Los interinos de Aragón denuncian a los gobiernos de Lambán y Azcón por “abuso de temporalidad”

El Colectivo Interinos del Gobierno de Aragón ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Zaragoza por el abuso de temporalidad que, aseguran, sufren 36.000 interinos de la comunidad, lo que supone más del 51% de los puestos interinos de Aragón, frente al máximo del 8% fijado por la ley. La denuncia es contra el Gobierno saliente, dirigido por Javier Lambán, y el actual que tomó posesión en agosto, el de Jorge Azcón.

Francisco Bayo, vicepresidente de la Asociación de Veterinarios oficiales de Aragón, representó el miércoles al colectivo de Interinos en la Fiscalía. Bayo asegura que los dos gobiernos han incumplido la Ley 20/21 del 28 de diciembre que regula el abuso de temporalidad de los trabajadores interinos de las insituciones públicas. Según esta ley, si un interino ha ocupado su puesto más de tres años y un día sin que se le de la oportunidad de presentarse a una prueba para obtener la plaza de ese puesto, se le tiene que facilitar de un modo excepcional. Los interinos denuncian la falta de procesos selectivos durante estos años, lo que ha provocado que más del 50% de la plantilla aragonesa no tenga una plaza de titular, “algunos llevan hasta 25 años de servicio”, expone Bayo.

Desde el Colectivo aseguran que hay unas 17.000 personas en Aragón que cumplen los requisitos del Real Decreto 5 del 2023 y que la última convocatoria del Gobierno para que pudieran conservar su trabajo incluía 313 plazas. Las medidas deberían beneficiar a todos aquellos funcionarios interinos que ocupan una plaza en el Gobierno de Aragón desde antes del 1 de enero de 2016 “desempeñando funciones de carácter permanente, estable y estructural, y no de carácter provisional”.

Denuncian también que, si la situación no se soluciona, el 1 de febrero 200 administrativos perderán su empleo, a los que se sumarían otros 400 auxiliares administrativos en marzo, “asi sucesivamente hasta los 36.000 interinos que hay”, expone Bayo. La denuncia va solo contra el Gobierno de Aragón porque otros organismos aragoneses como las Cortes de Aragón o ayuntamientos sí que “han cumplido”, el que “no ha cumplido es el Gobierno de Aragón, por eso se les va a poner una denuncia por si han cometido algun posible delito de prevaricación y malversación de fondos públicos”.

Este es el último paso, anteriormente se han hecho requerimientos y “están recurridas todas las ofertas de empleo publico por los sindicatos y a nivel individual también, de tal forma que están saliendo sentencias reconociendo los magistrados el abuso de temporalidad”, asegura Bayo.

En la denuncia presentada consideran que en la actuación del gobierno saliente “se ha producido discriminación y diferencia de trato injustificada con vulneración en lo dispuesto en la Directiva 1999/70/CE, según tengas o no tengas la suerte a que tu plaza, arbitrariamente y, aun estando en la misma situación que otros interinos, compute en Ofertas convocadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 20/2021, es decir, una lotería, situación ésta que entienden quienes suscriben, no está amparada por ninguna normativa legal”. Denuncian por ello una “arbitrariedad administrativa”.

Sobre el actual gobierno, lamentan que antes denunciaban estas actuaciones pero que, ahora que están gobernando, “continúan con la marcha de la convocatoria de los procesos selectivos que vulneran la Ley 20/2021, a sabiendas de que afectan a plazas que cumplen los ya mencionados requisitos de las Disposiciones adicional Sexta y Octava” y aseguran que no parece “haber previsión de convocatoria del nuevo proceso de estabilización que contempla el artículo 217 del Real Decreto 5/2023 el cual debe estar a fecha 31 de diciembre de 2023 es decir, continúan como en el anterior Gobierno, pero en este caso, con acreditación de su conocimiento en que su actuación es injusta e ilegal”.

Tasas

Otra de las cuestiones que denuncian es el abono de tasas durante estos años para procesos que “habiendo sido convocados, (elevado número de estos) y, habiendo transcurrido incluso años desde la publicación de la convocatoria, no se han publicado siquiera la lista de admitidos… y la gran mayoría en ejecución”.

Piden conocer el destino de este dinero, un “importe económico importante ya que es el resultado del abono de las citadas tasas por un gran número de participantes, en un gran número de procesos selectivos, durante varios años que, seguro no será baladí”.

Desde el Gobierno de Aragón se ha evitado hacer valoraciones, aunque consideran que la denuncia la ha interpuesto un grupo reducido de funcionarios porque el sindicato mayoritario “y representativo en la Mesa de la Función Pública STEPA”.