No pasa nada

Uno de los mantras más recurrentes del nuevo equipo de gobierno municipal de Zaragoza es el no pasa nada, acompañado de la sonrisa amplia y permanente que todo lo digiere y, en consecuencia, la política de hechos consumados en algunos casos. “It's Okay”.

Tumba el Tribunal Superior de Justicia de Aragón el Plan especial para construir un “macrooutlet” comercial y de servicios en suelo industrial en la carretera de Logroño, “La Torre Outlet” de Zaragoza, y ni la más mínima autocrítica aunque solo sea por consideración a los ciudadanos.

Cuando se emite el fallo han pasado siete años de la presentación del recurso de la Federación de empresarios de comercio y servicios de Zaragoza y provincia (Ecos), y el de otras organizaciones sociales y vecinales, cuatro del fallo judicial en primera instancia calificándolo de nulo de pleno derecho, y tres de la apertura del “macrooutlet”, una gran tienda en la que se venden productos de marcas que están fuera de temporada o tienen alguna tara. 

Cuando llega la sentencia judicial firme ya no hay marcha atrás (la gran inversión, la construcción y los empleos ya son una realidad inamovible) pero es que, además, “nosotros lo habíamos arreglado modificando el Plan General de Ordenación Urbana en 2019”. Palabras del teniente de alcalde de Urbanismo, Víctor Serrano, hablando en nombre del PP y de Ciudadanos, para justificar una modificación a la carta para cambiar los usos del suelo que también está judicializada y pendiente de sentencia del TSJA. “It´s Okay”.

En la sentencia firme del TSJA declarando la nulidad de pleno derecho se lee que el citado Plan especial “puede efectuar modificaciones en la ordenación del Plan General pero sin alterar las limitaciones de uso”. Tanto el secretario general de Ecos, Vicente Gracia, como el presidente de la Federación de Barrios, Manuel Arnal, coincidieron en que se había retorcido la ley para que los usos comerciales fueran dominantes en unos suelos calificados de uso industrial.

Según los datos de Ecos, en los últimos 14 años se han cerrado en Zaragoza y su provincia alrededor de 3.000 negocios comerciales, que achacan en parte al urbanismo a la carta. La capital aragonesa es una de las grandes ciudades con más metros cuadrados por habitante en usos comerciales de España. Esto puede explicar que desde hace meses los promotores de “La Torre Outlet”, el Grupo Pikolin, estén buscando compradores y que el área comercial de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza) haya tenido que reconvertirse por falta de rentabilidad.

La sentencia del TSJA demuestra que faltó seguridad jurídica en la tramitación administrativa como también lo hizo en otro caso no tan lejano en el tiempo, el del centro comercial de la estación de Utrillas, recurrido también por Ecos y varias organizaciones sociales y ciudadanas. Todavía continúa pendiente de ejecutar la sentencia firme del Tribunal Supremo de 2015 que, como tampoco hubo marcha atrás, condena al ayuntamiento de Zaragoza a resarcir al tejido comercial de los barrios  por saltarse la legalidad.

La inseguridad jurídica ha sido precisamente el argumento con el que la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha querido responsabilizar primero a la izquierda en general, después a Podemos en particular que interpuso el recurso ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA), de la intempestiva marcha atrás de la Sociedad Anónima Real Zaragoza en su compromiso de financiar íntegramente la nueva Romareda a cambio de la explotación deportiva y comercial del estadio durante 75 años.

Sin esperar al fallo del recurso municipal interpuesto ante el TSJA, la alcaldesa se ha atrevido a dudar públicamente una y otra vez de la independencia y del rigor de los integrantes del TACPA, cualificados juristas y profesionales del Derecho, atribuyéndoles connivencia con el anterior Gobierno por haber cuestionado en defensa del interés público la legalidad del contrato.  

El nuevo campo de fútbol es el gran proyecto del equipo de gobierno municipal que se ha mimetizado con la Sociedad Anónima Real Zaragoza, en algunos momentos con descaro por su utilización en campaña electoral, apropiándose del sentimiento zaragocista que es plural.

Del no va a costar ni un euro de dinero público se ha pasado en pocas semanas a la constitución de una sociedad mixta, mayoritariamente pública, que tendrá que convencer a los ciudadanos que el nuevo campo de fútbol es de interés público y conseguir que sea una realidad en 2028. 

Hasta un 66% de los 80 millones de euros barajados serán de fondos autonómicos y municipales. Después de más de 20 años de iniciativas frustradas, ojalá esta vez sea la definitiva bendecida por los interventores del ayuntamiento de Zaragoza y de la comunidad autónoma.