Ningún ayuntamiento aragonés de más de 10.000 habitantes ha implantado un sistema de gestión medioambiental

La Cámara de Cuentas de Aragón ha hecho público este lunes el Informe de fiscalización de las actuaciones en materia medioambiental llevadas a cabo por los ayuntamientos aragoneses de más de 10.000 habitantes en el ejercicio 2017 y hasta mayo de 2018. De la provincia de Huesca, estos ayuntamientos son: Barbastro, Fraga, Huesca, Jaca y Monzón; de la de Teruel: Alcañiz y Teruel y de la de Zaragoza: Calatayud, Cuarte deHuerva, Ejea de los Caballeros, Tarazona, Utebo y Zaragoza.

Salvo honrosas excepciones el corolario muestra que hay mucho trabajo por hacer y que las instituciones no acaban de tomarse en serio el cambio climático.

No hay una política global que plante cara al cambio climático

La principal conclusión del informe es que todos los ayuntamientos han llevado a cabo medidas generales de carácter medioambiental y, la mayoría, también específicas para enfrentar la contaminación atmosférica, lumínica, acústica y avanzar en la recogida de residuos, pero no existe una homogeneidad y, en general, los ayuntamientos carecen de una política global que plante cara a los desafíos del cambio climático.

Prueba de ello es que todos los ayuntamientos, excepto Teruel, han firmado los compromisos de la Agenda Local 21 pero solo Jaca, Utebo y Zaragoza, con algunas matizaciones, los han hecho efectivos. Redunda en esta idea que ningún ayuntamiento haya identificado gastos para inversión y desarrollo en medioambiente y que los gastos medioambientales no estén siempre unificados en un único programa presupuestario, lo que permitiría un mejor seguimiento y la definición de indicadores.

De los nueve municipios que sí tenían prevista una partida específica, en 2017 el gasto total ascendió a 3,8 millones de euros (el 71 % de lo presupuestado) y salvo en Calatayud, Jaca y Teruel, representó menos del 1 % del total del gasto del área de “Servicios públicos básicos”.

Solo Calatayud, Cuarte de Huerva y Zaragoza afirman contar con una política medioambiental que oriente su actividad pero únicamente Calatayud dispone de un programa específico de gestión para verificar su cumplimiento.

Ningún ayuntamiento ha implantado realmente un sistema de gestión medioambiental ligado a la estructura interna del ayuntamiento y a sus dependencias y servicios que permita identificar los aspectos medioambientales de su actividad con el fin de establecer objetivos concretos, controles y sistemas de evaluación y, en general, el número de técnicos especialistas en medio ambiente es insuficiente.

Por otro lado, las actuaciones concretas llevadas a cabo son variadas y no existe homogeneidad entre los ayuntamientos auditados, que muestran fortalezas en unos ámbitos y carencias en otros.

Así, las buenas intenciones respecto a la protección del medioambiente se reflejan en que todos los ayuntamientos afirman haber aprobado algún tipo de normativa de protección ambiental, en general, y sobre contaminación acústica, en particular, aunque ninguno cuenta con estaciones que midan el ruido ni protocolos para los casos en que se superen los objetivos de calidad acústica.

Por el contrario, ningún ayuntamiento ha aprobado normativa específica sobre contaminación lumínica ni un plan estratégico para favorecer la eficiencia energética en el ámbito municipal; algunos, si afirman haber realizado actuaciones en el ámbito interno, pero sólo Alcañiz ha realizado un estudio de los gastos y ahorros obtenidos.

La preocupación por el medioambiente ha llevado a todos los ayuntamientos a implantar la recogida selectiva de residuos y a disponer de puntos limpios fijos o móviles, aunque sólo Utebo tiene aprobado un Programa de Gestión de Residuos para el periodo 2014- 2019 y únicamente Barbastro y Zaragoza realizan informes anuales de coyuntura.

Casi todos los ayuntamientos dicen haber llevado a cabo alguna actividad de información y sensibilización medioambiental entre la ciudadanía y de fomento de hábitos personales y sociales para la protección del medioambiente.

En relación con la contaminación atmosférica, solo Zaragoza y Jaca cuentan con normativa específica y únicamente Zaragoza tiene la obligación de medir la calidad del aire y comunicar los resultados, y la cumple.