La situación de los menores migrantes en Huesca se traslada al primer plano político

La situación de los menores migrantes en Huesca ha saltado en las últimas semanas al tablero político. La acogida desde el pasado verano de un grupo de jóvenes en el centro que tutela una entidad sin ánimo de lucro a través de un concierto con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) ha estado trufada desde entonces de críticas, con el punto de inflexión de las detenciones de cuatro de ellos por la agresión a un hombre de 39 años el pasado 28 de noviembre. El Ayuntamiento y la consejería de Ciudadanía y Derechos Sociales ya han analizado la situación de forma conjunta después de que la subdelegada del Gobierno, Isabel Blasco, tensase la cuerda hablando de un “problema de convivencia y coordinación” entre ambas instituciones.

La citada agresión, por la que cuatro de estos menores fueron detenidos por la Policía Nacional por delitos de lesiones, llevó al Consistorio a reaccionar ante las muestras de preocupación e inseguridad “trasladadas por algunos vecinos, sin que por ello se quiera encender una alarma social, de lo que los grupos municipales se encuentran concienciados”, señalan fuentes del Ayuntamiento, quienes rechazan “de plano” cualquier posible relación entre la presencia de los menores migrantes “y un incremento de la actividad delictiva; es un factor imposible de delimitar. No creemos que eso ocurra”. También se insiste en evitar que “se conviertan en un arma arrojadiza política”.

Sin embargo, el equipo de gobierno ha pedido al IASS que valore la “idoneidad, ubicación y la forma de gestión” del centro de acogida, que se ubica en el Casco Viejo y del que ya se ha prescindido de cinco de sus trabajadores. El alcalde, Luis Felipe, se ha reunido ya con el gerente del IASS, Joaquín Santos, y con representantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para analizar la situación. La concejalía de Seguridad Ciudadana, encabezada por Ana Loriente, ha remitido una carta a la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, María Victoria Broto, en la que se le pide que se valore “la idoneidad del dispositivo asistencial, la ubicación y la forma de gestión de este recurso por la entidad responsable de la prestación”.

Asimismo, se ha solicitado al Gobierno de Aragón que la unidad adscrita de la Policía Nacional especializada en menores asuma la vigilancia del centro de acogida. El Ayuntamiento de Huesca no posee una competencia directa sobre los migrantes pero ha incrementado la vigilancia, se está mejorando la iluminación y se van a instalar sistemas de videovigilancia en el entorno del citado centro, cuya ubicación precisa no se facilita por motivos de seguridad. Fuentes de la Policía Nacional también restan importancia a este suceso, que une a la pelea de hace unas semanas en plena calle y a otros de menor calado: “No detectamos una peligrosidad especial ni en nuestro trabajo diario ni en la calle”.

Felipe, mientras ha solicitado a la delegada del Gobierno en Aragón, Carmen Sánchez, la puesta en marcha de un encuentro interinstitucional en la capital oscense con la asistencia del propio Ayuntamiento, la consejería de Derechos Sociales y la delegación del Gobierno en Aragón. Se pretende contar también con la Fiscalía de Menores, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y las entidades responsables de la gestión de los centros de acogida.

De entre el resto de grupos municipales, Con Huesca es el que descarta con más fuerza que se trate de una situación de alarma social. Son, a juicio de su concejal Óscar Sipán, “hechos puntuales” frente a los que hay que evitar “criminalizar a unos menores de edad”. “Puedes incrementar la vigilancia policial, mejorar la iluminación de algunas zonas e instalar muchas cámaras de videovigilancia, pero si no recuperas las políticas de Juventud e Infancia y no proporcionas alternativas de ocio a la población más joven, el problema seguirá allí”, ha recalcado Sipán.

Un grupo de unos diez menores migrantes de entre 8 y 13 años llegó el pasado verano a la capital oscense y sus responsables acordaron su traslado durante las Fiestas de San Lorenzo para tratar de evitar así un hipotético rechazo social derivadas de la presencia de estos menores en zonas de la ciudad donde se concentraba el ambiente festivo.