Los retos de la nueva ministra de Sanidad: dar un giro de timón para enfrentar con más determinación y eficacia la pandemia

A Carolina Darias le corresponde recoger el testigo de Salvador Illa al frente del Ministerio de Sanidad en un momento crítico de la pandemia en el que se requieren acciones más firmes para doblegar la curva de contagios y alcanzar el objetivo bajar de 25 casos por 100.000 habitantes como incidencia acumulada en 14 días. Lo hace cuando, además, se inicia un largo proceso de vacunación que necesita acelerar el ritmo y superar los escollos en el suministro de suficientes dosis por los fabricantes de las vacunas para lograr los resultados de protección poblacional lo antes posible.

Además, Darias toma las riendas de un Sistema Nacional de Salud que, si bien es un gran activo de la sociedad española (sobre todo en momentos como los que vivimos), ha sido duramente golpeado por la pandemia, y adolece de problemas estructurales agravados por los recortes de años anteriores que requieren un abordaje de fondo en los términos que se acordaron en la Comisión de Reconstrucción del Congreso de los Diputados.

A Salvador Illa le tocó enfrentar, apenas un mes después de haber sido nombrado ministro de Sanidad, la crisis sanitaria más grave de los últimos tiempos. La urgencia de gestionar la pandemia aunada a la dificultad de armonizar la diversidad de enfoques, respuestas y posiciones de las CCAA, a menudo teñidos de una marcada polarización política, no permitió, en el año que estuvo al frente del Ministerio, que se avanzase en el desarrollo de un plan estratégico para fortalecer el Sistema Nacional de Salud.

Además de los retos inherentes a las dificultades que ha supuesto un agente infeccioso y una agresiva enfermedad hasta hace un año inéditos en el mundo, el Gobierno de España ha enfrentado numerosos escollos sembrados por una oposición política que, salvo excepciones, no ha cerrado filas para combatir al virus con visión de Estado.

En consecuencia, se ha gastado demasiado tiempo en polémicas estériles, que han desorientado con frecuencia a la ciudadanía y han dificultado los necesarios consensos sanitarios entre las CCAA y el Ministerio de Sanidad. A estas alturas, parece claro que los mayores logros en la lucha contra la pandemia se lograron durante la primavera del 2020, cuando el mando único permitió un ejercicio univoco de la Autoridad Sanitaria del Estado en los momentos en que más se requería.

En nuestra opinión, la cogobernanza es la forma adecuada de coordinación para la toma de decisiones en un Estado Autonómico, donde las competencias sanitarias están descentralizadas. Sin embargo, no es un instrumento de acción sanitaria. Es decir, por sí sola no basta para doblegar la curva de contagios o acelerar la vacunación, por eso, es un error escudarse en ella para no tomar decisiones en el medio de una pandemia que requiere rapidez y anticipación en las alertas y claridad y contundencia en las respuestas. La cogobernanza ha producido efectos positivos, pero no puede sustituir al liderazgo sanitario que el Gobierno de España debe tener ante una pandemia que afecta al mundo, a Europa y a todo el territorio nacional, más allá de fronteras o divisiones administrativas.

Por desgracia, no se puede decir que el Consejo Interterritorial, reunido por primera vez bajo la dirección de orquesta de la nueva ministra de Sanidad el pasado jueves 28 de enero, haya sido particularmente fructífero. No se han alcanzado los consensos mínimos para dar los pasos significativos que la situación demanda. Por ejemplo, a pesar de la previsión oficial en relación con que la variante británica puede ser predominante en España tan pronto como a finales de febrero, se siguió rehuyendo la necesaria modificación del estado de alarma para ampliar las opciones de respuesta. En consecuencia, las comunidades no pueden tomar aquellas medidas más restrictivas que juzguen necesarias como son la ampliación del toque de queda o el confinamiento domiciliario.

Al día siguiente, el viernes 29, la incidencia acumulada siguió siendo elevadísima: 886 casos por cada cien mil personas en los últimos 14 días. Todas las comunidades menos Canarias superaron el nivel máximo de en la transmisión (incidencia acumulada de 14 días e incidencia acumulada en mayores de 65 años) y muchas de ellas superaron los umbrales máximos en positividad de las pruebas diagnósticas y en trazabilidad de los casos detectados. Lo mismo sucede con los niveles de utilización de servicios asistenciales por COVID-19 que mostraron un muy alto grado de presión asistencial. Como consecuencia, en muchos hospitales se llevan varios días desprogramando actividades asistenciales no relacionadas con la Covid-19.

