La intensidad del debate público que está desencadenando en la sociedad española la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos quita la razón a quienes sostienen que el Gobierno abre heridas al sacar al dictador de ese mausoleo pagado con dinero público. No las abre porque no estaban cerradas, ni mucho menos. Parece evidente que muchas de las graves heridas causadas en la sociedad española por la la guerra civil y por la dictadura están tan abiertas hoy como hace poco más de tres meses, antes de que Pedro Sánchez llegara a la Moncloa, o casi como cuando hace décadas se causaron.
Franco murió hace casi 43 años, sí, pero una parte de la sociedad española, muy ruidosa y con potentes altavoces mediáticos, sigue aún sin admitir algunos hechos básicos de nuestra historia reciente. Que Franco llegó al poder mediante un golpe de Estado contra el Gobierno legítimo de la República. Que provocó en España una guerra civil en la que murieron centenares de miles de compatriotas de uno y otro lado. Que muchos de ellos resultaron muertos no en acciones de guerra sino asesinados sin juicio alguno ni nada que remotamente se le pareciera. Que Franco se asentó y se mantuvo en el poder mediante una dictadura feroz, sobre todo en sus primeros años. Que la guerra civil y la dictadura causaron graves daños morales, económicos y sociales a nuestro país y que, por lo que estamos viendo estos días, algunos de esos daños aún pesan como una losa y sangran entre nosotros como una herida nunca bien cerrada.
Franco murió hace casi 43 años, sí, pero una parte de la sociedad española -por fortuna, pequeña- aún no comprende o no quiere hacerlo que, en una democracia asentada tras cuatro décadas de elecciones libres, no es de recibo que el dictador repose con honores en un mausoleo creado por él mismo para las víctimas de la guerra civil que él causó. Y que, casi 43 años después de la muerte del dictador, tampoco es de recibo que nuestro país sea el segundo del mundo con más fosas comunes: se han localizado 2.382, según el Ministerio de Justicia. Fosas en las que aún reposan, sin haber podido sus familiares recuperar sus restos, unos 116.000 “desaparecidos” víctimas del franquismo, eufemismo el de desaparecidos que oculta una realidad más dura: fueron asesinados. Solo la Camboya del genocida Pol Pot y sus Jemeres Rojos nos supera en ese siniestro ranking.
El debate desatado por la esta vez parece que posible y probable exhumación de Franco de Cuelgamuros ha desencadenado otros fenómenos en la sociedad española.
Uno de ellos, un aluvión de lo que en lenguaje actual llamaríamos fake news para reescribir la historia de la República, de la guerra civil y de la dictadura, reescritura destinada a dulcificar la figura de Franco y a trasladar en parte a sus víctimas la responsabilidad de los criminales excesos del dictador.
Otro de ellos, un nuevo debate sobre la conveniencia o no de crear, como se ha hecho en otros países después de sufrir un régimen dictatorial, una Comisión de la Verdad que al menos fije como hechos ciertos los más relevantes, proporcione reparación a las víctimas y vacune a la sociedad de nuevos intentos de reescritura de la historia como el que antes se mencionaba.
Un tercero, una intensa competencia entre todos los partidos políticos para ver quién saca más provecho, vía votos en el inminente nuevo ciclo electoral, de todos los debates desatados en torno a Franco y el franquismo.
El debate público sobre la figura del dictador se está convirtiendo, contra mucho pronóstico, en uno de los más ruidosos del verano y del arranque de la nueva temporada política. Va a añadir calor al previsible otoño caliente. Si, como decían algunos de sus adversarios, Sánchez habría promovido desde el Gobierno la exhumación de Franco del Valle de los Caídos como una cortina de humo para ocultar sus debilidades en el Parlamento o sus pocos avances en el conflicto catalán o en otros asuntos relevantes, se diría que lo ha conseguido.
Quizás consciente de las debilidades y contradicciones internas de su partido con el franquismo, el nuevo líder del PP, Pablo Casado, intenta ahora huir del avispero del debate sobre Franco y trata de desviar el foco de discusión sobre nuestra historia reciente para centrarlo en un periodo más cercano y en el que considera que su formación tiene más luces que sombras, y él mismo más crédito que ganar.
Acompañado del hijo de Adolfo Suárez, artífice de la transición, el presidente del PP ha intentado el pasado domingo en Ávila –la ciudad de Suárez y la circunscripción electoral del propio Casado– cambiar el espejo donde la sociedad se mira con una idea cuando menos sorprendente. Contraponer a la Ley de Memoria Histórica –promovida por los socialistas en su anterior periodo en el poder, con José Luis Rodríguez Zapatero de presidente, y nunca cumplidas algunas de sus principales disposiciones- una Ley de Concordia, o incluso “de Concordia y Libertad”, como la llama algún medio cercano al Partido Popular. La nueva ley tendría como finalidad, según Casado, “reivindicar la transición” y “acabar con la sectaria reescritura de la historia” que sobre la transición y sobre la Constitución estarían perpetrando tanto “el nacionalismo radical y el populismo” como el presidente del Gobierno con su anuncio de Comisión de la Verdad.
Además de política y con poco probable recorrido parlamentario, al menos en esta legislatura, la iniciativa de Casado tiene mucho de marketing, entendido este como el “conjunto de principios y prácticas que buscan el aumento del comercio, especialmente de la demanda”, según reza el Diccionario de la Real Academia Española. El comercio de votos al PP, obviamente.
‘Las 22 leyes inmutables del marketing’ es una de las biblias de la materia. Obra de los gurús estadounidenses Al Ries y Jack Trout, han pasado ya 25 años desde su publicación, pero ha envejecido bien. La ley 2 dice: si no puedes ser el primero en una categoría, crea otra. La 3: es mejor ser el primero en la mente del público que el primero en el punto de venta. La 14: cada empresa ha de encontrar sus propios atributos; para cada atributo, hay otro opuesto que resulta igual de efectivo.
Ignoro si Casado y su equipo han leído a Ries y a Trout, pero de las tres leyes citadas hay algo en el intento del PP de desviar el debate sobre nuestra historia reciente y lograr un posicionamiento fuerte en la transición –adueñándose de la herencia de Suárez y de UCD, por cierto, y obviando los muchos borrones que echó AP/PP- como alternativa al fuerte posicionamiento del PSOE de Sánchez en el antifranquismo. Nueva batalla de opinión pública habemus.
Sobre este blog
Arsenio Escolar es periodista y escritor. Con sus 'Crónicas lingüísticas del poder' –información, análisis y opinión de primera mano–, entrará semanalmente en elDiario.es en los detalles del poder político, económico, social... y de sus protagonistas. Con especial atención al lenguaje y al léxico de la política.
