Emilia se suicidó porque nadie quiso tramitar su solicitud de eutanasia

El pasado sábado, una mujer de 83 años se lanzó por la ventana de su domicilio en el zaragozano barrio de Las Fuentes. Tras cuatro meses pidiendo de manera desesperada la eutanasia sin que ni su médica de familia ni nadie en el centro de Salud de Torre Ramona llegara a tramitar la solicitud, no pudo soportar más su situación: Emilia M. M. arrastraba una luxación de cadera congénita, que con los años había ido sumándose a un grave deterioro de sus condiciones físicas sin posibilidad alguna de mejora; permanecía postrada en cama, encerrada en un piso sin ascensor, atendida por su familia, pero con dolores constantes.

A principios de julio, la hija de Emilia fue al centro de salud con las últimas voluntades de su madre, así como con los poderes que le permitían presentar en su nombre la solicitud de la eutanasia. Sin embargo, la médica de cabecera que la atendió se negó a recoger la solicitud y hacer de testigo, tal y como recoge la Ley de Eutanasia. Pasados 15 días es necesario presentar una segunda solicitud en la que se ratifica la intención de seguir con el proceso y tampoco fue aceptada.

“Tras esto, fueron a hablar con el coordinador médico del centro de salud, que tampoco la cogió. Finalmente lo hizo la trabajadora social, pero Emilia no recibía ninguna respuesta ni comunicación, incumpliendo todos los plazos”, explica Carmen Malo, secretaría de la asociación Derecho a Morir Dignamente en Aragón. Malo cuenta también que fue en ese momento cuando la familia se puso en contacto con la asociación, puesto que disponen de equipos médicos que acompañan a socios en este proceso, “empezaron a moverlo en la gerencia del sector y la solicitud sí que estaba, pero no la habían tramitado ya que su médica de familia no había adjuntado toda la información necesaria”, cuenta.

“Intentamos que esto saliera hacia delante pero no hubo manera y ella, desesperada, al ver que no se estaban cumpliendo los derechos marcados por una ley aprobada, tomó la decisión de que no podía más y arrastrándose como pudo se precipitó por una ventana”, relata.

En un comunicado, la asociación ratifica que están “absolutamente convencidos” de que Emilia cumplía en lo fundamental las condiciones que señala la ley para quienes desean morir dignamente. “Sus pésimas condiciones físicas y su dolor crónico e insoportable resultaban evidentes, y era posible corroborarlos tanto en su historial clínico como por su absoluta incapacidad que la mantenía postrada y le impedía actuar con un mínimo de autonomía. Su mente, sin embargo, se mantenía lúcida, lo que todavía le hacía más consciente de su triste condición y explica su desesperación al ver que no podía poner fin de una manera razonable a una vida que ya no era tal”.

Procedimiento

Cuando se quiere iniciar un proceso de eutanasia, el primer paso es acudir al médico que está tratando al paciente, “ya que es el que sabe cómo estás” y, en el momento en el que se presenta, “el médico hace de testigo, puesto que tiene que ser alguien del sistema sanitario. Introduce los datos dentro de la historia clínica y a los 15 días el enfermo tiene que ratificar. En este caso se nombra un segundo médico, el médico consultor, no es la persona que le ha tratado y mira el expediente para ver si cumple con las condiciones de la ley. Si la decisión de ambos médicos es que se tramite, se lleva a la comisión de garantía, donde otro médico y un abogado revisan el caso y, si están de acuerdo, se autoriza y el enfermo decide el plazo para que le administren la sustancia que le va a ayudar a morir dignamente”, explica la secretaria de la asociación Derecho a Morir.

La médica de Emilia se declaró después objetora de conciencia, “lo cual no quiere decir que no lo tramite, la objeción solo quiere decir que no quieres proporcionar el medicamento final al paciente”. Malo considera que hay una falta de formación en los profesionales sanitarios a este respecto sobre los pasos que tienen que seguir y a lo que se comprometen o no cuando hacen de testigos. “Por otro lado, estamos detectando falta de empatía hacia estos enfermos que han decidido que ya no pueden más. Esto nos parece muy grave y que no quieran cumplir con la cartera del servicio de salud pública, igual que está pasando con el aborto. Hay muchas cosas chirriando en este caso y en algún otro más”, concluye.

En cuanto a las consecuencias legales de este caso, Malo asegura que desde la asociación Derecho a Morir Dignamente apoyarán la decisión que tome la familia y, en el caso de que decidan no emprender acciones legales, “nosotros mismos hablaremos con nuestros abogados a ver si se puede hacer algo”.

En el caso de Emilia, según Malo, “falló todo”. Asegura que la respuesta del Departamento de Sanidad tampoco es suficiente, ya que han declarado que estaban buscando otro profesional médico “pero a ella en ningún momento le comunicaron nada, lo que no se puede hacer porque la ley marca unos plazos”.

Sanidad reconoce un “fallo” en el procedimiento

La consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés, ha manifestado que se han depurado responsabilidades por el retraso producido en tramitar una solicitud de eutanasia de Emilia. Repollés ha precisado en declaraciones a los medios de comunicación, que hubo un “fallo” por “el retraso en el procedimiento de adjudicar un médico responsable” para la tramitación de la solicitud de esta paciente, “cuando el médico de siempre se declara objetor”.

Ha añadido que la Sanidad pública “tiene la obligación de adjudicar otro profesional que se haga cargo del caso, en tiempo y forma”, pero se retrasaron “en la adjudicación” ya que estaba en proceso, ha dicho. “Los responsables, en ese momento, no han realizado las acciones que tendrían que haber hecho en tiempo y forma”, ha apostillado.

Por lo ocurrido, ha continuado la consejera, se han “establecido una serie de mecanismos para controlar esta situación” y, en este caso concreto, se ha actuado contra las personas “que no han sabido ejecutar los procedimientos en tiempo y forma”, actuando según procede cuando un profesional “no realiza las acciones” que por su cargo tenía que hacer, ha agregado.

Repollés ha subrayado que cuando se puso en marcha la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, el pasado 25 de junio, se realizaron actividades formativas sobre la implantación y los procedimientos de esta norma por lo que los profesionales del Servicio Aragonés de Salud tenían conocimiento desde el principio sobre los mismos.