Los trabajadores municipales, en guerra con el Ayuntamiento de Huesca a tres meses de las elecciones

A tres meses para las elecciones municipales, las aguas bajan turbias en el Ayuntamiento de Huesca. Unos 300 trabajadores municipales temen por la pérdida del complemento de antigüedad y para hacerse oír han organizado ya algunas movilizaciones que pueden desembocar en una huelga el próximo 20 de abril si no media una solución. Se trata de un concepto que se abona desde hace más de 30 años y se ha convertido en un complemento personal absorbible que cumple con la legalidad vigente y cuenta con un informe favorable de la Cámara de Cuentas de Aragón. Sin embargo, los afectados no lo ven tan claro.

Denuncian que esta fórmula se ha aplicado de manera “unilateral” y tiene fecha de caducidad. De hecho, el pago de este complemento se paralizó en su día porque era necesaria una regularización que aún no se ha producido. Los sindicatos denuncian que esta medida supone un ahorro de 210.000 euros anuales para las arcas municipales, pues este plus se abona a los salarios más bajos, que se verán reducidos entre 70 y 80 euros al mes. De este modo, los sueldos de los trabajadores afectados se podrían reducir hasta en un 10%, lo que se traduce en más de 1.200 euros al año.

Los empleados por el proceso de estabilización creen que perderán el plus en cuanto firmen el contrato, mientras que el resto lo hará en los próximos años al ser absorbido con las subidas que se prevén de los Presupuestos Generales del Estado. El PSOE aprobó esta medida con el único respaldo de Ciudadanos en el reciente pleno municipal, del pasado 31 de enero, en el que se abordó esta cuestión. La supresión del complemento de antigüedad también se recoge en los informes del interventor municipal.

Los representantes sindicales han propuesto al gobierno municipal que la negociación del personal laboral y del funcionariado se lleven por separado. “El Ayuntamiento nos dijo que quería negociar con nosotros, pero una vez que se ha aprobado en el pleno es muy complicado”, señala el presidente del comité de empresa, Antonio Larraz.

El alcalde, Luis Felipe (PSOE), recuerda que la supresión este complemento se abordó y aprobó en el pleno municipal “tras siete meses de negociación y sin acuerdo con la parte sindical” y que está amparada en la legalidad, pues ya en 1987 la Ley de Función Pública reguló las retribuciones en todas las administraciones de España.

En el caso particular de Huesca se produjo una “disfunción” con la antigüedad de los grupos profesionales más bajos del escalafón. Por ello, “se quiso evitar el desequilibrio entre lo que se percibía hasta entonces y lo que establecía la ley con ese complemento, de forma que los trabajadores no tuvieran pérdida retributiva. Quienes cobraban uno, dos o tres trienios además tenían un plus de antigüedad”, explicaba Luis Felipe.

Un plus que supone unos 1.200 euros anuales en el sueldo y que “ha de desaparecer de las nóminas” convertido en un complemento personal transitorio a extinguir: “No es un recorte, es la aplicación de la legalidad”. En ese sentido, Luis Felipe asegura que se han puesto en marcha grupos de trabajo en pos de la solución con la que esos trabajadores no sufran una disminución en sus salarios: “La voluntad del equipo de gobierno es que en el 2024 los trabajadores lo vean compensado a través de otros suplementos o medidas que sí sean legales”, afirmó Luis Felipe.

Sin embargo, la situación va camino de los tribunales. Larraz lamenta la supresión de dos encuentros previstos en los últimos días de los sindicatos con representantes del equipo de gobierno para tratar de llegar a un acuerdo. Hay vigente un plazo para impugnar este acuerdo pero los afectados lamentan la “falta de voluntad negociadora” y la “indefensión” a que están sometidos mientras el tiempo corre y el recurso a los tribunales parece la única salida. El presidente del comité de empresa se muestra proclive a participar en las mesas de trabajo hasta agotar la vía de la negociación“ con el objetivo de llegar a un acuerdo favorable para los trabajadores municipales.

El Ayuntamiento replica que las reuniones se han aplazado en el tiempo debido a la necesidad de llevar a cabo la valoración jurídica y de viabilidad económica de la propuesta presentada por el sindicatos, y se valora asimismo la suspensión de los grupos de trabajo hasta que no se resuelva esta polémica por la vía judicial.