¿Quién mató a Sheila?: 20 años de investigaciones policiales y judiciales se cierran con un asesino en la calle
Sheila Barrero Fernández, de 22 años, fue asesinada de un disparo en la nuca. Su hermano halló el cadáver en el interior de su coche en el alto del puerto de La Collada, en el límite entre Asturias y León, el 25 de enero de 2004. Este jueves se cumple el 20 aniversario del crimen. Su familia reprocha que el caso prescriba y su asesinato quede impune. En su punto de mira está el exnovio, Borja V.G., al que consideran el principal sospechoso.
El abogado Pedro González, que representa a Borja V.G., está convencido de que “será prácticamente imposible abrir una nueva investigación contra él” para sentarle en el banquillo de los acusados tras los sucesivos sobreseimientos decretados en la causa. Asegura que no existen pruebas incriminatorias y mantiene que ha sido señalado como “un falso culpable”.
La familia de Sheila ha recurrido a todo tipo de manifestaciones de protesta para evitar que el caso se archive sin que su asesino o asesinos –en el supuesto de que haya varias personas implicadas– comparezcan ante la Audiencia Provincial en un juicio con jurado.
Han hecho de todo: la madre de la víctima, Julia Fernández, protagonizó una huelga de hambre y una acampada ante la sede de la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Oviedo. Familiares, amigos y vecinos llevaron a cabo concentraciones a las puertas del Ayuntamiento de Degaña, la localidad del suroccidente asturiano donde residen los padres. Hubo manifestaciones ante los juzgados de la capital asturiana e incluso han mantenido reuniones con los responsables de las investigaciones y con los grupos políticos.
El resultado ha sido el mismo: el caso se ha sobreseído judicialmente y para los tribunales no hay un autor conocido, un argumento que no comparte la familia.
El dolor de la familia y la prescripción
El paso del tiempo no ha atenuado el dolor de Mónica Barrero por la muerte de su hermana. Siente impotencia por la falta de apoyo judicial para que el asesinato sea esclarecido. La prescripción del caso añade aún más angustia a la conmemoración del aniversario.
“Ahora que se cumplen 20 años no prescribe toda la causa. Sólo se cierra una parte, pero todavía nos quedan dos años para que prescriba la parte que le afecta a Borja porque estuvo un tiempo interrumpida. Todavía podemos presentar aquellas pruebas que no se hubieran presentado antes, pero esto mismo ya nos ocurrió en 2019 y estamos en una situación que es de una negativa constante”, explica.
Mónica está convencida de la implicación de Borja V.G. en la muerte de su hermana y dice que su convicción es debida a las pruebas recabadas durante la investigación de la Guardia Civil. “Yo no quiero ver a un inocente en la cárcel, ni muchísimo menos, pero estoy convencida y mi familia también de que él es el presunto asesino, por las pruebas aportadas en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil”.
La familia está especialmente dolida con la actuación de la Fiscalía. Mónica sostiene que a sus responsables les pareció mal que realizaran declaraciones a lo largo de la instrucción a los medios de comunicación, donde cuestionaban el escaso interés que, bajo su criterio, mostraba el Ministerio Público en aportar esas pruebas para que Borja fuera juzgado, y cree que eso se les volvió en contra.
“Yo no sé si ha sido un error nuestro o no el haber dicho que en la Fiscalía no trabajaban porque tras las primeras testificales, cuando se reabrió el caso en 2018, la Fiscalía no se presentó en el juzgado de Cangas de Narcea y cuando lo hicimos público se formó un revuelo y entraron en barrena contra nosotros”, explica.
La familia está muy disgustada porque, según expone Mónica, mantuvieron una reunión con la fiscal superior, María Esther Fernández, y ella les mostró ese malestar por haber hablado con la prensa. “Por el trato que tuvo con nosotros parecía que estábamos en un juzgado. Fue suficiente para demostrar el odio que hay hacia nuestra familia, hacia unos padres que perdieron a su hija y están preguntando que por qué no han pedido nada, por qué no han trabajado o por qué han tomado esa decisión. No sé si lo de la Fiscalía era dejadez o falta de interés”, se lamenta.
