La Justicia de Aragón pide a Educación que dote de personal de enfermería a un colegio de educación especial de Zaragoza
La Justicia de Aragón ha pedido al Departamento de Educación del Gobierno autonómico que dote de personal de enfermería al colegio de educación especial San Martín de Porres de Zaragoza para atender las necesidades sanitarias de sus alumnos. La institución considera que la ausencia o la insuficiencia de determinados perfiles profesionales puede afectar a la atención del alumnado y reclama que los recursos de los centros se ajusten a las necesidades de apoyo de cada estudiante.
La sugerencia, firmada por la Justicia de Aragón, Concepción Gimeno, el pasado 4 de septiembre, responde a las reclamaciones presentadas por varias familias del centro, gestionado por Atades, que alertan de la falta de recursos personales en los colegios concertados de educación especial y de las dificultades para garantizar una atención adecuada en el San Martín de Porres.
La resolución recoge que al colegio acuden 145 alumnos distribuidos en 24 aulas. Según los datos aportados por las familias, el centro cuenta con 14 auxiliares técnicos educativos (ATE), una cifra que consideran insuficiente para atender las necesidades de un alumnado con problemas de salud, movilidad y conducta. Los reclamantes sostienen que sería necesario disponer, como mínimo, de un auxiliar por aula para garantizar la seguridad de los estudiantes.
Una de las principales preocupaciones es la falta de personal sanitario durante el horario lectivo. Las familias denuncian que no hay enfermeras ni auxiliares de enfermería para atender los problemas de salud que puedan surgir en el centro y administrar la medicación que necesitan algunos alumnos.
La queja también señala que el colegio dispone de un fisioterapeuta a jornada completa y otro a media jornada para los 145 estudiantes, tres logopedas, una orientadora y un profesional de psicomotricidad. Además, las familias lamentan que no haya especialistas específicos de música ni de educación física.
Educación sostiene que la dotación es adecuada
El Departamento de Educación trasladó al Justicia de Aragón que el centro dispone de una dotación adecuada de recursos personales conforme a la normativa vigente. En su respuesta, detalló que cuenta con profesorado de Pedagogía Terapéutica, auxiliares de Educación Especial, profesionales de orientación y de servicios a la comunidad, además de un técnico del aula multisensorial.
La Administración también indicó que el colegio dispone de un profesional de psiquiatría que acude una mañana a la semana y diez cuidadores con contratos de aproximadamente tres horas diarias para atender al alumnado en momentos puntuales. A estos recursos se suman los servicios ordinarios de atención educativa.
Respecto a la ausencia de enfermería, Educación explicó que en septiembre de 2025 asignó al centro media plaza de este perfil profesional. Sin embargo, según la información facilitada por el departamento, el colegio decidió destinar esa dotación a contratar a un cuidador, por lo que atribuye la falta actual de personal sanitario a una decisión organizativa del propio centro.
El departamento añadió que, desde febrero de 2026, se habían incorporado otros dos cuidadores para dar respuesta a parte de las demandas de las familias.
El Justicia reconoce el esfuerzo de la Administración educativa para dotar de profesionales a los centros de educación especial, pero advierte de que la ausencia o la baja dotación de determinados perfiles puede repercutir en la atención que recibe el alumnado. En su resolución, subraya que las dificultades para cubrir una plaza de enfermería no eliminan la necesidad de valorar si este perfil resulta necesario para garantizar una atención sanitaria adecuada.
El derecho a recibir los apoyos necesarios
La institución fundamenta su sugerencia en el derecho del alumnado con necesidades educativas especiales a recibir los apoyos necesarios para alcanzar su máximo desarrollo personal y educativo. Para ello, recuerda la obligación de las administraciones de disponer de profesionales cualificados y medios adecuados para atender las necesidades específicas de los estudiantes.
La resolución cita una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de noviembre de 2024 que reconoció el derecho de varios alumnos a recibir las medidas de apoyo necesarias para su desarrollo personal y educativo. También alude a la Ley Orgánica de Educación, que establece que las administraciones deben garantizar los recursos necesarios para que todo el alumnado pueda desarrollar al máximo sus capacidades.
En relación con la situación concreta del San Martín de Porres, el Justicia precisa que la información facilitada por Educación no permite concluir que exista un incumplimiento de la normativa en cuanto a la dotación reglamentaria de personal. No obstante, considera que las reclamaciones presentadas pueden poner de manifiesto la necesidad de complementar los recursos disponibles.
Por ello, la sugerencia plantea dos medidas: dotar al colegio de personal sanitario de enfermería suficiente y adecuado y tener en cuenta las necesidades concretas del alumnado al analizar los recursos personales de los centros de educación especial.
La Justicia de Aragón ha solicitado al Departamento de Educación que comunique, en un plazo no superior a un mes, si acepta o rechaza la sugerencia. En caso de no aceptarla, deberá explicar los motivos de su decisión.
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