Primero en enero; luego, en mayo; ahora, en julio o septiembre

Ya tenemos nueva fecha para las prospecciones petrolíferas en las aguas cercanas a Canarias: entre julio y septiembre. Lo han anunciado casi al alimón ese dúo increíble que forman José Manuel Soria y su subsecretario de Estado Enrique Hernández Bento, para los que no parece correr el tiempo. En 2013, con una cara de orgullo y satisfacción que no les cabía en la foto, proclamaron al mundo que los trabajos de Repsol comenzarían en enero de 2014, lo que habría abortado prematuramente todos los intentos judiciales y políticos de las instituciones y colectivos canarios contrarios al asunto. Al ver que las cosas entraban en situación comprometida, los adivinos cambiaron las predicciones y las pasaron al mes de mayo, como si no hubiera pasado nada. Para entonces no se sabía que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA, y tiro porque me toca) había pedido a Repsol que subsanara unos agujeros negros enormes en los documentos que debía presentar para la tramitación del preceptivo informe de impacto ambiental. Tras ese contratiempo, nada baladí, el dúo ha vuelto a salir a la palestra a comunicar la buena nueva: será en julio o en septiembre, es decir, este verano, cuando llegue a Canarias el maná negro que nos trae el compadre Antonio Brufau. Una fantasmada más de estos dos canarios enredados en sus propios resabios que sólo parece tener la intención de presionar al ministerio de Cañete para que agilice los trámites y, a ser posible, se salte aquellos que pudieran o pudiesen poner el negocio en peligro.

Opacidad absoluta

Es imposible a estas alturas de la tramitación del Informe de Impacto Ambiental poder fijar fechas exactas, fantasmadas aparte. Lo que el MAGRAMA (y dos piedras) ha pedido a Repsol es un arcano para todo el mundo, excepto para el propio MAGRAMA (dale) y para el Ministerio de Industria, que tiene infiltrados en el ministerio de Cañete a dos comisarios políticos pendientes de cualquier papel que se mueva en relación con este expediente. No ha habido manera de que para este caso se aplique la tan cacareada Ley de Transparencia del Gobierno Rajoy porque ni el senador herreño Narvay Quintero, ni la diputada tinerfeña Ani Oramas, ni los representantes de los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura personados en la causa, ni mucho menos el Gobierno de Canarias, han tenido conocimiento de lo que se ha pedido a Repsol que subsane. Tiene que haber sido algo muy gordo porque para estampar en la carátula una póliza de cinco duros no se paraliza un expediente ni se incordia a tan poderosa multinacional. Y si es gorda la cosa, señoras y señores, es más que probable que se requiera la apertura de un periodo de información pública, lo que chafaría de nuevo las predicciones del dúo Prospector. Salvo, claro está, que Cañete –presumible candidato a las Europeas- se quiera majar los dedos ahora que quiere pasar por un tío muy europeísta. Y no está Europa para muchas zarandajas petroleras con lo que le está pasando a su expediente de Lugar de Interés Comunitario (LIC), paralizado en el mismo ministerio del presunto candidato por motivos que hasta el Tribunal Supremo quiere conocer para mejor proveer. Porque sí, la opacidad con la que se está moviendo este asunto ha encendido también las alarmas de la justicia, sabedora de que es la única tramitación LIC de las diez en remojo que ha sufrido este incomprensible retraso. El Supremo ya sabe –porque así consta en los recursos que tiene en su poder procedentes de Canarias- que el LIC está paralizado y que su catálogo proteccionista coincide hilo por pabilo con las alegaciones que las instituciones canarias presentaron al estudio de impacto ambiental.

Ofensiva parlamentaria

Resulta llamativo que los dos únicos parlamentarios nacionales canarios que están planteando una batalla seria contra las prospecciones sean naturales y vecinos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, lo que los convierte en excepción a la regla de que cuanto más se alejan los actores de las islas más orientales, menos se aprecia el rechazo al petróleo. El que se lleva la palma del combate es el senador herreño por Coalición Canaria, rama AHI, Narvay Quintero, que, además de haber participado en reuniones ministeriales con escaso éxito dada la cerrazón ya comentada, es el autor de una iniciativa que puede comprometer de manera inédita la unanimidad del Grupo Parlamentario Popular en el Senado. Quintero está a la espera de que se lleve a pleno una votación en la que planteará la oposición al petróleo en Canarias y Baleares, lo que obligará a sus otras señorías isleñas a mojarse de lo lindo. Las primeras informaciones aseguran que los senadores baleares votarán en contra de las prospecciones, aún a riesgo de que les caiga la correspondiente multa gubernativa. En sus feudos electorales la unanimidad en contra de los primeros sondeos es absoluta, y no podrían regresar a casa votando a su favor sin riesgo a que les digan de todo menos bonitos. En el Congreso de los Diputados, Ani Oramas prepara una interpelación al Gobierno, con la consecuente moción, que también obligará a manifestarse a los diputados del PP por Baleares.

