¡Buenos días!
¿Cómo llevas la semana? ¿Has abandonado ya los buenos propósitos que te fijaste para 2024? Una de estas aspiraciones de buena parte de la humanidad es tratar de reducir al máximo posible el consumo de combustibles fósiles. Hay fechas, propuestas, normas, planes de acción, dinero... Sin embargo, la realidad es que el petróleo sigue marcando nuestras vidas. A pesar de todos los avisos y amenazas del cambio climático, las petroleras siguen ganando y dictando la marcha de la economía. En España es evidente: nuestro país sigue enganchado al petróleo y el gas, cuyo peso en el consumo total de energía volvió a crecer en 2022 hasta rozar el 70%, la cota más elevada desde 2010 (lo puedes ver en el gráfico de abajo).
La Secretaría de Estado de Energía destaca como “uno de los datos más relevantes” de 2022 la recuperación del porcentaje de consumo de productos petrolíferos: gasolinas y gasóleos, querosenos, fuel, gases licuados del petróleo y otros derivados como lubricantes, productos asfálticos o coque. En esta información te explicamos cómo los productos petrolíferos y el gas copan el consumo de energía en España.
No es que no se hayan dado pasos adelante. De hecho, en 2023 se alcanzó el hito de que las renovables generen más de la mitad de la electricidad en España: la fuerte producción eólica, que ha vuelto a ser la primera fuente en 2023, la aportación de la fotovoltaica y la mejora de la producción hidroeléctrica, pese a la sequía, han conseguido que en el año pasado se registre un nuevo máximo de 180 días con mayoría de generación con energía limpia, casi el doble que en 2022.
Entonces, ¿cuál es el problema? La fuerte dependencia del gas para generar electricidad, la pobre implantación del coche eléctrico así como el escaso desarrollo de la electrificación de la economía. Hay demasiados intereses en la defensa de los combustibles fósiles.
Entre los más activos en la defensa de los intereses petrolíferos están, claro, los directivos de Repsol. Su consejero delegado, Josu Jon Imaz, dijo en el Foro Económico Mundial de Davos que la manera de abordar la descarbonización desde Europa se basa en “una aproximación ideológica”, como si el cambio climático no fuera una realidad. Teresa Ribera, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, le respondió a Imaz que su argumento era “crecientemente decepcionante” y “populista”. Pero para entender la fuerte influencia de estas empresas, solo hay que ver el salto que dio el PNV en defensa del directivo de la petrolera por boca de la eurodiputada nacionalista vasca Izaskun Bilbao. El PNV es un socio necesario para el mantenimiento del Gobierno de coalición. Aquí te explicamos la polémica.
No es el único movimiento para obstaculizar la transición ecológica. El Partido Popular Europeo quiere revertir la prohibición de la venta de coches de gasolina y diésel a partir de 2035, una de las principales medidas de la agenda verde europea, a la que ya se opuso en el Parlamento Europeo.
Los coches eléctricos son todavía excesivamente caros y la industria europea del automóvil está más preocupada por frenar (en los pasillos de la Comisión Europea) la entrada de eléctricos chinos y estadounidenses que en desarrollar modelos más accesibles para el público europeo. En España, las ventas de coches eléctricos puros no despegan y se quedan por debajo del 6% en 2023.
Eso sin contar que las administraciones no han hecho todos los deberes que tendrían que haber abordado. Por un lado, eléctricas, fabricantes de coches, consumidores o estaciones de servicio reclaman que el Gobierno publique ya un mapa de electrolineras con información “fiable” como una de las medidas para impulsar la electrificación de la movilidad, en la que España está a la cola de Europa. La Ley de Cambio Climático preveía que la DGT pusiera en marcha esta herramienta en mayo de 2022. Siguiendo con los cargadores, el Ministerio de Defensa ha denunciado la “opacidad” del mercado español de recarga de vehículos eléctricos y cómo esto dificulta las licitaciones públicas para contratar estos servicios.
Y no es un problema de que falte dinero. Once comunidades autónomas no han ejecutado ni el 50% de los fondos para energía (movilidad, eficiencia y renovables) del plan de recuperación, transformación y resiliencia (PRTR) que gestionan las regiones, con cuatro de ellas (Canarias, Balears, Murcia y Extremadura) que no han llegado ni de lejos al 20%.
Así, la petroleras seguirán ganando. Todos perdemos.
La economía de España se está transformando por completo. Aunque la inversión de las empresas y de las familias en “capital fijo” es uno de los elementos que no se han recuperado de los niveles previos a 2020. Según datos del INE, en el tercer trimestre del año pasado aún estábamos a casi 3 puntos porcentuales del montante inversor anterior a la pandemia. La situación ha cambiado: la vivienda llegó a copar 4 de cada 10 euros de la inversión en “capital fijo” antes de 2008; ahora solo es 2,9 euros de cada 10. La gran diferencia es el mayor peso de sectores relacionados con la innovación, la ingeniería o las energías renovables. Aquí puedes leer cómo la inversión crece un 30% desde 2013 con menos dependencia de la vivienda y un máximo en innovación.
