Aragón registra 4.695 trabajadores expuestos al amianto, 181 de ellos con patologías relacionadas
Aragón tiene registradas 4.695 personas por exposición laboral al amianto, de las que 181 presentan alguna patología relacionada con este material cancerígeno, según los datos facilitados por el Departamento de Sanidad del Gobierno autonómico. Las cifras permiten dimensionar las consecuencias sanitarias de una exposición cuyos efectos pueden manifestarse décadas después y coinciden con la creación del equipo médico encargado de reconocer oficialmente estas enfermedades, un requisito indispensable para que las víctimas puedan solicitar las compensaciones económicas previstas en la legislación estatal.
El Boletín Oficial de Aragón (BOA) publica este viernes la Orden de Sanidad por la que se constituye el Equipo de Valoración de Víctimas del Amianto de Aragón, casi cuatro años después de que se aprobara la ley que creó el fondo estatal de compensación para las personas afectadas por este material.
La medida permitirá poner en marcha en Aragón el procedimiento de evaluación y certificación de las enfermedades derivadas de la exposición al amianto, tanto en el ámbito laboral como en el doméstico o ambiental. El reconocimiento médico constituye un paso previo necesario para solicitar las compensaciones económicas, aunque no supone por sí mismo la concesión de una indemnización.
Los datos facilitados por Sanidad sitúan en 4.695 las personas inscritas actualmente en el Registro de Trabajadores Expuestos al Amianto (RETEA) de Aragón, de las que 181 tienen detectada alguna patología relacionada con este material.
El registro incluye a trabajadores que han estado expuestos al amianto durante su actividad profesional, por lo que la cifra no significa que todos continúen expuestos en la actualidad. Tampoco recoge necesariamente el conjunto de posibles víctimas, ya que la exposición pudo producirse fuera del ámbito laboral, por ejemplo, entre familiares de trabajadores que llevaban fibras de amianto adheridas a la ropa o entre personas que estuvieron en contacto con materiales que contenían esta sustancia.
Como antecedente, en enero de 2022 se contabilizaban 4.485 personas inscritas en el registro aragonés, según los datos difundidos entonces por CCOO. La cifra actual supone 210 personas registradas más.
Entre las enfermedades relacionadas con el amianto figuran la asbestosis, una fibrosis pulmonar provocada por la inhalación de sus fibras; el cáncer de pulmón y el mesotelioma, un tumor maligno estrechamente asociado a este material. Una de las principales dificultades para identificar sus consecuencias es el prolongado periodo de latencia de estas patologías, que pueden aparecer entre 20 y 40 años después de la exposición, e incluso más tarde.
El amianto fue ampliamente utilizado durante décadas en la construcción, la industria y numerosas instalaciones por sus propiedades aislantes y su resistencia al calor. En España, su utilización y comercialización quedaron prohibidas con carácter general en 2002, aunque todavía permanece en edificios, cubiertas, conducciones e instalaciones construidas antes de esa fecha.
Fondo estatal
La constitución del equipo de valoración aragonés llega casi cuatro años después de la aprobación de la Ley 21/2022, que creó un fondo estatal para compensar los daños y perjuicios sobre la salud derivados de la exposición al amianto.
La norma nació con el propósito de establecer un mecanismo de reparación para las víctimas, incluidas aquellas que habían contraído enfermedades por exposición doméstica o ambiental, más allá de los casos reconocidos como enfermedades profesionales.
Sin embargo, su desarrollo reglamentario no se aprobó hasta junio de 2025, mediante el Real Decreto 483/2025, que estableció los requisitos y el procedimiento para reconocer el derecho a las compensaciones económicas.
Dicho reglamento dispuso que cada comunidad autónoma debía constituir un equipo específico para diagnosticar y valorar las patologías, determinar su posible relación con la exposición al amianto y emitir los dictámenes que sirvieran de base para la certificación médica. Posteriormente, en noviembre de 2025, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobó el procedimiento común para la emisión de estos certificados, con el objetivo de garantizar criterios homogéneos en todo el territorio nacional.
Aragón formaliza ahora la creación de este órgano, que será el encargado de examinar los expedientes y elaborar los dictámenes médicos necesarios para que las personas afectadas puedan continuar la tramitación ante el fondo estatal.
Un equipo de especialistas
El nuevo Equipo de Valoración de Víctimas del Amianto estará integrado por cuatro profesionales sanitarios del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón. integrado por profesionales de salud pública, salud laboral, sanidad ambiental e inspección médica del Departamento de Sanidad.
Cuando resulte necesario, el equipo podrá recurrir al asesoramiento de especialistas externos, como técnicos del Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral o profesionales de neumología.
Su principal cometido será comprobar la documentación aportada por los solicitantes, valorar las enfermedades diagnosticadas, determinar su posible relación con la exposición al amianto y emitir el correspondiente dictamen. También deberá pronunciarse, cuando proceda, sobre las causas del fallecimiento de personas afectadas.
A partir de esta valoración, la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Aragón será la encargada de expedir el certificado de patologías derivadas de la exposición al amianto, documento necesario para solicitar las compensaciones estatales.
La orden establece que las personas interesadas podrán presentar sus solicitudes preferentemente a través de la sede electrónica del Gobierno de Aragón, aunque también podrán hacerlo presencialmente en las oficinas de registro habilitadas.
El equipo examinará la documentación médica y administrativa y, en caso de detectar deficiencias, requerirá su subsanación en los plazos legalmente establecidos. Una vez completado el expediente, emitirá el dictamen que servirá de base para que la Dirección General de Salud Pública expida el certificado.
Este reconocimiento constituye una fase necesaria del procedimiento, pero no implica automáticamente el derecho a recibir una compensación económica, cuya concesión deberá ajustarse a los requisitos establecidos por la normativa estatal.
La Orden SAN/1440/2026, firmada el 24 de septiembre por el consejero de Sanidad, Ángel Sanz Barea, entra en vigor este sábado, 10 de octubre.
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