Rivarés (Podemos) señala “errores flagrantes” de la Cámara de Cuentas de Aragón y Navarro (PP) alude a criterios “muy exigentes”
“Contiene errores y contradicciones flagrantes” y “no dice nada que no supiéramos”. El titular de Economía durante el anterior Gobierno municipal de Zaragoza en Común y ahora concejal de Podemos-Equo en la oposición, Fernando Rivarés, reaccionaba así ayer al informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Aragón sobre las cuentas municipales en los años 2016 y 2017. Un informe que ha revelado 300 millones más de deuda y ha detectado “omisiones, errores e incorrecciones” en contratación y contabilidad.
Mientras Rivarés se defendía señalado que los auditores han cometido “tres errores”, la actual responsable de Hacienda, la popular María Navarro, acusaba al anterior equipo de gobierno municipal de una gestión económica “nefasta” pero reconocía en la cadena Ser que “hay cosas de la Cámara de Cuentas con las que tampoco estoy de acuerdo”. Y añadía: “Los criterios de cómputo de la deuda son muy exigentes, si realmente cumpliésemos todo lo que dice la Cámara de Cuentas, cerraríamos la persiana, llamaríamos al Ministerio y le diríamos que intervenga el Ayuntamiento y ceso de consejera de Hacienda”.
Un tribunal de cuentas autonómico
Los números también generan debate político y más cuando se trata de fiscalizar la gestión política por el tribunal de cuentas autonómico. ¿Dos más dos no siempre son cuatro? La Cámara de Cuentas de Aragón -órgano fiscalizador de las administraciones y entidades públicas de la Comunidad- presentaba esta semana su informe de fiscalización de las cuentas del Ayuntamiento de Zaragoza de los ejercicios presupuestarios 2016 y 2017 que ha detectado “omisiones, errores e incorrecciones”. Desde la falta de un inventario “debidamente valorado” de los bienes y derechos a irregularidades en materia de contratación y contabilidad.
Cien millones para sentencias judiciales sin consignar
Los auditores aluden a la falta de provisiones para hacer frente a sentencias judiciales condenatorias por más de cien millones de euros y entre 43 y 75 millones para hacer frente a las reclamaciones y recursos contra las liquidaciones del impuesto de plusvalía) en los dos ejercicios auditados, además de gastos pendientes de aplicar al presupuesto por bienes o servicios efectivamente recibidos, que ascendieron, como mínimo, a más de 140 millones de euros.
Los auditores señalan más: que en la contabilidad no aparecen debidamente registrados los aplazamientos y fraccionamientos de deudas concedidos por el Ayuntamiento a los contribuyentes y que ascienden, al menos, a 15,8 millones en 2016 y 16,4 millones en 2017. Y que las deudas de terceros con el Ayuntamiento que se consideran incobrables sumarían 71 y 54 millones de euros más de lo computado por el consistorio en 2016 y 2017, respectivamente. Como consecuencia de estas salvedades, la Cámara de Cuentas realiza un ajuste al remanente de tesorería del Ayuntamiento reduciéndolo en 87 millones en 2016 y en 70 millones en 2017.
Falta un inventario de los bienes municipales
Según la Cámara de Cuentas, falta un inventario completo y debidamente valorado de los bienes y derechos de los que es titular el Ayuntamiento “lo que impide conocer su valoración exacta”. El informe alude también a incorrecciones identificadas que dan lugar a ajustes en los estados contables, como la sobrevaloración de las participaciones del Ayuntamiento en sus sociedades mercantiles. En unos casos, la contabilidad refleja participaciones que ya no existen, como es el caso de PlaZa, por 7 millones, o SERMUZA, por 60.000 euros y, en otros, cantidades que no se corresponden con el valor de las participaciones por haberse devaluado. Según la Cámara, el importe de estos deterioros ascendería a más de 20 millones de euros para los dos ejercicios auditados.
Asimismo, en el caso de la participación del Ayuntamiento en Zaragoza en la sociedad Alta Velocidad, los auditores echan en falta una provisión para riesgos y gastos de 21,6 millones en 2016 y 8,7 millones en 2017 para hacer frente a sus responsabilidades como accionista, dada la negativa situación económica-patrimonial de la sociedad.
También señalan que, de mantenerse esta situación, será difícil que el Ayuntamiento recupere tanto el dinero prestado a la sociedad, como el que ya está comprometido, en total y desde el año 2012, más de 100 millones de euros, de los cuales, 81,6 millones aún están pendientes de aportar.
Es precisamente este punto al que alude Rivarés como “errores” al asegurar que el informe fiscalizador no recoge debidamente que en 2016 el Ayuntamiento salió de PlaZa o que consiguió un convenio para refinanciar el préstamo con la sociedad Zaragoza Alta Velocidad, con el que cada año se ahorran 10 millones de euros. Asimismo, negó irregularidades en contratos menores, ya que todos ellos están fiscalizados por la Intervención General y, además, es una figura contractual reconocida y “sugerida” por la Ley de Haciendas Locales.
La Cámara también se refiere a la falta de reconocimiento en las cuentas de los activos asociados a contratos de concesión de obra pública y de gestión de servicios, como pueden ser los autobuses, los camiones de la basura y la infraestructura del tranvía. Según el ente fiscalizador, la deuda con las concesiones públicas se eleva a más de 400 millones de euros, con una deuda asociada pendiente de cancelar de 220,8 millones en 2016 y de 210 millones en 2017. De este total, más de la mitad corresponde al tranvía, con más de 130 millones por año. La Cámara matiza que es «especialmente significativo el pago de compensaciones por baja demanda del servicio y los ingresos garantizados al socio privado».
Obras y servicios sin tramitar expedientes de contratación por 35 millones de euros
Respecto a la contratación, la Cámara de Cuentas concluye que el Ayuntamiento pagó obras, servicios y suministros sin tramitar expedientes de contratación, ni reconocer extrajudicialmente las obligaciones por importe de casi 35 millones de euros sumando los dos ejercicios auditados.
Asimismo, el Ayuntamiento utilizó el reconocimiento extrajudicial de crédito para reconocer gastos por importe de 75 millones de euros, el 93 por ciento referido a obligaciones generadas sin contrato.
La Cámara ha advertido de que este procedimiento es un instrumento de carácter “excepcional” para el reconocimiento de obligaciones de ejercicios anteriores que no fueron tramitadas por falta de consignación presupuestaria u otras irregularidades.
En lo que respecta a los contratos menores, en el informe de la Cámara de Cuentas se detecta riesgo de fraccionamientos por un total de 3 millones de euros sumando los dos ejercicios auditados. Un tercio de todos los contratos de obra del Ayuntamiento se adjudicaron como contratos menores.
Este Informe de fiscalización de Ayuntamiento de Zaragoza ya ha sido remitido a la entidad fiscalizada y a las Cortes de Aragón para su análisis por la ponencia designada a estos efectos. Con unos ingresos presupuestarios de 730 millones de euros en 2016 y 759 millones en 2017, unos gastos presupuestarios de 684 y 712 millones en dichos ejercicios, respectivamente, y una población atendida de 664.938 personas --el 50,8% de los residentes la Comunidad autónoma-, el Ayuntamiento de Zaragoza representa, aproximadamente, el 48% del gasto del conjunto de todos los ayuntamientos de Aragón, según refleja el informe de la Cámara.