Por si fuera poco, en todas las comunidades, menos Canarias, Cantabria, Navarra y País Vasco, se rebasaron los niveles del semáforo establecido por la Unión Europea para definir las regiones de color rojo oscuro (incidencia acumulada de 14 días de más de 500 casos por cien mil habitantes). Y recordemos que la recomendación de la Unión Europea en este sentido es de no viajar desde y hacia dichas regiones, y en aquellos viajes imprescindibles hay que efectuar una PCR con anterioridad y guardar una cuarentena de carácter obligatorio.

En nuestra opinión, y pese a la leve disminución del número de nuevos casos y de la incidencia acumulada de los últimos dos días, con las medidas adoptadas llevará varias semanas salir de esta situación, lo cual supondrá una importante limitación del movimiento intraeuropeo de personas. De estar hoy en los meses de verano, ello supondría un cierre casi absoluto del mercado turístico en España con el consiguiente impacto en la economía y el empleo.

Más importante aún, dada la enorme presión asistencial actual (24% de las camas y 44% de las UCI ocupadas por pacientes COVID, la elevada positividad de las pruebas diagnósticas (15,5%) y que más de la mitad de las provincias tienen una trazabilidad inferior al 50 nos parece claro que se requieren medidas de mitigación más severas para no llegar a la situación de colapso asistencial que estamos viendo en Reino Unido o Portugal. Conviene tener presente que la menor tasa de realización de pruebas diagnósticas y su mayor positividad en comunidades como Andalucía o Madrid, que representan más del 30% de la población de España, induce a pensar que la incidencia real es mayor de la registrada.

Aunque los casos diarios y la incidencia acumulada bajen en los próximos días, no se debería caer en autoengaño. La variante británica que está extendiéndose rápidamente por toda España y acabará por ser dominante a fines de febrero o principios de marzo acelerará la transmisión y probablemente agravará el aluvión de casos concentrados en el tiempo, lo que puede llegar a colapsar muchos hospitales.

Por todo ello, las comunidades y el Gobierno de España deberían haber cerrado filas el jueves pasado en el Consejo Interterritorial para tomar medidas más severas y acordar la modificación del estado de alarma para dar cobertura jurídica a una ampliación del toque de queda y a los confinamientos domiciliarios. Las autoridades sanitarias no deben seguir aguardando para ver qué pasa. Los riesgos de esta actitud son demasiado grandes. Hay que anticiparse y actuar ya.

Resulta imperativo, además, intensificar el rastreo retrospectivo exhaustivo, para lo cual hay que ir más allá de los esfuerzos, hasta cierto punto superficiales, de identificar contactos de los últimos 3 o 4 días y llevar el rastreo más atrás en el tiempo a fin de que se indaguen y sometan a pruebas diagnósticas contactos de las últimas dos semanas. Esto probablemente arrojará una mayor positividad, redundará en una mejor trazabilidad y logrará aislar a más positivos asintomáticos que están contribuyendo a la transmisión comunitaria sostenida.

Con relación al dique que hay que poner a la expansión de la variante británica de mayor transmisibilidad, el Sistema Nacional de Salud tiene que poner en marcha, cuanto antes, las recomendaciones de la Evaluación Rápida de Riesgo sobre la variante británica y otras variantes del SARS-COV-2 dada a conocer por el propio Ministerio de Sanidad el 26 de enero:

No hay tiempo que perder y hay que dedicar recursos humanos, materiales y económicos para hacer estas cuatro cosas sin dilación. Y se debe monitorizar día a día la situación desde el Ministerio para asegurar que la conducción del proceso ofrezca la información precisa para la toma de decisiones. Es un asunto de enorme relevancia.