La caída en la inversión en vivienda es relevante, teniendo en cuenta el problema para la compra o el alquiler que sufren, sobre todos, los jóvenes y los colectivos vulnerables. En noviembre de 2023, último mes con datos, la compraventa de viviendas amplió su caída un 15,1% y encadena 10 meses de descenso. Altos tipos de interés que hacen inviable pagar una hipoteca y precios de alquiler por las nubes. ¿Quién esta manejando el mercado inmobiliario? Un estudio de Funcas ha revelado que el deterioro del acceso a la vivienda en España responde al aumento persistente de los precios impulsado más por la demanda especulativa -mayorista y no residente- y no por la demanda minorista residencial. En este artículo te lo contamos.
43.600 funcionarios
Se van a jubilar en los próximos cinco años. Estamos hablando del 22% de las plantillas que conforman el sector público. El problema generacional se incrementa si la mirada se amplía a un horizonte de 15 años: el grupo de trabajadores que tiene ahora más de 50 años roza el 60% de toda la fuerza laboral del sector público estatal. Los recortes que el Gobierno del PP acometió durante la gran crisis financiera se han traducido en un aumento del desfase generacional: se restringió la convocatoria de ofertas de empleo público que no llegaron a cubrir la salida de personal jubilado. Sin una buena plantilla de funcionarios no es posible dar una adecuada asistencia de servicios públicos. Estamos hablando de sanidad, educación, dependencia, justicia, búsqueda de empleo, asistencia a ancianos... lo básico para conformar el Estado del Bienestar de una sociedad civilizada. Aquí tienes más información sobre la jubilación de miles de funcionarios y su impacto en los servicios de la Administración Pública.
La tensión bélica en el mundo se dispara y siempre hay gente preparada para hacer negocio. Hyperion Fund FCR es el fondo que han creado nuestros 'entrepreneurs' de la semana, el ex presidente del PP Pablo Casado y Ricardo Gómez-Acebo Botín —sobrino de la presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín— junto a expertos del sector. El vehículo inversor de Casado y Gómez-Acebo se define como “el primer fondo de capital riesgo en España enfocado en los ámbitos aeroespacial, de ciberseguridad e inteligencia artificial”, siguiendo las últimas tendencias de la industria bélica. Pretende captar 150 millones de euros para impulsar este tipo de inversiones. Israel ya está utilizando en Gaza este tipo de armamento con las consecuencias que se conocen: una matanza que supera los 25.000 muertos. Aquí te contamos de qué va la inteligencia artificial militar en la que va a invertir Pablo Casado y sus socios.
Esto llevó a la percepción pública de que el BCE vivía en una especie de realidad paralela. Se tomaron medidas demasiado tarde, lo que finalmente provocó una pérdida de poder adquisitivo para los ciudadanos europeos del 10% al 20%.
Christine Lagarde tiene un grave problema en su propia casa. Los trabajadores del Banco Central Europeo (BCE) respondieron a una encuesta donde dejaron patente el descontento con la gestión de su presidenta porque no es “competente” y porque “la mayor parte del tiempo no se dedica a su cometido, sino a hablar de política”. “Lagarde se comporta como una autócrata, del tipo haz lo que digo, no lo que hago”, responde anónimamente, como en la frase elegida arriba, uno de los empleados. La plantilla está “muy insatisfecha con su gestión: el 73% de los empleados no la aprueba”. El suspenso de Lagarde se extiende a todo el Comité Ejecutivo, que completan el vicepresidente Luis de Guindos, el economista jefe y otros miembros, como la alemana Isabel Schnabel. La confianza para el 59% de la plantilla en el principal órgano del BCE es “baja o inexistente”. Aquí tienes mucha más información de la pésima visión de los empleados del BCE sobre su presidenta, Christine Lagarde.
Con esta situación se presenta este jueves una nueva reunión del BCE en la que parece que no habrá cambios en la política monetaria. Mientras, las empresas siguen exprimiendo la crisis de inflación: los márgenes de beneficios se han disparado en la mayoría de sectores, especialmente en las grandes compañías de la agricultura, la industria y las eléctricas. Aquí te lo contamos.
Una nueva decisión judicial echa por tierra el mito de que la derecha cuando llega al Gobierno gestiona mejor la economía. El último revés judicial a la política económica de los Ejecutivos del Partido Popular (PP), que presidió Mariano Rajoy durante la crisis financiera, agrava el agujero millonario en las arcas públicas. El Tribunal Constitucional decidió tumbar una de las medidas que tomó Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda en 2016 para cumplir con el déficit: limitar las deducciones de las grandes empresas. Este nuevo roto en las cuentas públicas podría alcanzar hasta los 7.000 millones, dependiendo de cuántas empresas hayan reclamado ante los tribunales. Otra de las grandes medidas de Montoro y el ejecutivo de Rajoy que tumbó el Constitucional fue la amnistía fiscal de 2012, Además, habría que añadir 50.000 millones por el rescate a la banca de 2012, que no iba a costar ni un duro público, según Luis de Guindos, hoy vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), o los 35.000 millones que engordaron la deuda pública de nuestro país por el fiasco de la Sareb, el conocido como “banco malo”, según exigió Eurostat (la institución de estadística de la UE). Pero es que hay muchas más pifias del Gobierno de la derecha que nos están costando un dineral a todos. Aquí tienes un reportaje de Daniel Yebra y Antonio M. Vélez sobre la ruina que dejó de herencia la política económica del Partido Popular.
En esta sección te presentamos una serie de artículos de otros medios que nos han parecido interesantes:
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