Esperar dos o tres semanas para tomar medidas más drásticas conlleva importantes riesgos

Las cifras dadas a conocer por el Ministerio de Sanidad sobre la evolución de la pandemia y la situación de la presión asistencial que enfrentamos, publicadas el jueves 5 y el viernes 6 de noviembre, cuestionan la estrategia surgida del último Consejo Interterritorial, en lo que consideramos excesiva parsimonia de las autoridades sanitarias para reaccionar ante una situación de suma gravedad y que no parece haber sido ponderada adecuadamente, con excepción de unos pocos gobiernos autonómicos.

La situación actual refleja una gravedad que debería llevar a actuar con celeridad, de modo anticipatorio, con contundencia y con determinación, cuando van de por medio la salud y la vida de muchas personas. Es más que discutible aguardar un tiempo que puede resultar precioso cuando el número de defunciones por COVID-19 se eleva, cuando la mortalidad excesiva por COVID-19 y por otras causas crece nuevamente, y cuando la presión asistencial se incrementa y llega al punto de la asfixia en varias Comunidades y en las dos Ciudades Autónomas. Así han respondido ya numerosos países europeos y resulta difícil comprender por qué no se actúa de manera similar en España, sobre todo cuando cabría aplicar confinamientos domiciliarios sólo en los territorios concretos donde la situación es ya muy grave.

La reunión de Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud del pasado 4 de noviembre concluyó sin acuerdos relevantes. Con anterioridad a ella varías Comunidades y Ciudades Autónomas (Asturias, Castilla y León, Ceuta, Melilla y el País Vasco), así como numerosos expertos, se habían manifestado en el sentido de pedir un confinamiento domiciliario de al menos 15 días de duración para reducir la elevada presión asistencial que desde hacía días soportaban buena parte de los hospitales españoles y muy especialmente las UCI que, en muchos casos, han llegado a cifras de ocupación sumamente elevadas cercanas al colapso asistencial. 

El mismo día que se reunió el Consejo Interterritorial los datos eran ya muy malos: la media para España de contagios por cien mil habitantes en los últimos 14 días volvió a subir hasta alcanzar 528, la mayoría de las Comunidades empeoró su tasa de incidencia y solamente una (Canarias) comunicó menos de 100 contagios por cien mil habitantes en los últimos 14 días. Además, los ingresos hospitalarios seguían superando a las altas, el porcentaje de camas ocupadas por pacientes de COVID-19 sobrepasó el 10% en todas las Comunidades menos en tres de ellas, y el porcentaje promedio de ocupación de las UCI se acercó al 30%, superando el 40% en cuatro ámbitos territoriales: La Rioja, Melilla, Aragón y Cataluña. Incluso algún Gobierno regional anunció su propósito de derivar pacientes de COVID-19 a hospitales privados. 

Desde entonces, la situación ha seguido empeorando y, hasta ahora, ni la curva se estabiliza ni la presión asistencial disminuye: basta con analizar las estadísticas y con escuchar a los responsables de los servicios sanitarios en las Comunidades Autónomas o hablar con los trabajadores sanitarios que están en primera línea para tener una idea del estrés que está enfrentado el sistema de salud, de la fatiga de los profesionales sanitarios y del daño colateral de desatención de otras patologías que está creciendo, semana a semana.. Y por si fuera poco la mortalidad excesiva que registra el Sistema MoMo volvió a subir en el último mes.  

Los dos días siguientes a la celebración del Consejo Interterritorial han arrojado cifras todavía peores. El día 5 los casos nuevos fueron 21.908 y los fallecimientos 368 Y el día 6 se registraron 22.516 nuevos casos y 347 fallecidos. Los datos de hoy, sábado 7 de noviembre en Andalucía o Asturias (por ejemplo), empeoran algunos indicadores.

En resumen, las últimas dos semanas han visto una acumulación de casi 250,000 nuevos casos, lo que da una incidencia de 525 por cien mil habitantes y un incremento de 30% con respecto a los casos que había hace 14 días. Una docena de CCAA tienen cifras superiores a la media nacional, algunas de ellas con más de 1.000 casos por cada cien mil habitantes. 

La positividad de las pruebas PCR realizadas en el país se ha incrementado hasta alcanzar una media del 13,2%, casi tres veces por encima del umbral que establece la OMS para considerar que la transmisión está bajo control lo que indica que el virus sigue circulando ampliamente y la transmisión comunitaria sigue siendo importante. Ello exige restricciones tajantes de la interacción gregaria para frenar los contagios masivos.

Con todo, lo más preocupante está siendo la evolución al alza de la presión asistencial y el incremento de los fallecimientos. La media nacional de ocupación hospitalaria por pacientes con COVID-19 es de 16,3% con varias CCAA superando el 20%. Y la media de ocupación de UCI en España es del 30% con varias CCAA alcanzando cifras superiores al 40%. Hay varias ciudades a lo largo del país que enfrentan ya ocupaciones muy altas de camas hospitalarias y sobre todo de UCI que llegan prácticamente a la ocupación total. 

Por último, pero no por ello menos importante, hay que mencionar el incremento en el número diario de defunciones que ascendió a 1.088 en los últimos 7 días, una cifra muy preocupante, sobre todo porque el porcentaje de personas mayores entre los fallecidos (muchas de ellos residentes en unas residencias que se muestran cada vez más afectadas) es paulatinamente mayor. 

