Asesoras incompatibles del Diputado del Común: una concejala del PP y una candidata del PSOE

Marlene Figueroa, candidata del PSOE al Cabildo de Fuerteventura y Regina García, concejala del PP en la oposición del Ayuntamiento de La Frontera (El Hierro).

Iván Alejandro Hernández

Las Palmas de Gran Canaria —

En el equipo de once asesores del Diputado del Común hay al menos dos colaboradoras que mantienen su actividad en la institución al mismo tiempo que desempeñan otra diferente relacionada con un partido político, incurriendo en casos de incompatibilidad. Se trata de la concejala del Partido Popular en la oposición del Ayuntamiento de La Frontera (El Hierro), Regina García, y de Marlene Figueroa, candidata del PSOE al Cabildo de Fuerteventura.

Estos puestos, que llevan consigo funciones técnicas tales como atender las quejas de los ciudadanos, consultar la normativa o elaborar todos los informes, son de carácter eventual y están regulados por la Ley del Diputado del Común, que establece que “tendrán los mismos derechos, deberes e incompatibilidades del personal del Parlamento de Canarias”.

De esta manera, las incompatibilidades de los asesores del Diputado del Común son las mismas que tienen los funcionarios del Parlamento de Canarias, ya sean interinos, laborales o eventuales. Y en la Ley de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas y la Ley de la Función Pública Canaria, a las que remite las Normas de Gobierno Interior de la Cámara regional, se recoge que los asesores no podrán desempeñar al mismo tiempo ningún cargo, profesión o actividad, ya sea pública o privada, que impida el cumplimiento de su función con “imparcialidad” o “independencia”.

Así, una concejala de un partido político, aunque no cobre más retribución que las dietas por asistencia al pleno -como es el caso de Regina García, que fue nombrada por Yanes- o una candidata a una institución pública por una formación -Marlene Figueroa, que ya estuvo en el puesto con el anterior Diputado del Común- pueden enfrentarse a, cuanto menos, ciertas dificultades para ejercer como asesoras con imparcialidad e independencia, según el artículo primero, apartado tres de la Ley 53/1984.

De hecho, Cristina Duque ha renunciado este mes a su puesto. Se presenta en la lista del PSOE al Ayuntamiento de Arrecife. Duque fue una de las cinco nuevas asesoras nombradas por Rafael Yanes, Diputado del Común desde junio de 2018, quien tuvo que desmantelar gran parte del equipo de juristas de la institución para hacer hueco a la demanda de compromisos del Partido Popular y del Partido Socialista.

Además, en el ámbito estatal, el reglamento que rige la organización y el funcionamiento de la figura del Defensor del Pueblo especifica que “la condición de asesor será incompatible con todo cargo político o el ejercicio de funciones directivas en un partido político, sindicato, asociación o fundación y con el empleo al servicio de los mismos”. Y solamente establece una excepción: “Podrán ser contratados para desarrollar funciones docentes o de investigación en Universidades”, o entes análogos.

El salario de un asesor del Diputado del Común es de 50.000 euros brutos al año, además de las cuatro pagas extras que no tienen los altos cargos, dos extras que rondan los 3.000 euros brutos y dos concertadas que superan los 3.500 euros brutos.

En declaraciones a este periódico, Rafael Yanes ha defendido que “la incompatibilidad la tiene el Diputado del Común y los adjuntos (Beatriz Barrera y Felipe Afonso El Jaber, del PP, y Milagros Fuentes, del PSOE). Estas cuatro personas, por ley, ni pueden estar afiliadas a ningún partido, ni tener actividad partidaria de ningún tipo”. Pero “el resto de los trabajadores son como los funcionarios del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, por ejemplo. No tienen ninguna incompatibilidad”. “

Excepto los jueces, militares, fiscales, o los defensores del pueblo, los funcionarios pueden ser candidatos, excepto en la administración en la que desempeña su trabajo“, sostiene Yanes.

“Ahora bien, para preservar la independencia” de la institución, Yanes aclara que prefiere “que esas personas que legalmente pueden ser candidatos, no lo sean”. Y añade que la única asesora que le ha comunicado su intención de presentarse como candidata es Cristina Duque, “y ha dimitido”. Hasta la fecha asegura que no tiene “información de que ninguna otra persona del Diputado del Común quiera ser candidato y candidata”.

En estos momentos asegura que están buscando una persona que ocupe la vacante de Duque, que cuente con experiencia en “asuntos administrativos”, algo que “no es fácil”, porque los asesores del Diputado del Común deben tener “una probada experiencia”.

Por otro lado, sobre Regina García, el Diputado del Común relata que la concejala del Ayuntamiento de La Frontera, “en el momento en el que entró” como asesora en la institución, se comprometió a dejar su cargo en el Consistorio de El Hierro “en mayo” de 2019.

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