La residencia de Zaragoza en la que murieron ocho ancianos tenía denegada la licencia de actividad
La vicealcaldesa y concejal de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, Luisa Broto, ha asegurado que la Residencia Santa Fe, en la que murieron ocho ancianos y otros doce resultaron heridos por un incendio en la madrugada del sábado al domingo, tenía denegadas las licencias de actividad y de obra desde 1998.
Broto ha apuntado que la empresa que gestiona el centro solicitó los pertinentes permisos y que estos no le fueron concedidos por incumplir la normativa en vigor. Se le dio un plazo para subsanar estas deficiencias, ha dicho, “pero la empresa no volvió a comparecer ni a presentar documentación ante la Administración local”. Es decir, en palabras de la vicealcaldesa, “estaba realizando una actividad alegal, fuera de lo que son los ámbitos legales de la Administración, independientemente de que sean autonómicos o locales”.
También ha intervenido el consejero municipal de Urbanismo y Movilidad, Pablo Muñoz, que ha destacado que esta clase de centros precisan de “una serie de condiciones físicas, además de unos requisitos específicos para el tipo de suelo”, que en este caso no se cumplían. Por ello, tampoco había un informe del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios de Zaragoza, puesto que la residencia “no existe”.
El Gobierno de Aragón abrió un expediente sancionador en 2014
La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, María Victoria Broto, se ha reunido hoy con el consejero de Sanidad, Sebastián Celaya, los técnicos de sus departamentos y los miembros del resto de grupos parlamentarios. La consejera ha señalado que la Residencia Santa Fe tenía abierto, desde 2014, un expediente sancionador por parte del Ejecutivo autonómico. Respecto al posible cierre del centro, ha asegurado que no se hará de manera inmediata.