Si autorizan pedirán cautelares

Es conveniente recordar que en estos momentos las Islas Baleares se oponen a la fase uno de las prospecciones, esto es, a los sondeos sísmicos, anteriores a los pinchazos que en Canarias se encuentran ahora en trance de autorización. Allí no quieren oír hablar de la más preliminar de las acciones, las que se llevaron a cabo en Canarias hace doce años, cuando las exigencias ambientales no eran las que rigen ahora. Todo hace pensar que el MAGRAMA (ole) hará una declaración negativa de impacto ambiental para la tierra de Jaume Matas (con perdón), y si las presiones de Soria prosperan, la de Canarias tenga sentido positivo. Será un escándalo con el que ya cuentan en el Gobierno regional y en los cabildos recurrentes: acudirán al Supremo reclamando medidas cautelares en lo que se pronuncia el alto tribunal en base a los avisos lanzados por la Unión Europea y las evidentes sospechas de todos conocidas. Y una movilización callejera que dejará en pañales las vistas hasta el momento. Mientras tanto, ¿alguien puede aclarar si ya llegaron al Puerto de La Luz los tubos de Repsol para las prospecciones o, como también ha dicho la petrolera, ya han dado media vuelta en dirección a Algeciras? Mucho fantasma es lo que hay.

Díez & Romeo, “insolvente”

Hacía tiempo que no nos ocupábamos de ese despacho de abogados de reconocido prestigio que saltó a la fama nacional (y particularmente canaria) al convertirse en protagonista del concurso de asignación de frecuencias de radio, el que tiene a mal traer a una parte destacada del espectro mediático insular. Les hablamos de Díez & Romeo, que representó en esa histórica licitación pública a un gran número de concursantes que en gran parte se quedaron compuestos y sin oferta al presentar la documentación fuera de plazo. La fama se realzó todavía más al ser imputados penalmente sus dos cabezas de serie, Jaime Díez y Paula Romeo, por haber falsificado un sello de Correos para tratar de colar las ofertas como presentadas en tiempo y forma en la estafeta de Arucas. Su ímpetu a la hora de defenderse llevó a estos ilustres letrados a diversos órdagos que solo les condujeron a un final de instrucción con acusación y juicio pendiente de celebrar. Y su ímpetu a la hora de defender a sus representados, a recurrir el concurso por tierra, mar y aire sin que conozcamos de momento el resultado de tantos esfuerzos. Hay noticias de Díez & Romeo, y nos tememos que nada halagüeñas para los muchos clientes que dejó tirados con la promesa de anular el concurso: ese despacho, y su socio Jaime Rodríguez Díez han sido declarados insolventes por el juzgado de lo Social número 1 de Móstoles (Madrid) en un pleito por reclamación de uno de sus trabajadores, despedido al igual que el resto de la plantilla, al estallar el escándalo de la falsificación en Canarias.

Le embargaron un BMW

La declaración de insolvencia de Díez & Romeo y de uno de sus dos socios proviene de la reclamación de un trabajador al que debían unos 15.000 euros que no fueron satisfechos por el conducto reglamentario. El afectado pidió el embargo de los bienes, y como toda garantía sólo se tropezó con un BMW de alta gama que, dada su avanzada edad, no se valoró en más de 5.000 euros. Para dar con el paradero del coche, eso sí, fue necesario que la Guardia Civil se constituyera ante el acreedor para que confesara dónde lo tenía escondido. Así que la causa ha seguido su curso hasta desembocar en esta declaración de insolvencia previa a que sea el Fondo de Garantía Salarial el que se haga cargo del pufo resultante de lo recaudado en subasta pública del vehículo. Resulta altamente llamativo que el despacho que debía responder ante tantos pequeños empresarios canarios que depositaron en él su confianza y altas sumas de dinero para concursar por las frecuencias de radio, conozcan ahora que les representan unos insolventes. Salvo que todos sus expedientes hayan sido traspasados a la nueva empresa que han creado los señores Díez & Romeo probablemente con el muy socorrido fin de escurrir responsabilidades y empezar de cero. Como los kilómetros del nuevo auto que debe andar conduciendo el abogado de reconocido prestigio declarado judicialmente insolvente. Seguimos pendiente del juicio por falsificación pendiente de celebrarse en los juzgados de Las Palmas de Gran Canaria y de cómo marcha la causa penal abierta en Valencia por haber falsificado las firmas de ingenieros que nada tenían que ver con ellos. El culebrón continuará, no tengan duda.