La Renta de Ciudadanía o la Ley de Cambio Climático: las asignaturas pendientes para septiembre del Parlamento

Pleno del Parlamento de Canarias. (Flickr Parlamento)

Los diputados y diputadas del Parlamento de Canarias terminan el curso con importantes retos para la vuelta de las vacaciones de verano. Un año de legislatura por delante en el que los proyectos, iniciativas y plenos tendrán que lidiar con la próxima campaña electoral y con debates cada vez más encendidos. Una cámara regional que hasta ahora es líder nacional en consenso, solo superada por Catalunya en lo que respecta a la proporción de votos afirmativos y abstenciones sobre el total de votos emitidos en cada ley aprobada en estos cuarenta años. El presidente del Parlamento canario, Gustavo Matos, valoró ante ese dato la capacidad de acuerdo de los grupos representados y el clima de no crispación con que se debate. Ejemplo de consenso durante este año ha sido por ejemplo la ley trans de Canarias, un tema que ha generado fricciones en otros puntos del país y que en esta comunidad (donde no hay representación de la extrema derecha) salió adelante por unanimidad. 

De cara al último año de legislatura hay retos decisivos como la Renta Canaria de Ciudadanía, un compromiso desde el inicio del Gobierno de Canarias y cuyo debate parlamentario se ha avanzado. El anteproyecto fue presentado en 2020, después de ser aprobado por el Ejecutivo regional y ahora puede ser modificado en este trámite parlamentario. Pretende llegar a unas 40.000 personas. Contempla tres modalidades de ayudas: renta de ciudadanía de inclusión social, renta de ciudadanía para la inclusión social de jóvenes y complementaria a los ingresos de trabajo. Así mismo, prevé tres complementos: a la vivienda, a educación (por ejemplo, ayudas a la escolarización de cero a tres años) y a las pensiones no contributivas. 

Se trata de una prestación que convivirá con el Ingreso Mínimo Vital y sustituirá a la Prestación Canaria de Inserción y que se hace necesaria en una comunidad con una tasa de población en riesgo de pobreza y exclusión social del 36%, 10 puntos por encima de la media nacional, que es del 26%. Una situación agravada tras la pandemia y por la crisis de vivienda. La oposición se ha mostrado partidaria de desarrollar dicha ley, aunque presenten enmiendas. El diputado del PP, Poli Suárez destacó que se haya tardado tres años en llevar al Parlamento, pero insistió en que “es una ayuda real a las necesidades de las familias que peor lo están pasando en Canarias”. En ese pleno de abril, la diputada nacionalista Cristina Valido también resaltó que “hay muchas cosas que mejorar, y estamos dispuestos a trabajar para que esto salga adelante, sabemos que es necesario, que es urgente, que es un compromiso de todos y que las familias los necesitan”. El pasado 12 de julio, la Mesa del Parlamento acordó prorrogar el plazo de enmiendas. 

La esperada Ley de Cambio Climático

El proyecto de ley canaria de cambio climático fue registrado en el Parlamento en noviembre del pasado año, aunque también se lleva trabajando en ella desde el inicio de legislatura. En su texto inicial reflejaba que su objetivo es regular las medidas encaminadas “a la mitigación y adaptación al cambio climático, así como garantizar la transición energética y la acción por el clima, alcanzando la neutralidad en carbono y la reducción de gases de efecto invernadero, mediante el esfuerzo colectivo y la aplicación de medidas coordinadas y eficaces desde todos los sectores públicos y privados, orientados hacia la sostenibilidad”. La Mesa de la Cámara ya ha propuesto algunas enmiendas al texto, que prosigue su tramitación. 

Los resultados del proyecto PIMA Adapta Costas, presentados por el consejero de Transición Ecológica, José Antonio Valbuena en mayo de este año reflejaron que las pérdidas económicas directas asociadas a los procesos erosivos y de inundación por el cambio climático en el Archipiélago pueden llegar en 2050 al 11% del Producto Interior Bruto (PIB), es decir,  entre 4.000 y 4.500 millones de euros. Además, ese informe detectó un total de 47 “puntos calientes” o tramos de costa de alto riesgo acumulado, que deberán ser objeto prioritario de estudios de detalle. Uno se localiza en La Graciosa, nueve en Lanzarote, 12 en Fuerteventura, siete en Gran Canaria, diez en Tenerife, cinco en La Palma, dos en La Gomera y uno en El Hierro.

Durante la presentación de ese estudio, el consejero instó al Parlamento de Canarias a que “acelere” los plazos para aprobar esta Ley canaria del cambio climático. En esas declaraciones recogidas por la agencia Efe, informó de que el Gobierno ya tiene redactados los instrumentos para su desarrollo, es decir,  la estrategia y el plan. Por ello, sostuvo que en cuanto se apruebe la ley “no habrá excusa” para que nadie haga lo que tenga que hacer.

Iniciativas populares en trámite

No son las únicas. En total son siete proyectos de ley, cinco proposiciones de ley, una que se promoverá ante las Cortes generales y otras dos de iniciativa popular las que quedan pendientes del Parlamento. Son algunas de las tareas a resolver por los representantes de la Cámara en el último año de legislatura. Entre ellas, también la ley de presupuestos de Canarias para 2022, marcados por la incertidumbre de una recesión en Europa o el incremento de precios. 

Entre las tareas pendientes destacan el proyecto de ley de Sociedades Cooperativas de Canarias, la modificación de la Ley del Suelo, la ley de Políticas de Juventud de Canarias o la de Presidencia del Gobierno. Pero también, la  proposición de ley de Bienestar y Protección Animal, la de accesibilidad universal de Canarias, de Sistema Público de Cultura de Canarias, Universidades Populares de Canarias o la modificación del Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre combustibles derivados del petróleo.

Dos proposiciones de ley de iniciativa popular también serán trabajadas este último año en el Parlamento; la del Turismo de Canarias y la de protección del arbolado urbano. Esta última iniciativa respaldada por todos los grupos en el mes de julio, ahora será modificada por los diferentes grupos, pero pretende que prohíba la tala y poda drástica de árboles en las ciudades. La iniciativa legislativa popular (ILP) logró más de 18.000 firmas, frente a las 15.000 que se requerían para tener en cuenta esta propuesta en la Cámara regional. Domingo Afonso (portavoz de la promotora que impulsa esta ley) defendió  el proyecto en el Parlamento. 

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