Nos impusieron la Ley del Silencio, hagamos un frente común

Nuestros sindicatos nos han traicionado. Impera la Ley del Silencio, como en aquel clásico del cine protagonizado por Marlon Brando. Los dirigentes políticos ya se han posicionado y el Colectivo de Docentes Interinos de Canarias solicita a los diputados del Congreso que introduzcan mejoras a través de la presentación de enmiendas al Real Decreto - Ley 14/2021, ahora llamado “Proyecto de Ley de aprobación urgente”, en consonancia con lo dictado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE 1999/70).

Hace décadas ya que el gobierno español está incurriendo en un fraude de ley por realizar contratos temporales de forma reiterada aún a sabiendas de que incumple la Normativa del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE-1999/70). Esto supone un abuso contra los/las trabajadores/as de las distintas administraciones del Estado. Afecta a una amplia variedad de sectores, desde puestos temporales en los distintos ayuntamientos hasta cabildos y gobiernos autonómicos. Abarca desde profesionales de mantenimiento, la limpieza, las bibliotecas, o el servicio contra incendios, al personal de Justicia, Sanidad y Educación.

Ante la situación descrita anteriormente, los docentes interinos de Canarias hemos creado un colectivo (DICAN) para alzar nuestra voz y expresar de forma abierta nuestra opinión, ante esta situación de alerta extrema, tras la publicación oficial de las intenciones del Gobierno de sacar adelante un proyecto de ley (14/2021) con carácter de urgencia. Si esta ley fuese aprobada, el destino de miles de profesores y profesoras de la educación pública junto al del resto de personal temporal de las administraciones estaría sujeto a una arbitrariedad todavía mayor. Es decir, establece una forma de despido que permite echar a cualquiera a la calle después de tres años encadenando contratos en el sector público. En resumidas cuentas, favorece el despido improcedente con las consabidas irregularidades. Muy lejos está de aquella promesa electoral hecha de acabar con la normativa aprobada bajo el gobierno del Partido Popular en 2012 (RD-L 3/2012).

Los docentes reivindicamos nuestro derecho a la fijeza y a la justicia laboral para quienes hemos ocupado puestos estructurales sacados a concurso de modo insuficiente por conveniencia de las administraciones, ya que sale más barato no pagar vacaciones o someter continuamente al personal a un proceso de baja-alta en la contratación. A menudo se produce la baja el 31 de agosto para reincorporarnos a la Consejería unos pocos días después. A menos tiempo cotizado, más tarde te jubilarás. A menos ingresos, obtendrás una pensión inferior. Lo que a la empresa privada se le critica, el sector público lo hace con total impunidad, a pesar de haber leyes europeas al respecto, como ha sido explicado antes.

La Unión Europea jamás ha planteado la fijeza en términos de oposición. La ley es la ley. Se la saltan con un fin a todas luces perverso: el ahorro. La pregunta pertinente a continuación es si ahorrar en educación es ahorrar. Por eso muchos políticos hablan en términos de “gasto educativo” y no, como debiera ser: de inversión. Definitivamente, ahorrar en plantilla docente no es ahorrar. ¿A dónde van los fondos europeos que recibe España, en nuestro caso, los fondos destinados a Canarias, si ni siquiera son capaces de mantener un personal docente fijo?

Nos engañan, nos ocultan la verdad y nos hacen sentir que no valemos nada, pero nunca respondimos haciendo lo mismo que nos hicieron. Es más, en tiempos de crisis pandémica, ayudamos a quien lo necesitaba, dando todo lo humanamente posible en nuestro trabajo.

Reclamamos justicia laboral y fijeza ya. Sin excusas.