Expedientados dos de los guardias civiles que intervinieron en la fiesta de un juez de Lanzarote en pleno estado de alarma

El magistrado Ricardo Fiestras, titular del Juzgado de Instrucción 4 de Arrecife

En febrero de este año, cuando Lanzarote estaba en nivel 4 de alerta sanitaria, el Grupo de Intervención Rápida (GIR) de la Guardia Civil disolvió una fiesta ilegal en una casa del municipio de Yaiza. Un evento en el que no se cumplía ninguna de las medidas establecidas para frenar el avance de los contagios y en el que se encontraba el juez Ricardo Fiestras, su pareja y un grupo de amigos. La noticia pronto se convirtió en polémica gracias, en gran medida, a la filtración de un vídeo donde se aprecia la magnitud del evento. Este miércoles, Canarias7 ha dado a conocer que la Guardia Civil ha notificado la apertura de un expediente disciplinario por la presunta comisión de una falta grave al cabo y a un agente que intervinieron en la fiesta ilegal.

Desalojada una fiesta en Lanzarote con un juez dentro vulnerando las restricciones anti-COVID

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Según este periódico, el instructor concluye que los dos expedientados pudieron cometer una infracción grave que podría suponerles desde cuatro días de sanción a la pérdida del destino. Asimismo, "el instructor de la información reservada llevada a cabo con carácter previo a este expediente, propuso desmantelar todo el Grupo de Intervención Rápida (GIR) que actuó en la supuesta fiesta ilegal el pasado 18 de febrero del presente año".

El expediente disciplinario surge a raíz de una queja presentada el 9 de marzo por el juez Fiestras, su pareja, el empresario Fernando Becerra y una persona más, en la que denunciaban el trato "no correcto en tanto al tono empleado, así como la realización de grabaciones sin mediar autorización y sin comunicarlo a los presentes para luego publicarlas en los medios". Los denunciantes vieron vulnerada la Ley de Protección de Datos "siendo publicados a posteriori vídeos y audios de la intervención, sin estar editados, a nivel local, provincial y nacional", revela Canarias7.

El instructor del caso apunta que la actuación no fue "profesional ni leal al mando", también señaló que no se ha podido localizar a la persona que filtró el vídeo de la actuación policial, pero sí al agente que lo grabó y al cabo 1º, responsable del operativo, los dos expedientados en este caso. Asimismo, enfatizó que no se escuchan palabras vejatorias o malsonantes, como denuncia el juez Fiestras.

Tras estas diligencias, informa el diario regional, el general jefe de la zona de Canarias de la Guardia Civil ha ordenado la incoación de sendos expedientes a los dos agentes.

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