A lo que hay que sumar, como ya hemos apuntado, que el sistema MoMo de vigilancia del exceso de mortalidad ha registrado mas de 6.000 muertes por encima de las habituales durante el mes de octubre, las cuales son atribuibles tanto a COVID-19 como a otras patologías cuya atención ha sido desplazada por la saturación de la asistencia sanitaria causada por el aluvión de ingresos con COVID-19

Sin embargo, ni el Gobierno ni la mayoría de las CCAA han optado por actuar con la suficiente contundencia para abatir rápidamente la curva de contagios y con ello, evitar casos, disminuir la presión asistencial y evitar muertes. 

El tema del confinamiento domiciliario ni siquiera se incluyó en el orden del día del Consejo. Antes bien, la gran mayoría respaldó la postura del Gobierno en el sentido de esperar “dos a tres semanas” para comprobar si las medidas adoptadas surtían efecto. El argumento fue que el confinamiento domiciliario tenía costes importantes y debía ser el último recurso. 

No obstante, acto seguido varias Comunidades (Cantabria, Galicia, Murcia, País Vasco entre ellas, a las que seguramente se sumará al menos Andalucía en 24-48h) prorrogaron, reforzaron o introdujeron los confinamientos perimetrales en sus municipios y/o endurecieron las medidas de restricción de las actividades de restauración y hostelería. En algunos casos, también se plantearon ampliar el horario de los confinamientos nocturnos. 

Es probable que todas estas medidas tengan un cierto impacto y que la incidencia promedio de esta ola de la pandemia baje ligeramente durante las próximas semanas. Sin embargo, en nuestra opinión, no bajará lo suficiente, ni con la velocidad necesaria, en aquellos territorios golpeados de forma severa por la pandemia.  

Si se tienen en cuenta los actuales altos niveles de incidencia y el precedente de la primera ola (donde a un durísimo y largo confinamiento poblacional le siguió un periodo de baja incidencia de poco más de cinco semanas), es poco probable que, en el tiempo marcado por el Ministerio para evaluar las medidas adoptadas en el marco del actual estado de alarma, esos territorios en situación tan difícil se vayan a situar por debajo de 250 casos por cien mil habitantes, la cifra considerada de alto riesgo en el semáforo de la Unión Europea. Probablemente tampoco lo hará en la mayoría de los territorios, aunque alguna Comunidad podría situarse por debajo de ella. 

Esto significa que la mayoría de los hospitales y de UCI habrán de soportar una presión asistencial elevada y sostenida durante mucho tiempo, seguramente hasta mediados o finales de diciembre. Lo cual, como es sabido, supone pagar una factura que tendrá dos consecuencias principales: un exceso de sufrimiento y mortalidad evitables por COVID-19, y un exceso de sufrimiento y mortalidad evitables debido al resto de las enfermedades. Ambos excesos se añadirán al exceso de mortalidad registrado hasta ahora que es el más elevado de los países de nuestro entorno. 

No hay que olvidar que, además de las otras debilidades manifestadas durante estos meses, en la atención primaria aún se sigue echando en falta una estrategia con criterios y umbrales explícitos para su fortalecimiento y para su articulación con los dispositivos de vigilancia epidemiológica y de salud pública.

Convivir con incidencias y presiones asistenciales altas durante tanto tiempo someterá a la ciudadanía y a los profesionales de la salud a una fatiga creciente que, además de afectar a la moral colectiva, probablemente se traducirá en un menor seguimiento de las recomendaciones de auto confinamiento e incluso de una parte de las restricciones de movilidad implementadas hasta ahora.

Y ello sin evitarse al mismo tiempo, un notable impacto económico en los sectores afectados por las restricciones, lo que, en vísperas de las celebraciones navideñas, con su incrementando potencial de movimientos y de contactos personales, configura una perspectiva poco halagüeña. Dicho de otro modo: indirectamente se estarían creando las condiciones para sufrir una tercera oleada a primeros de enero. Y ello cuando, tal como ha señalado el Presidente del Gobierno, las campañas de vacunación no comenzarían hasta bien entrada la primavera.

Este tipo de consideraciones ha llevado a que muchos países de nuestro entorno hayan decidido adoptar ahora medidas más drásticas que incluyen confinamientos poblacionales y suspensión de actividades económicas no esenciales, de dos a cuatro semanas de duración (aunque manteniendo abiertos los centros educativos y los espacios al aire libre) con el fin de aliviar tanto la presión asistencial como la perspectiva psicológica de librar una “batalla de desgaste” con el virus sin posibilidad de alivio en el corto plazo.

Los ejemplos de Israel e Irlanda son muy claros porque en ambos países los confinamientos poblacionales y el cierre de actividades económicas no esenciales decretados hace cinco y tres semanas respectivamente han funcionado.

Por tanto, en nuestra opinión no adoptar ahora esas medidas nos sitúa ante el riesgo de tener que convivir con incidencias y presiones asistenciales elevadas, con cifras crecientes de fallecimientos, y sin conjurar el riesgo de vernos obligados a adoptarlas más adelante, en peores condiciones asistenciales y psicológicas. Y a que, además, sean más duras y de mayor duración, y por tanto más costosas.

Seguramente, esta discusión y las decisiones a tomar se habrían visto facilitadas con un clima político de menor confrontación y mayor colaboración, con una oposición más responsable y con mayor sentido de Estado ante un problema como la pandemia que no distingue de colores ni debe ser usada en la lucha partidista. Desde luego que, también, como ocurre en otros países, la existencia de un comité científico asesor capaz de proporcionarle al Consejo Interterritorial y a los gobiernos central y autonómicos análisis bien fundamentados de los distintos escenarios y sus implicaciones, sería de gran ayuda. Pero incluso sin él, la experiencia de lo vivido hasta aquí y el ejemplo de países cercanos deberían hacernos recapacitar. No hay tiempo que perder.