El Gobierno de España asume la segunda fase de la elevación de aguas del Ebro a Andorra
El Gobierno de España se ha comprometido este lunes a asumir la segunda fase del proyecto de elevación de aguas del Ebro a Andorra. Es uno de los acuerdos que se han alcanzado durante la reunión de la Comisión Bilateral de Cooperación Aragón-Estado. Antes de partir hacia Bruselas para la defender la necesidad de fondos europeos para el corredor Cantábrico-Mediterráneo, el presidente aragonés, Javier Lambán, ha saludado a la ministra de Política Territorial y Funcion Pública, Meritxell Batet, que encabezaba la delegación estatal.
El consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, Vicente Guillén, ha apuntado que el proyecto de elevación de aguas a Andorra “es imprescindible para el desarrollo industrial y también para los regadíos sociales previstos en esta comarca, sobre la que en los últimos días se ha precipitado el anuncio por parte de Endesa del cierre de la central turolense”. Ha recordado previamente que la primera fase de la elevación de aguas a Andorra supuso una inversión de 22 millones de euros que la segunda requiere otros 20 millones de euros, aunque hasta ahora el proyecto llevaba más de diez años pendiente de desarrollo.
La ministra Meritxell Batet ha subrayado que la asunción de la segunda fase de la elevación de aguas a Andorra por parte del Gobierno de España demuestra “su compromiso con esta zona de Teruel”. Ha señalado, además, “que el Gobierno quiere dar la máxima urgencia a este proyecto y que su ejecución a través de Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas de España, S.A., ACUAES, agilizará las obras al no ser necesarios acuerdos presupuestarios”.
La redacción del proyecto de elevación de aguas del Ebro a Andorra ha sido realizada por la Administración autonómica a través del Instituto Aragonés del Agua (IAA). El proyecto se remitió en su día al Gobierno central, pero hasta ahora no se había dado ningún paso para llevarlo adelante. Se trata de una obra declarada de interés general que estaba en el convenio suscrito de 8 de abril de 2008 con la encomienda de gestión de ésta y otras actuaciones.
Respecto al cierre de la central anunciado por Endesa -propiedad en un 70 %, de la eléctrica estatal italiana Enel-, Batet ha precisado en primer lugar que el problema ha estallado después de “seis años de desidida” por parte del anterior Gobierno central pese a la insistencia del Gobierno de Aragón en buscar soluciones.
Y ha reafirmado la posición que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ya transmitió recientemente al presidente de Aragón, Javier Lambán, el Ayuntamiento de Andorra y los agentes sociales, en el sentido de que es “imprescindible un plan de acompañamiento del cierre con las correspondientes compensaciones, un plan estratégico de transición que permita buscar alternativas y la implicación de la empresa titular de la central”.
Batet también ha puntualizado que Endesa todavía no ha presentado la solicitud de cierre y que la respuesta del Gobierno ha de estar vinculada a la situación económica de los trabajadores y todos los afectados.
Por su parte, Guillén ha indicado que el Gobierno siempre puede poner sobre la mesa la necesidad de garantizar el suministro y que un eventual cierre parcial con un funcionamiento de 1.500 horas al año, equivalente a más de dos meses, permitiría conservar temporalmente parte de la plantilla y daría más tiempo para la búsqueda de alternativas generadoras de empleo en la comarca.