Mónica incide en que su familia se limitó a transmitir la sensación que tenía de que el trabajo de la Fiscalía en su caso “no estaba siendo todo lo eficaz que tenía que ser. Se ve que no puedes decir la verdad”, añade.
Un caso sin resolver
El asesinato de Sheila es uno de los principales casos sin resolver en Asturias. La compleja investigación corrió a cargo de efectivos de la Unidad de Policía Judicial de la entonces Comandancia de la Guardia Civil de Oviedo que contó con los refuerzos de la UCO, cuyos integrantes se desplazaron expresamente hasta el Principado para recoger pruebas en la escena del crimen.
Desde un principio, las pruebas condujeron hacia Borja V.G., un joven de 19 años, que residía con sus padres en la localidad leonesa de Villablino. Unos padres que le dieron la coartada de que la noche del crimen él había estado en el domicilio familiar junto a ellos y a sus hermanos.
El joven fue arrestado al día siguiente de que se hallara el cadáver de Sheila tras dar positivo en las pruebas de residuos de pólvora que le practicaron. Él reconoció que era cazador y había disparado una escopeta unos días antes. Sólo permaneció un día detenido. El juzgado de Cangas del Narcea se hizo cargo de la instrucción. Seis jóvenes –entre ellos Borja V.G.– fueron investigados. Tres de ellos dieron positivo en residuos.
En 2008, el caso quedó sobreseído provisionalmente, una decisión que fue ratificada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial que consideró que los restos hallados en las manos del exnovio “pueden ser debidos a haber estado cazando una semana antes de que se produjese el crimen o por transferencia”.
La causa se reabrió de nuevo en 2018, cuando los integrantes de la UCO se desplazaron a Asturias para esclarecer el asesinato del concejal de IU de Llanes, Javier Ardines –que se saldó con condenas de 20 y 22 años de cárcel para el autor intelectual, los dos sicarios y su intermediario– y de nuevo se incentivó la causa del asesinato de Sheila.
El objetivo era comprobar si los nuevos adelantos en el análisis de ADN podían revelar detalles importantes para la investigación del asesinato de Sheila. El juzgado de Cangas del Narcea decretó entonces la apertura del procedimiento después de que la Guardia Civil impulsase las investigaciones.
La delegada del Gobierno, Delia Losa, insufló ánimos a la familia de Sheila cuando públicamente aseguró que “las pruebas eran concluyentes” y advirtió que el caso estaba cada vez más cerca de su resolución. Calificó el crimen “como execrable” y habló incluso de “un ajusticiamiento”. Sus declaraciones se quedaron en una mera opinión, ya que ni la Fiscalía, ni el juzgado instructor consideraron que las pruebas eran concluyentes y todo quedó de nuevo en agua de borrajas y archivado.
La movilización de la familia y los amigos de Sheila
Conocer el móvil del crimen podría dirigir la investigación hacia uno u otro camino. El móvil pasional fue uno de los primeros en ser investigado y por ello las pesquisas se dirigieron hacia el entorno personal de la víctima.
Sheila, una estudiante de Turismo, trabajaba en un pub en Villablino, localidad leonesa donde vivía Borja V.G., con el que inició una relación sentimental .
Nosotros pedimos que el caso vaya a juicio porque nos están quitando la posibilidad de que un jurado preparado valore las pruebas y los informes de la UCO. La Fiscalía nos ha demostrado odio por nuestras declaraciones de que no estaba haciendo nada
El nombre de Borja V.G. se barajó desde un principio como principal sospechoso del crimen. La familia de Sheila siguen pensando igual, 20 años después.
“Nosotros pedimos que el caso vaya a juicio, porque el que ha valorado esto es un juzgado de instrucción, como es el de Cangas del Narcea. A nosotros nos están quitando la posibilidad de que un jurado preparado valore esas pruebas que se están presentando, pero es muy raro que el juzgado vaya por libre y la Fiscalía vaya por otro lado”, se queja Mónica.
