Ecologistas y Fondo Lobo recurren el informe de las autonomías que avala el estado del lobo por falta de base científica

Ecologistas en Acción y el Fondo para la Protección del Lobo Ibérico han presentado un recurso ante la Audiencia Nacional contra el acuerdo de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente del pasado 22 de junio que declaró “favorable” el estado de conservación del lobo ibérico en las regiones biogeográficas atlántica y mediterránea. Las organizaciones consideran que esa decisión, respaldada por Asturias, Galicia, Castilla y León y Cantabria, abre la puerta a intensificar el control de la especie pese a que, aseguran, no existe respaldo científico suficiente para ello.

El recurso se dirige contra el acuerdo aprobado el pasado 22 de junio, que salió adelante con el voto en contra del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Según las organizaciones ecologistas, el propio informe técnico elaborado por el ministerio advertía de que la ficha utilizada para justificar el cambio “adolece de justificación científica”, por lo que sostienen que la decisión respondió a una mayoría política y no a criterios técnicos.

Las entidades recurrentes relacionan esta decisión con la recuperación de los programas autonómicos de control del lobo tras la salida de la especie del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) en el 2025 y las puntualizaciones sobre los permisos de su caza contenidos en una sentencia del Tribunal Supremo de febrero de este año.

En su recurso, Ecologistas en Acción y el Fondo para la Protección del Lobo Ibérico señalan que la población de la especie, estimada en 333 manadas, continúa por debajo de las alrededor de 500 unidades reproductoras que consideran necesarias para garantizar su viabilidad genética a largo plazo. También recuerdan que amplias zonas de distribución histórica aún no se han recuperado y que la población de Sierra Morena desapareció hace aproximadamente una década.

Las dos organizaciones argumentan además que tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea han establecido que no pueden autorizarse extracciones de ejemplares cuando el estado de conservación de la especie sea desfavorable. A su juicio, si el informe sexenal recurrido se remite finalmente a la Comisión Europea, desaparecería uno de los principales obstáculos legales para ampliar los controles poblacionales del lobo en España.

“No estamos ante un desacuerdo técnico legítimo, sino ante la imposición de una mayoría política sobre la evidencia científica. Que una especie deje de estar protegida no puede decidirse a golpe de votos autonómicos, sino con datos”, ha señalado Theo Oberhuber, portavoz de Ecologistas en Acción. “Detrás de este posicionamiento de las comunidades autónomas subyace el propósito de matar lobos con cobertura legal. Ya entre 2025 y principios de 2026, Cantabria mató más lobos de los que marcó su propio plan, y Asturias abatió decenas de ejemplares, entre ellos hembras gestantes y cachorros”, cuestiona Ernesto Díaz, portavoz del Fondo para la Protección del Lobo Ibérico.

En los dos últimos años el lobo ha vivido una compleja situación administrativa y legal. En marzo del 2025 el lobo ibérico quedó fuera del Lespre (listado de especies protegidas) por al aprobación de una enmienda del PP en la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario que desprotegió la especie. El Defensor del Pueblo ha recurrido esta norma al Constitucional, pero está pendiente de resolución.

En febrero de este año una sentencia del Tribunal Supremo señaló que la autorización de la caza del lobo solo sería posible “cuando constituya la única solución para evitar daños al ganado”. En ella se especifica que la muerte de ejemplares del lobo “deben someterse a unas rigurosas condiciones” después de que se hayan analizado “medidas alternativas” que “razonablemente” puedan adoptar los ganaderos para impedir los ataques del lobo. Según las comunidades autonómas esta situación ya se da y han ido aprobando programas de control del lobo para volver a permitir su caza.

El recurso llega el mismo día en que el Boletín Oficial del Principado publica la modificación del II Plan de Gestión del Lobo de Asturias, con la que el Gobierno autonómico recupera la cobertura jurídica para aprobar nuevos programas anuales de control de la especie tras los cambios legislativos y la sentencia del Tribunal Supremo.

“Vamos a seguir en los tribunales las veces que haga falta. Es lo que le debemos a una especie perseguida durante siglos y que, por fin, empezaba a recuperar, muy tímidamente, solo una parte de lo que arrebatamos”, inciden las organizaciones recurrentes ante los nuevos planes de matar lobos en España.