Las Cortes encargan a la Cámara de Cuentas chequear las cuentas de Aramón dos décadas después de su fundación

Las cuentas de las filiales de Aramón que gestionan las estaciones del hólding semipúblico aragonés del esquí van a comenzar a ser fiscalizadas por la Cámara de Cuentas cuando casi han transcurrido dos décadas desde que en mayo de 2002 el Gobierno autonómico, a través de la CEPA (Corporación Empresarial Pública de Aragón), e Ibercaja, entonces como caja de ahorros, lo constituyeron con sendas participaciones del 50%.

Hasta ahora, todos los ejecutivos autonómicos, los PSOE-Par de Marcelino Iglesias y José Ángel Biel, el PP-Par de Luisa Fernanda Rudi y el PSOE-Cha de Javier Lambán y José Luis Soro, habían rechazado cualquier posibilidad de responder a las preguntas parlamentarias y de cumplimentar las solicitudes de información de los diputados de la oposición alegando que Aramón no es una entidad pública al no superar el 50% la participación que tiene en ella la comunidad autónoma.

Sin embargo, el “Programa de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Aragón para el año 2021” que ese organismo ha remitido al parlamento recoge, entre las “actuaciones programadas por iniciativa de las Cortes de Aragón”, el chequeo de las cuentas y la actividad de Fomento y Desarrollo del Valle de Benasque, Formigal y Nieve de Teruel en los ejercicios de 2017 y 2018.

La primera de ellas explota la estación de Cerler y tiene una participación en Nieve de Castanesa, la promotora de la polémica ampliación del complejo ribagorzano por el sureste con el objetivo declarado de crear el mayor dominio esquiable de Europa; la segunda gestiona las de Formigal y Panticosa, en los valles del Aragón y de Tena, para la primera de las cuales también hay un proyecto de conexión con las cercanas de Candanchú (con la que comparte políticas comerciales) y Astún, y, por último, la tercera es la propietaria de Javalambre y Valdelinares, ambas en la zona sur de la comunidad.

Una actuación condicionada por el criterio de la cámara

Es decir, que la fiscalización abarcaría en la práctica tanto a los cinco negocios en explotación de Aramón como a sus principales proyectos de expansión si llega a materializarse.

Las tres empresas han sido incluidas en el programa de trabajo de la Cámara para este año, aunque sus responsables han incluido una salvedad en su presentación: “Esta actuación está condicionada a que la Cámara de Cuentas determine previamente si la fiscalización de esta sociedad entra dentro de su ámbito de actuación”.

Y para determinar si lo está hay que irse al artículo 2 de Ley de la Cámara de Cuentas, según el cual “integran el sector público de Aragón”, además de las administraciones autonómica y locales y sus organismos, todos aquellos “consorcios, empresas, fundaciones, asociaciones y demás entidades con personalidad jurídica propia en los que las entidades integrantes del sector público” de la comunidad “participen, directa o indirectamente, mayoritariamente en su capital, en su dotación fundacional o en la constitución de sus recursos propios, o financien mayoritariamente sus actividades, o tengan capacidad de nombramiento de más de la mitad de los miembros de los órganos de dirección, administración o control”.

El Ayuntamiento de Sallent de Gállego tenía una participación del 25% de Formigal como compensación por la concesión para explotar los terrenos de la estación antes de que esta absorbiera en 2017 a Panticosa, propiedad de Aramón bajo la fórmula de la unipersonalidad, mientras que las entidades locales también poseen acciones tanto en Fomento del Valle de Benasque como de Nieve de Teruel.

¿Socios de una entidad no pública o públicos y socios?

Los responsables de la Cámara de Cuentas deben ahora determinar si la participación de las administraciones supera por ese motivo el 50% en las filiales de Aramón y altera el equilibrio entre la comunidad autónoma y el banco en la matriz que mantiene la posición dominante.

Se trata, en fin, de una cuestión en las interpretaciones del derecho mercantil friccionan con la transparencia: si concluyen que esas entidades locales son socias de un accionista mayoritario privado llamado Aramón la conclusión será que la Cámara no es competente para fiscalizar a las filiales, mientras que sí quedará habilitada para hacerlo si el veredicto indica que la mayoría del capital es público al ponderar las participaciones en estas y en la matriz.

Una de ellas, Fomento y Desarrollo del Valle de Benasque, modificó a principios de este mes, en plena polémica por los avances en el proceso de expropiación de Castanesa, su objeto social, que ahora consiste en “el estudio, información, fomento y promoción de la construcción de hoteles y alojamientos turísticos y todas las actividades comerciales e industriales relacionadas con el desarrollo y servicio de la actividad turística” junto con “la ampliación, construcción, modernización, transformación de inmuebles”.

Una iniciativa de las Cortes de Aragón

La inclusión de esas tres sociedades en el programa de fiscalización responde a una iniciativa de las Cortes de Aragón, que también han impulsado las de sendos “análisis presupuestario, económico y financiero” del Servicio Aragonés de Salud y de Aragonesa de Servicios Telemáticos, una fiscalización ·financiera, operativa y de cumplimiento, especialmente de la actividad contractual y de la gestión de subvenciones“ en la Ciudad del Motor y la elaboración de un Informe sobre el grado de cumplimiento de los ingresos previstos (financiación autonómica, fondos finalistas, sectoriales…) en la comunidad autónoma, en los últimos cincos años, por parte de la Administración General del Estado”.

El organismo también fiscalizará la Cuenta General de la comunidad de 2020 y las actividades de la Corporación Aragonesa de Radio Televisión, el Instituto Aragonés de Fomento y los ayuntamientos de Zaragoza y de Huesca de ese mismo ejercicio.

Cierran el programa de actuaciones la fiscalización del ejercicio de 2019 en el sector público local aragonés y la elaboración de un “Informe especial Covid-19”.