Su desconfianza hacia la Fiscalía se convierte en agradecimiento hacia la labor desarrollada por la Guardia Civil, tanto de los agentes de la entonces Comandancia de Oviedo como especialmente de la UCO. “Nosotros confiamos ciegamente en el trabajo que han hecho desde la Guardia Civil, porque han sido los únicos que han estado meses trabajando, conocen el caso a la perfección y han reunido las pruebas que hay en la causa”, argumenta.
Unas pruebas entre las que se incluye una fibra que “es exactamente la de la chaqueta de Borja, porque tiene los mismos lavados, mismo deterioro, mismo color, todo exactamente igual. No puede ser una parecida como decía el primer informe –relata– ya que en el segundo informe dice que es de la misma chaqueta”.
“Además, que la Fiscalía diga que como él alguna vez había dicho que iba en el asiento delantero, que pudo haber viajado la fibra hasta el asiento de detrás del piloto en una transferencia. Hombre, es que eso ya es reírse de uno a la cara”, 'explota' Mónica.
La hermana de Sheila opina que el entorno más cercano de Borja, entre ellos sus padres, hermanos y amigos, cerraron filas en torno a él para proporcionarle una coartada. “Primero dijeron que estaba solo en León y sus padres en Gijón, luego que no. Hablaban primero de si tenía una pistola y más tarde se desdecían”, corrobora.
La desesperación hace mella ante la falta de avances, aunque no se resigna a dejar que el caso muera con la prescripción. Mónica admite que es difícil pasar página mientras el autor o autores del crimen estén en libertad. “Todo el día es el mismo rucu rucu. ¿Qué hicimos nosotros? ¿Qué hizo mi hermana para merecer esto? ¿Qué está pasando aquí?”, se pregunta.
El único consuelo dentro de tanto dolor es ver y sentir el apoyo de sus vecinos y los gestos de cariño y solidaridad que tanto ella como sus padres y hermanos sienten a diario y especialmente los días que, como hoy, se reúnen para recordar a Sheila, pedir que se siga investigando y aportando pruebas suficientes para esclarecer la autoría y que sea visto por un tribunal del jurado.
“La gente es la que te va manteniendo. Nos anima, nos escribe a través de las redes sociales y estamos especialmente agradecidos –comenta Mónica- que desde el Ayuntamiento de Degaña todos los años en esta fecha se celebre un pleno municipal pidiendo que el caso de mi hermana no caiga en el olvido y que estén juntos, sean del partido que sea, año tras año”, dice agradecida.
Mónica recela de las posibilidades existentes a día de hoy de que algún día pueda ver sentado en el banquillo al exnovio de su hermana. “Creo que no hay prácticamente ninguna posibilidad según está la Fiscalía, porque le presentes lo que le presentes, da igual y pienso que la parte que le afecta a Borja también va a prescribir. A pesar de todas las dificultades, nosotros estamos peleando por todo y buscando lo que sea. Pero cuando esta parte que tiene que hacer justicia está en este plan sobre su conciencia quedará”, señala.
“Estamos peor que cuando mataron a Sheila, porque ahora sabemos que su asesino está en libertad viviendo la vida que mi hermana no pudo vivir”, certifica.
La defensa: “No hay pruebas que incriminen a Borja”
El abogado Pedro González siempre ha defendido la inocencia de Borja V.G. Asegura que el exnovio de Sheila Barrero ha sido señalado injustamente como el presunto autor del crimen -del que se cumple el 20 aniversario- a pesar de que tanto el Juzgado de Instrucción de Cangas del Narcea como la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Oviedo, han descartado su implicación de forma reiterada a través de los sucesivos sobreseimientos decretados en la causa.
González establece un paralelismo entre su cliente y otros casos como el de Dolores Vázquez y Francisco Medina, a los que se imputó la autoría en un asesinato y quedaron eximidos de toda responsabilidad penal al constatarse que no eran culpables. Dolores Vázquez fue acusada del asesinato de Rocío Wanninkhof, de 19 años, en 1999, en Mijas (Málaga) y Francisco Medina fue acusado del asesinato a cuchilladas, en 2013, de Miguel Ángel Domínguez, de 39 años, y de su hija María, de ocho, en su casa de Almonte (Huelva).
