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El precio de la educación

El gobierno de la nación acaba de aprobar una dotación no reembolsable para las comunidades autónomas de 16.000 millones, en la que plantea la expresa condición de destinar 9.000 millones a sanidad y 2.000 millones a educación pública.

Afirma Nuccio Ordine que la lógica del beneficio mina por la base escuelas, universidades, centros de investigación, laboratorios, museos, bibliotecas, archivos… y las disciplinas, tanto humanísticas como científicas, cuyo valor debería de coincidir con el saber en sí, independientemente de la capacidad de producir ganancias inmediatas. En “La utilidad de lo inútil”, el pensador italiano expone que el saber puede desafiar las leyes del mercado, puesto que enriquece tanto a quien da como a quien recibe. Una excelente lectura el profesor italiano, sobre todo para quien acaba de afirmar que los costes para rebajar las ratios en las aulas son inaceptables, pandemia aparte.

No conozco educador alguno que encuentre beneficios al trabajo a distancia con sus alumnos salvo que las circunstancias no lo permitan; sin embargo, el esfuerzo realizado ha sido grandioso: reinventarse como docente, facilitar a los alumnos plena disposición, poner al servicio del propósito todos los medios personales a su alcance… Creo que todo este empeño merece un mejor reconocimiento que una visión cicatera y mercantilista de la educación.

Si hemos de atender a la situación actual, todos los expertos en epidemiología coinciden al menos en una cuestión: la distancia social es uno de los medios más eficaces para prevenir los contagios. Si escuchamos a los competentes en educación, el número de alumnos por aula es un índice claro de la calidad de la educación. Nos encontramos pues ante una excelente oportunidad para conjugar ambos principios, para sacar resultados positivos de una situación desfavorable. Superar la crisis sanitaria ante la que nos hallamos y salir de ella con mejoras importantes en nuestro sistema educativo es una oportunidad que estamos obligados a acometer, pero además nos hallamos ante un compromiso adquirido con anterioridad; un acuerdo asumido y pendiente de cumplimiento.

Que la escuela juega un papel importante en la conciliación de la vida familiar y laboral es una realidad tan evidente como lo es el hecho de que este principio no debe de condicionar la actividad educativa, sino más bien al contrario. La escuela es algo más que un lugar destinado a depositar a niños y niñas durante una serie de horas al día, la escuela debe desempeñar su labor esencial que es la de formar ciudadanos ilustrados, activamente críticos y preparados para la vida adulta y a este fin debe de dirigir sus esfuerzos todo gobernante sensato. Considerar el sistema educativo en términos de coste es un error mayúsculo, monumental. Lo verdaderamente oneroso para una sociedad es sentar las bases de desigualdad, acercar a lo imposible el principio de igualdad de oportunidades y condenar a los más débiles de sus miembros a la precariedad social y económica. Azaña señalaba con la lucidez de un gran estadista, que una administración infradotada era un dispendio público y apostaba por dotarla de los mejores recursos y los más excelentes de los medios humanos. Regatear en la financiación de los servicios públicos es una veleidad que no podemos permitirnos y solo demostraría que no hemos sido capaces de aprender nada de los acontecimientos que nos han asolado.

El gobierno de la nación acaba de aprobar una dotación no reembolsable para las comunidades autónomas de 16.000 millones, en la que plantea la expresa condición de destinar 9.000 millones a sanidad y 2.000 millones a educación pública. Lambán expresó su discrepancia, hemos de entender que a los criterios de reparto pero no a las condiciones, salvo que sus admoniciones sobre el coste de la escuela rural (¡una vez más!) supongan una crítica.

El acuerdo para la estrategia de recuperación económica y social firmado por todos los partidos menos los ínclitos representantes de la extrema derecha establece en su medida 110 la disminución de ratios en las aulas, una medida por otra parte ya adoptada por las cortes en legislaturas precedentes. ¿A qué se deben entonces las palabras del presidente de las que se deduce un negro futuro para la aplicación de esta medida? ¿Es un intento de llamar la atención, de notoriedad, de hacer notar sus opiniones sobre lo elevado del coste de la enseñanza? ¿Es un lapso motivado por su empeño, tan loado por algunos, en mantener su diatriba con el gobierno de la nación, cuya coalición encabeza su propio partido? ¿Qué parte del gobierno de la nación disgusta más a Lambán, la que forma su propio partido o la del otro socio de la coalición? Pero son cuestiones banas; la principal pregunta es por qué siembra dudas sobre un acuerdo recién rubricado con pompa y boato, por qué no cumple acuerdos firmados y supuestamente asumidos con mucha anterioridad. Y sobre todo, quién va a reclamar a tan abonado presidente el cumplimiento de los acuerdos. La responsabilidad de esta tarea recae sobre todas las formaciones políticas que rubricaron el acuerdo, sin duda. Pero quizá el débito recaiga con más fuerza en quienes conforman gobierno con él…

“Los aduladores destruyen los ojos de los vivos”, afirmaba el estoico Epícteto de Frigia. Quizá tantas loas desde conspicuos próceres de la derecha española hayan cegado el criterio presidencial, quizá su inclusión en “Gobiernos de Salvación Nacional” hayan alterado su visión hasta llevarlo a desdeñar acuerdos tan reciente firmados. Pero es tiempo de vuelta a la realidad. Los pactos obligan si se quiere mantener la credibilidad. Y la apuesta por la escuela pública debe de ser resuelta y concluyente. Para la actualidad y para el futuro.

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11 de junio de 2020 - 06:50 h

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