue entre dos tipos de propiedades. Por una parte, las incautadas por el franquismo a las organizaciones sindicales y políticas y a personas vinculadas a estas, que debían serle reintegradas, ya fuera como tales o mediante una indemnización. Y, por otra, el patrimonio acumulado, que era el del sindicato vertical. Este último, según la normativa aprobada en 1986, había de ponerse a disposición de las centrales que superaran el 10% de la representación social en sus ámbitos de actuación, aunque también podía ser vendido, permutado o subastado. El geriátrico forma parte de este último.
“No estaría justificado el hecho de que a CNT no se le haya cedido ‘oficialmente’ el uso de ningún local en Zaragoza”, señala un dictamen elaborado por el abogado Ramón Campos. El informe admite que “no se incumpliría la ley si ante la falta de locales se diese preferencia a otros sindicatos” con mayor representatividad. Sin embargo, anota que, “existiendo inmuebles del Patrimonio Sindical Acumulado sin utilizar, la Administración debería conceder el uso del local a CNT”. “La finalidad de los bienes del PSA es la de que los sindicatos puedan llevar a cabo los fines que la legislación les atribuye y en ese sentido debe dirigirse su gestión”, añade.
SUBASTAS DESIERTAS
La Seguridad Social ha sacado a subasta en dos ocasiones el edificio del geriátrico, y en ambas quedó desierta la puja. El inmueble, construido en 1936 y cuya superficie supera los 3.200 metros cuadrados, fue inicialmente tasado en casi tres millones de euros. El precio de salida de la tercera subasta será de 2,1 y el de la cuarta, si llega, de 1,7.
El Estado podrá vender por adjudicación directa el edificio, cuya fachada no puede ser reformada por haber sido declarada de interés cultural, si nadie se hace con su propiedad en las dos próximas subastas.
La situación patrimonial de la CNT (Confederación Nacional del Trabajo) en Zaragoza es la prueba del nueve de la desproporción con la que los gobiernos de España han tratado a los perdedores de la Guerra Civil tras la muerte de Franco: un sindicato al que estaban afiliados 20.000 de los 150.000 habitantes que la capital aragonesa tenía en 1936, y cuyo implantación le llevó a llenó diez días seguidos la plaza de toros de la Misericordia durante el congreso nacional de mayo de ese año, lleva casi tres décadas reclamando sin éxito la entrega de bienes del Patrimonio Sindical Acumulado, al que sí han accedido centrales de menor tradición.
La CNT pasó de ser el principal sindicato en Aragón en la primera mitad de los años 30 a sufrir en la segunda mitad de esa década una brutal represión (la mayoría de los 4.000 fusilados en Zaragoza durante la Guerra Civil eran militantes de la central anarcosindicalista) que redujo su actividad a niveles testimoniales hasta los años 70.