Dolores Vázquez fue declarada culpable por un jurado popular y permaneció ingresada en prisión 519 días. Fue excarcelada cuando se reveló que el ADN del asesino de Sonia Carabantes coincidía con el del asesino de Rocío. Por su parte Medina, presunto amante de la mujer y madre de las víctimas, Marianela Olmedo, fue declarado no culpable por un jurado popular y ratificado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y por el Tribunal Supremo (TS). Actualmente se desconoce la autoría del crimen de Almonte.
El letrado recuerda que en el procedimiento por el asesinato de Sheila hay registrados cinco ADN anónimos que podrían estar relacionados con el crimen y ninguno de ellos pertenece a su representado. Están incluidos en la base de datos de la Guardia Civil y podría ocurrir lo mismo que en el caso Wanninkhof y que en un futuro se pueda esclarecer el crimen al identificar a la persona que se corresponde con ese ADN.
“En el caso de Borja también se fabricó un falso culpable y desde la primera instrucción ya se vio que mi cliente no tenía nada que ver con el crimen de Sheila y en la segunda instrucción ni siquiera le llamaron para que fuera a declarar”, afirma.
Él considera que su cliente ha estado siempre sometido a una gran presión al haber sido señalado como el principal sospechoso del crimen a pesar de que nunca llegó a ser procesado, pero reconoce que él siempre mantuvo que era inocente como se constata por el hecho de que ha estado desde un principio en libertad.
“Cuando ocurrieron los hechos, en 2004, sólo permaneció un día detenido y fue puesto en libertad al día siguiente porque no tenía nada que ver, como han manifestado los jueces y tribunales cuando se han pronunciado, al igual que los fiscales”, señala.
Ni fiscales, ni jueces encontraron pruebas contra Borja y se le ha señalado como un falso culpable. La presión ha sido muy elevada, pero nunca se ha ido de su pueblo, Villablino (León), donde estuvo el día del crimen como atestiguan sus padres y hermanos
A pesar de que la familia de la víctima sigue dirigiendo todas las sospechas de la autoría hacia Borja V.G., su defensa considera “imposible” que se pueda volver a reabrir una investigación contra él: “Borja ha estado siempre en libertad. Sólo permaneció un día detenido en 2004 siendo inocente. En la segunda instrucción el juzgado de Cangas del Narcea ni siquiera le llamó”, reitera.
Pedro González recuerda que a lo largo de los 20 años que han transcurrido desde que fuera hallado el cadáver de Sheila han pasado muchos jueces por el Juzgado de Instrucción de Cangas del Narcea y todas las veces han descartado cualquier participación en el crimen de su representado.
“La presión hacia Borja siempre ha sido muy elevada, pero nunca se ha ido de su pueblo. Un detalle muy significativo -añade- es que desde su primera declaración ya dijo que no tenía nada que ver y muy poco tiempo después le devolvieron las armas. La prueba de residuos no pudo aportar nada, dada la confusión y lo que ocurrió con el casquillo aparecido en una inspección policial”.
La defensa del ex novio reconoce que es muy factible que este crimen pueda quedar sin resolver. No obstante, entiende que para la familia sea un momento complicado el hecho de que vaya a prescribir sin una autoría conocida, aunque confía en que algún día pueda aparecer el asesino o asesinos.
Pedro González descarta por completo que su cliente haya tenido algún tipo de participación en el asesinato de Sheila, pero incide en que todas las pruebas recabadas no le implican. “Ni los fiscales, ni los jueces han encontrado pruebas contra Borja y todos han coincidido y han dicho lo mismo, tanto en el juzgado como en la Audiencia. El problema es que a él se le ha señalado como un falso culpable y nunca ha habido prueba alguna contra él”, corrobora.
La defensa afirma que en ningún momento se pudo situar a Borja en la escena del crimen, ni siquiera en el coche de la víctima: “Estaba con sus padres y hermanos en el domicilio familiar de Villablino, como ellos han declarado”, ratifica. Mantiene que, a pesar de la presión mediática, su representado ha podido seguir realizando su rutina diaria en su localidad porque “no tiene ninguna relación con el asesinato de Sheila Barrero”, concluye.
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