En cuanto a la vacunación, hay que hacer un ejercicio de realismo y abandonar los debates estériles y voluntaristas ante los problemas en el suministro de las vacunas. Dependemos de la gestión de las autoridades comunitarias para ello. Y sin perjuicio de que la gestión de la Comisión Europea en este asunto se ha demostrado manifiestamente mejorable, lo que toca ahora es apoyarla para que presione lo necesario hasta que las empresas fabricantes cumplan lo pactado en los contratos o encuentren soluciones alternativas como puede ser la terciarización de la producción cuando no puedan cumplir con sus propios recursos, entre otras opciones.

El verdadero reto nacional de la vacunación tiene que ver con el hecho de que se inició la vacunación, España ha recibido alrededor de 1,8 millones de dosis cuando habría sido necesario recibir 5 millones de dosis para poder ir al ritmo que se necesita para vacunar al 70% de la población de aquí al final del verano. Además, en su comparecencia del viernes 29 de enero ante el Congreso, la ministra Darias ha informado que se recibirán alrededor de 5,5 millones de dosis durante el primer trimestre, cuando se requerirían 24 millones para poder vacunar a los 12 millones de personas que tendrían que estar cubiertos a esas alturas si se quiere cumplir el objetivo planteado para fines de agosto. Por tanto, hasta ahora el suministro de vacunas provenientes de los acuerdos de la Unión Europea se está quedando corto.

Y el segundo aspecto relevante es el ritmo de administración. No hay que olvidar que habría que aplicar 2 millones de dosis por semana para alcanzar la cifra de 35 millones de personas vacunadas al final del verano. En este aspecto, aunque el ritmo de aplicación de las dosis ha mejorado algo, aún habrá que multiplicar por cuatro o por cinco el número de dosis diarias aplicadas para llegar al objetivo propuesto.

La ministra Darias asume el cargo en este complejo clima, cuando la tormenta sanitaria está en un punto crítico que exige determinación en la lucha contra la pandemia, y acelerar la campaña de vacunación. Pero también cuando se hace más necesario que nunca claridad en los planteamientos y un liderazgo singular en la conducción de la política sanitaria nacional.

Para ello no será suficiente un continuismo que perpetúe lo que se venía haciendo porque no basta con hacer más de lo mismo para doblegar una tercera ola que se muestra diferente a la anterior en muchos aspectos. Hay que dar un giro de timón para enfrentar con más determinación y eficacia la gravedad de la pandemia. No hacerlo supone dejar correr una situación que cronificará las altas tasas de incidencia, derivará en una severa presión asistencial, con sus implicaciones de desatención de otras patologías, y no nos preparará adecuadamente para las consecuencias de la diseminación masiva de la variante británica, que en algunas CCAA puede llevar al colapso efectivo de la atención sanitaria y que, en todo caso, perpetuaría durante demasiado tiempo un alto número diario de fallecimientos que podrían haberse evitado.

Por si fuera poco, la agenda pendiente de recuperación del Sistema Nacional de Salud, que fuera debatida y acordada por la Comisión de Reconstrucción del Congreso de los Diputados, no ha sido retomada como una agenda integral de política sanitaria para los próximos años por más que algunos aspectos de ella hayan quedado plasmados en los nuevos Presupuestos Generales del Estado. Se requiere acometer el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud con visión estratégica.

Creemos que la ventana de oportunidad que ofrece el recambio efectuado en el Ministerio de Sanidad se debe aprovechar y que en lugar de seguir como hasta ahora, Carolina Darias debería evaluar las luces y las sombras del actual estado de alarma para saber lo que ha dado de sí, reorientar lo necesario y dar un impulso decisivo a la lucha contra la pandemia, a la vacunación y a la transformación estratégica del Sistema Nacional de Salud, apoyándose mucho más que hasta ahora en el importante capital intelectual que en materia de Salud Pública, Epidemiologia y otros ámbitos de conocimiento tiene el país.

No se trata solo de advertir que vienen semanas muy duras, eso ya se ha hecho antes, sino de tomar las decisiones adecuadas, por ingratas o impopulares que parezcan, para revertir la situación. De ese modo es probable que sean menos costosas y duren menos. Se trata de abatir la curva con prontitud para reducir sufrimientos, evitar un elevado número de fallecimientos, impedir una mayor presión asistencial en la atención primaria, hospitalaria y de UCI y tener mejores condiciones para acometer el salto que requiere la campaña de vacunación. Solo así se recuperará la economía.