El Gobierno de Aragón pide la declaración de zona catastrófica por el incendio de Tamarite y anuncia ayudas a los afectados
El Gobierno de Aragón ha aprobado este lunes, en un Consejo de Gobierno Extraordinario, la solicitud al Estado de la declaración como 'zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil' —conocida popularmente como 'zona catastrófica'— para las áreas afectadas por el incendio forestal declarado el pasado jueves entre los términos municipales de Tamarite de Litera y Alcampell, en la Comarca oscense de La Litera. En cuanto a las ayudas para los afectados, se aprobará una orden en cada departamento en función de las necesidades cuando se evaluen los daños.
De atenderse esta petición, las ayudas a los afectados las abonarían a medias el Gobierno de Aragón y el de España, que “habitualmente suele responder”, aunque en el caso de las riadas de Cuarte de Huerva (Zaragoza) no declaró la zona catastrófica y lo tuvo que asumir todo la Comunidad Autónoma, ha informado el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, en la rueda de prensa posterior al Consejo.
En cuanto a la situación actual del incendio, ha indicado que el operativo Infoar está actualmente “en labores de refresco” para evitar “posibles rebrotes” en algunos puntos, como sucedió este domingo. La previsión, aunque “hay que ser muy prudentes”, es que “en dos o tres días” se dé por extinguido.
Los bomberos tienen también que estar “muy atentos” después de que este domingo se produjeran “bastantes tormentas”, ya que la afecciones de los rayos se suelen manifestar “dos o tres días después”. Según datos de Copernicus, satélite de la UE, el área interna del perímetro está por encima de las 4.000 hectáreas, que se alcanzó “prácticamente en tres horas”.
Bermúdez de Castro ha respondido al PSOE, que este domingo pidió un decreto-ley a este respecto, y le ha recordado que “no hace falta” porque el año pasado se aprobó “un decreto paraguas” por el que sólo es necesario una orden de cada departamento en función de sus necesidades, para lo que se pondrán en contacto con los diferentes ayuntamientos para ver qué pérdidas económicas han tenido, logrando una “mayor agilidad”.
Unos daños que ha acotado a “daños materiales de los agricultores”, a los que responde Agroseguro, si bien el Departamento de Agricultura actuará “en algún tema puntual” para ayudar a los profesionales del campo. También se les pagará el gasoil a agricultores y voluntarios que hayan ayudado en las labores de extinción, y se está “mirando” si algún bar, restaurante o comercio ha sufrido algún daño.
En el ámbito medioambiental, el Gobierno autonómico se hará cargo, “como se ha hecho siempre”, de la mejora de los montes y bosques quemados. En este caso, la gran mayoría de las hectáreas quemadas eran agrícolas y la forestales —menos del 20%—, principalmente pinares, serán restauradas.
El consejero ha recalcado que es pronto para cuantificar las ayudas y sería “tirarse a la piscina”, ya que todavía no se sabe “qué tipo de daños ha habido”. “Esto no es una riada que se ha llevado puentes y hay que reponer carreteras, no es una riada que se ha llevado caminos del Gobierno. Esto no es una riada que se ha llevado casas enteras como pasó en Azuara”, ha precisado, abogando por “hacer las cosas con calma y sin precipitarse”.
En todo caso, “si a alguno se le ha quemado la casa, si ha habido algún bien inmueble afectado, se le compensará”, aunque no tienen constancia de que se haya calcinado nada más que “alguna paridera” o “alguna nave con grano” y de las cosechas sin recoger se hará cargo Agroseguro.
Quejas de las organizaciones agrarias
En relación a las quejas de las organizaciones agrarias por la declaración de la alerta rojo plus por peligro de incendios forestales, que prohíbe entre otras cuestiones cosechar en estos días, Bermúdez de Castro ha señalado que, tras la “polémica” surgida el año pasado cuando se activó, este año se modificó el decreto, que incluye “una flexibilización de la alerta”, y que “son decisiones técnicas, no políticas”.
En cualquier caso, ha insistido en que el Gobierno de Aragón tiene que “preservar las vida humanas, preservar las situaciones de alta emergencia y cualquier persona que hubiera estado en nuestro papel el jueves por la tarde hubiera hecho exactamente lo mismo, porque era una situación compleja”. Es más, ha recordado que la complejidad iba más allá de Aragón, ya que había incendios forestales en Cataluña, en la provincia de Castellón, en Castilla y León o en Navarra, que pidió ayuda y no se le pudo ofrecer.
Así, ha subrayado que debían poner “en una balanza” la pérdida de unos días de cosecha, pese a “todo lo que sufren los agricultores”, con la situación de “ola de calor tremenda”, con temperaturas de más de 35 ó 40 grados, un viento sur “tremendamente seco” o un monte “muy seco”, y tomar una decisión pensando en el interés general.
Sobre la posibilidad de aprobar ayudas para los agricultores por la prohibición de cosechar, ha insistido en que sólo han sido 48 horas y ha apuntado que “en la oposición es muy sencillo pedir dinero para todo”. “Que me digan que tenemos que compensar, que me digan qué baremos tenemos que utilizar. Cuando uno hace una propuesta de gasto, me tienen que decir qué pretende que paguemos y de dónde saco el dinero”, ha sentenciado.
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