Fiscalía lleva al juzgado a 14 familias de Zaragoza por dejar hacer novillos a sus hijos
Más de treinta padres, madres y tutores han pasado por los juzgados zaragozanos en los últimos dos años para responder por su permisividad, o fomento según los casos, con los novillos de sus hijos y menores de edad a su cargo.
La Memoria de la Fiscalía recoge como en 2014 y 2015 el ministerio público denunció por este motivo a 31 responsables familiares -14 y 17-, que se enfrentaron a procesos penales por delitos contra las relaciones familiares. Suponen entre la sexta y la séptima parte de los casos de absentismo escolar detectados en la provincia: 91 el año pasado y 88 el anterior, cifras muy inferiores a los 108 detectados en 2013.
La ley castiga esta conducta, considerada una dejación de las obligaciones familiares, con penas leves de cárcel o multas y, en el caso de apreciar especial gravedad, con la retirada de la patria potestad por un periodo de entre cuatro y diez años.
El equipo de menores de catorce
Buena parte de esos casos de inasistencia reiterada a clase toleradas o fomentadas fueron detectados gracias a la colaboración de instituciones como la Comisión de Absentismo, el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón, la propia Fiscalía provincial y el EMCA, un equipo de cuatro educadores que trabaja de manera exclusiva con los niños menores de catorce años que cometen hechos delictivos.
El año pasado, la sección de Menores de la Fiscalía zaragozana tramitó asuntos referentes a 144 de ellos, en lo que supone un notable descenso frente a los 156 del ejercicio anterior y los 151 de 2013.
Estos muchachos se encuentran en un limbo legal, ya que la ley no los considera legalmente responsables de esas conductas aunque el ministerio público interviene con ellos a través del EMCA, cuyos educadores comienzan a trabajar con los chicos antes de que haya pasado un mes desde la denuncia.
Situaciones ocultas de riesgo
Esa labor de intervención directa, destaca la Fiscalía, ha permitido detectar “situaciones de riesgo que de otra forma no se hubieran conocido”, entre las que destacan los episodios de absentismo escolar y los casos de abandono y de dejación de funciones por parte de los padres y tutores.
“Se ha intervenido también para erradicarlas, bien por el propio educador del EMCA o desde el Servicio de Protección de Menores” del Gobierno de Aragón, señala el documento.
La Memoria también apunta que “con un trabajo de intervención directa con estos menores en este tramo de edad y sus familias, estamos evitando que muchos de ellos, al cumplir los catorce años, se hubieran visto inmersos en una dinámica delictual”.
Menos protección y más violencia con la familia
La Fiscalía de Zaragoza, por otro lado, constata un descenso tanto de los expedientes de protección de menores -514 el año pasado frente a los 654 del anterior- que se traduce en una reducción del número de muchachos que tiene en acogida la comunidad autónoma: 773 frente a los 842 de 2014.
No obstante, el servicio de Protección a la Infancia mantiene la tutela de 274 niños -115 de ellos internados en Aragón, 21 en otras comunidades y 137 en régimen de acogimiento familiar- y la guarda de otros 48, aplica medidas de apoyo a la familia en otros 289 casos, supervisa la evolución de los 30 que han visto prorrogada su mayoría de edad dentro del programa de emancipación familia y mantiene abiertos 710 expedientes “por denuncias o demandas de diversa procedencia”.
También ha bajado la actividad delictiva de los menores de entre 14 y 18 años, algo que, con la excepción de 2013, lleva ocurriendo desde 2009. No obstante, la Fiscalía llama la atención sobre el continuo incremento de los relacionados con la violencia doméstica, que el año pasado generaron 145 expedientes –solo se ven superados por los robos y hurtos- y a los que se añaden 19 delitos contra la libertad sexual y seis casos de violencia de género.
“Aparecen como víctimas los miembros del grupo familiar, generalmente ascendientes y en particular la madre”, señala la memoria, que añade que “generalmente se trata de jóvenes que no cometen otro tipo de infracciones” y que apunta a dos causas principales para que se produzcan esas agresiones: “la situación social y económica, que deteriora y complica las relaciones familiares, y el consumo de alcohol y sustancias estupefacientes entre los jóvenes, que deriva en situaciones de agresividad y falta de autocontrol”.
