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Así es vivir en el medio rural: diez veces más de dificultades para acceder a un servicio esencial

Estación de La Puebla de Valverde (Teruel)

Nerea Lozano

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Las personas que viven en el medio rural tienen diez veces más de dificultades para acceder a un servicio que quienes residen en una ciudad. Es lo que expone el profesor y doctor en Geografía Humana por la Universidad de Zaragoza, Carlos López Escolano, en el octavo capítulo del Libro Blanco contra la Despoblación. Seguidamente, añade que de media “la población rural debe recorrer 22 kilómetros para acceder a equipamientos básicos como la escuela, un centro médico o un polideportivo”, lo que se traduce en que gastan un “10,9% más en transporte”. “Las diferencias entre los espacios urbanos y rurales de España se encuentran entre las mayores de Europa”, apunta. 

En dicho capítulo, que lleva por título ‘Infraestructuras de transporte y movilidad de la España Rural: trayectoria, situación y perspectiva’, Escolano detalla que la existencia de las vías y medios de transporte tiene un doble interés. Por un lado, considera que son un elemento “necesario para el crecimiento y mejora socioeconómica” y, por otro, que actúan como un mecanismo que “favorece la integración y disminuye el aislamiento territorial”.  

A su vez, avala que el equipamiento en red de transporte es un elemento “indispensable” para conseguir que un territorio prospere. Es por esto que se solicita “constantemente” a las administraciones la construcción de nuevas vías de conexión territorial o la mejora de las ya existentes. “La disponibilidad y acceso a las infraestructuras de transporte no es igual para el conjunto del territorio”, reconoce el doctor en Geografía. 

Uno de los motivos de este desequilibrio, según apunta Escolano, es que, durante décadas a nivel nacional, las políticas de transporte se han centrado en la construcción de una red de movilidad por tierra. Esas carreteras y líneas de ferrocarriles que se diseñaban para vertebrar España se enfocaban en conectar “ciudades y espacios económicos estratégicos”. Esto ha provocado que esas zonas rurales hayan quedado alejadas de los “grandes ejes” y en consecuencia sus habitantes tengan más difícil acceder a redes de transporte que les acerquen a servicios fundamentales. 

En cifras, como apunta Adif, se estima que España es el segundo país del mundo con la red de ferrocarril de alta velocidad más extensa, pues a finales de 2022 alcanzó los 4.000 kilómetros, que solo supera China. Respecto a las carreteras de gran capacidad -autovías y autopistas-, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) señala que España es líder en Europa con cerca de 18.000 kilómetros en 2022. Escolano recuerda que “Teruel fue la última provincia en disponer de un tramo de autovía”. 

A pesar de esos datos de récord y de que “con la entrada de España a la Unión Europea las políticas de transporte han ido atendiendo a una mayor extensión” de territorio, los espacios rurales no se benefician de estas mejoras. “Las zonas con baja densidad de población quedan alejadas de las vías de gran capacidad que dan conectividad al sistema y de las nuevas estaciones de tren de alta velocidad que reduciría drásticamente los tiempos de viaje”, explica Escolano. 

También destaca que los municipios del medio rural se encuentran con carreteras en “peor estado”, una situación que radica en mayores tiempos de viaje. No cambia cuando se habla del ferrocarril y es que estos territorios han sido los más afectados por la clausura de líneas de tren. En la década de los 80, Escolano enumera que se puso fin a “casi 1.000 kilómetros de red para servicios de pasajeros”. Ejemplo de ello fue el trazado Cantábrico-Mediterráneo que iba de Caminreal -en Teruel- a Calatayud, Soria y Burgos. 

Medidas políticas

En este epígrafe elaborado por el profesor y doctor en Geografía se incluye el informe del Parlamento Europeo que trata sobre “una visión a largo plazo para las zonas rurales de la UE: hacia unas zonas rurales más fuertes, conectadas, resilientes y prósperas antes de 2040”.  El estudio destaca que “las zonas rurales sufren mayor riesgo de exclusión social”, ya que se encuentran con la necesidad de cubrir “distancias más largas y limitaciones de movilidad”. 

Algunas de las medidas políticas en las que se trabaja en competencias de transporte pasan por el Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI), que se tendrá que evaluar próximamente para proponer nuevos sistemas de movilidad, ya que se terminaba en 2024. 

Escolano apunta que en esta reformulación incluir orientaciones que tengan impacto en el ámbito rural será “determinante”. “La mayor parte de las infraestructuras que se contemplan en el PITVI continúan respondiendo a esa necesidad de conexión rápida entre núcleos urbanos”, manifiesta. Otro instrumento podría ser el plan de “130 medidas frente al reto demográfico”, que en estos momentos se encuentra en fase de tramitación y desde la oposición del gobierno se denuncia la tardanza en su ejecución. 

Como cierre del capítulo, Escolano concluye varios puntos en los que se podría trabajar para lograr una red de transporte más eficiente. Por ejemplo, señala la necesidad de coordinación entre las administraciones, potenciar que se creen ejes que conecten los espacios rurales con las vías de gran capacidad o que se reabran líneas de ferrocarril en desuso para articular corredores que den cobertura a núcleos rurales. 

El Libro Blanco de la Despoblación 

Este es el tema de uno de los diez capítulos que conforman el Libro Blanco contra la Despoblación, que se titula ‘Despoblación, cohesión territorial e igualdad de derechos’ y en el que ha trabajado el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC). Cuenta con cerca de 400 páginas en las que profesionales académicos y representantes institucionales, entre otras personas, estudian desde diferentes vértices la problemática de la despoblación, sus consecuencias y arroja soluciones. 

La obra está en abierto y además de este asunto de transporte e infraestructura se puede profundizar en el papel de los gobiernos locales en la lucha contra la despoblación, el “mecanismo rural de garantía” o la legislación vigente en materia de despoblación. Al final, como se indica en la parte introductoria, un 48,3% del territorio español tiene menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado.

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