Entre lo imprescindible y lo insuficiente: así funciona la vivienda pública en Asturias

El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas para la ciudadanía asturiana, tanto en el mercado de alquiler como en la compra. La subida continuada de los precios en los últimos años, muy por encima del crecimiento de los salarios, ha dificultado que muchas personas puedan optar a una vivienda en condiciones asequibles. Ante este escenario, la Consejería de Vivienda del Principado apuesta por reforzar el parque público como vía principal para garantizar este derecho.

El consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha reiterado en varias ocasiones que “el suelo público es para vivienda pública”. Desde su departamento explican que hay actualmente en marcha 574 viviendas destinadas al alquiler asequible repartidas en 13 concejos: Llanera, Langreo, Gijón, Lugones, La Arena, Avilés, Laviana, Mieres/Turón, Candás, Colunga, Grado, Benia de Onís y Nava. Además, está previsto el inicio de al menos otras 400 viviendas públicas, entre ellas 305 en Oviedo, tras la cesión de dos parcelas por parte del Ayuntamiento. El objetivo es facilitar el acceso a la vivienda en un contexto de precios crecientes. En este marco, resulta clave entender cómo funciona el sistema público y la gestión que lo sustenta.

Una Ley de Vivienda que busca blindar la protección pública

El pasado mes de julio, el Gobierno asturiano presentó el borrador del anteproyecto de la nueva Ley de Vivienda. El texto busca “garantizar el acceso estructural, estable y permanente a una vivienda digna” y recoge medidas como la prohibición de vender vivienda pública y el blindaje de la protección permanente de las VPO.

La empresa pública Vipasa (Viviendas del Principado de Asturias) gestiona desde 1991 el parque autonómico. Actualmente, en su web advierten de que no hay viviendas disponibles en ningún municipio. La única vía es presentar una solicitud formal y entrar en la lista de espera. Según datos facilitados a este medio, la renta media de alquiler en las viviendas públicas es de 73,95 euros.

Un sindicato nacido para defender el derecho a la vivienda

Desde el Sindicatu Vivienda d’Asturies, surgido hace un año, cuestionan la gestión de la empresa pública. “Se gestiona como en el mercado privado y, si alguien no puede pagar, es posible expulsarle de su casa como haría cualquier rentista”, explica una militante del colectivo, nacido ante la creciente dificultad para acceder a una vivienda en la comunidad.

Vipasa comercializa en régimen de arrendamiento 753 viviendas de protección autonómica (VPA), sujetas a límites de superficie y de precio máximo.

El precio “es un lujo”

Ana —nombre ficticio— vive desde hace varios años en un apartamento de Vipasa en Oviedo. Trabaja en un sector con salarios mínimos y contratos inestables, por lo que la vivienda pública le permite llegar a fin de mes. “Cuando tengo una avería responden rápido; el precio es un lujo comparado con lo habitual y mis vecinos son tranquilos”, comenta. Pasó meses en lista de espera y conoce a personas que deberán esperar más de un año para acceder a un piso similar.

También sabe de vecinos que se enfrentan a procedimientos de desahucio por impago, aunque reconoce que, en algunos casos, el impago no responde a incapacidad económica sino a decisiones personales. Desde el Sindicatu Vivienda alertan, además, de que los cambios anunciados por la administración podrían perjudicar a familias con rentas antiguas que pagaban por debajo del 20% de sus ingresos y que ahora deberán ajustarse a ese límite. “No es una medida favorable para la clase trabajadora”, apuntan, asegurando que han acompañado varios casos afectados recientemente.

Renta ajustada a cada unidad de convivencia

Susana González, portavoz y gerente de Vipasa, explica que “se ajusta la renta por debajo del 20% de los ingresos cuando cambian las circunstancias de las personas y siempre que esté acreditado”.Sobre el cálculo de la renta más la comunidad, aclara que el criterio es que no supere el 30% de los ingresos, no que deba alcanzar ese porcentaje. “Vipasa está siempre dispuesta a revisar la renta y adecuarla a la situación de cada unidad de convivencia”, señala. En cuanto a los casos conflictivos, la empresa insiste en la necesidad de cumplir “las obligaciones básicas: pagar la renta, convivir adecuadamente y mantener la vivienda en buen estado”.

Se puede desahuciar

El Sindicatu Vivienda critica que, en situaciones de impago, “una negociación con una amenaza de desahucio sobre la mesa no es una negociación, es una imposición”. Defienden que, aunque la administración presenta estas conversaciones como intentos de diálogo, “la última palabra la tiene el Gobierno autonómico, que fija la renta y puede desahuciar”.

Aseguran que existe un número creciente de casos en los que el 20% de los ingresos es inasumible para familias con una precariedad económica severa. “Hay personas para las que dedicar ese porcentaje a la vivienda implica no comer, no comprar medicinas o perder la dignidad”, denuncian desde el colectivo, que sigue recogiendo testimonios de inquilinas e inquilinos del parque público, con el objetivo de que los testimonios humanos lograr cambiar las normas.