La Renta Social Básica de Aragón ayudará a 14.000 personas a cubrir sus necesidades mínimas
Tras diversas acusaciones cruzadas por la tardanza en la aprobación, por fin el Consejo de Gobierno ha dado la anuencia a la Ley de Renta Social Básica, una de las promesas electorales del PSOE. El objetivo es que entre en vigor antes de final de 2016 y, para ponerla en marcha, se invertirán alrededor de 37 millones de euros. Posteriormente se establecerá una aportación anual que rondará los 85 millones.
Habrá dos modalidades, una complementaria para aumentar los ingresos de personas que tengan sueldos por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI); el incremento generará ingresos entre los 622 y los 753 euros para una familia de dos miembros.
La otra variable será la renta de inclusión y protección social, que, a su vez, se divide en otras dos: por un lado una renta de entre el 30 % y el 60 % del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), que, desde 2010, se mantiene en 532,51 euros. A esta ayuda accederán las personas que no participen en los procesos formativos. Quienes sí acepten integrarse en este circuito de inclusión recibirán una renta que estará entre el 70 % y el 105 % del SMI.
Sustituye al Ingreso Aragonés de Inserción
La Renta Social Básica (RSB) sustituirá tanto al Ingreso Aragonés de Inserción como a las Ayudas de Integración Familiar. El primero atiende en la actualidad a unas 6.600 familias. Por tanto, según los cálculos del Ejecutivo autonómico, la RSB podría llegar a, aproximadamente, 14.000 hogares.
La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, apuntó que se trata de “una cuestión básica, subjetiva y de ciudadanía y consiste en dotar a la persona de unos mínimos recursos para vivir con dignidad”. La idea, explicó, “es avanzar en una sociedad más solidaria con los más débiles, acabar con la pobreza infantil y evitar que la pobreza se cronifique”.
